Propuestas basadas en evidencia: ¿funciona lo que proponen los candidatos?

¿Que opinaríamos si un médico decidiera aplicar una droga a un paciente cuyos efectos no han sido evaluados previamente? Posiblemente lo consideraríamos inaceptable. Sin embargo, no solemos aplicar la misma lógica cuando en vez de drogas se trata de políticas públicas y en vez de pacientes se trata de la población. El ejemplo es un poco extremo pero la esencia es la misma: los gobiernos implementan políticas que en muchos casos no saben si funcionan, si tienen o no efectos colaterales e incluso si su efecto es lo suficientemente positivo como para justificar su costo (o, en todo caso, considerar otro programa alternativo).

Un problema adicional de las políticas públicas es que lo que muchas veces parece obvio no lo es. A modo de ejemplo, si los políticos hicieran caso a las voces que recurrentemente piden reinstaurar el servicio militar obligatorio como medida aparentemente obvia para paliar el crimen, le estarían haciendo un daño a la sociedad. La evidencia ya se encargó de cuantificar rigurosamente: Sebastian Galiani, Martín Rossi y Ernesto Schargrodsky (2011) mostraron que en realidad la probabilidad de cometer un crimen aumenta para aquellos que hicieron el servicio militar (ver este chequeo relacionado).

Otras veces, medidas que parecerían ser buenas resulta algo decepcionantes a la luz de la evidencia. Tal es el caso de los programas del tipo “una notebook por chico” cuyos efectos sobre motivación, hábitos de lectura, calidad de instrucción en clase e incluso en resultados de pruebas de matemática y lengua parecen haber sido prácticamente nulos según la evidencia propuesta por Julián Cristia y co-autores (2012) para el caso de Perú.

En otros casos, políticas públicas cuyos efectos positivos son casi indiscutibles pueden tener efectos colaterales que pueden ser corregidos si es que primero son detectados. La Asignación Universal por Hijo (AUH), por ejemplo, es una política ampliamente consensuada y con evidentes efectos positivos en términos de reducción de pobreza. Recientemente Leonardo Gasparini y Santiago Garganta (2012) mostraron un efecto colateral importante: incentiva la informalidad. Tener una evaluación rigurosa de costos y beneficios permite ajustar los programas en consecuencia, para reducir lo malo e incentivar lo bueno.

¿Qué podemos hacer entonces para implementar políticas públicas de manera más eficiente? (i) Basarlas en lo que la evidencia dice que funciona y (ii) generar instituciones que -en los casos en los que sea posible- evalúen el impacto de las medidas, generen las condiciones y los datos necesarios y luego ajusten la implementación en función de los resultados.

Esta lógica de basar las políticas públicas en evidencia puede extenderse un poco más. Un primer paso podría ser, por ejemplo, estudiar las propuestas de los candidatos y preguntarnos cuáles de ellas tienen sustento empírico a favor, en contra o directamente no lo tienen. La tarea es difícil porque típicamente las propuestas son algo vagas (¿cómo evaluar “lograr una mayor calidad educativa a través de la jerarquización de la carrera docente”?). No obstante, en algunos casos la propuesta es concreta y la evidencia, abundante. Un buen ejercicio es analizarlas una por una y buscar qué dice la literatura sobre el tema.

Daniel Scioli, candidato presidencial del Frente para la Victoria (FpV), por ejemplo, propone universalizar el jardín de infantes desde los tres años (para ser justos, vale mencionar que el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, implementó una política similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). ¿Qué efecto tendría esta medida? Samuel Berliski y coautores (2009) mostraron -basados en el gran crecimiento en la cantidad de asistentes a jardines de infantes públicos que se dio a partir de 1993 en la Argentina- que mayor escolaridad pre-primaria se tradujo en un incremento significativo del rendimiento escolar posterior y una mejora en su comportamiento (atención, esfuerzo, participaciónen clase, etc). Samuel Berliski y coautores (2009) encontraron también que asistir a pre-primaria aumenta las probabilidades de los niños de asistir a la escuela en la adolescencia. Mejor aún: sus madres tienen mayor probabilidad de participar en el mercado laboral.

Macri, por su parte, propone por ejemplo otorgar 750 mil escrituras para quienes tienen casa pero no tienen título de propiedad. ¿Qué efecto produciría? Sebastian Galiani y Ernesto Schargrodsky (2010) mostraron que, luego de otorgarles títulos a ocupantes de terrenos en San Francisco Solano en 1984, los nuevos propietarios invirtieron en sus terrenos y aumentaron la inversión en educación de sus hijos. Erica Field (2007) también demuestra los efectos positivos de una política semejante para el caso de Perú: la cantidad de horas trabajadas por los beneficiarios aumentó, se redujo el trabajo “en casa” (típicamente no remunerado) y se redujo el trabajo infantil. En otras palabras: se redujo la pobreza.

Las dos propuestas mencionadas tienen abundante evidencia a favor. Para otras de las enumeradas a lo largo de la campaña, la evidencia no es tan positiva (tal sería el caso mencionado de “una computadora por chico”, presente en las plataformas de ambos candidatos) y en otros casos directamente no hay evidencia disponible. Lo importante, más allá de los casos concretos presentados en esta nota, es destacar la importancia de la evidencia y de la cultura de la evaluación de políticas públicas como herramientas fundamentales para hacer política y para juzgar propuestas. Una buena práctica de gobierno es que, si hay evidencia, se use para guiar el diseño de la política y si no la hay se incluya, en la medida de lo posible, una evaluación que cuantifique rigurosamente los resultados. Una buena práctica para los ciudadanos es que juzguemos políticas y propuestas en función de evaluaciones de impacto y no de percepciones. Entonces, ¡a revisar propuestas y buscar evidencia!