Emergencia en discapacidad: claves para entender el conflicto por las prestaciones y las pensiones por invalidez laboral

En las últimas semanas, el Gobierno nacional enfrentó diversos cuestionamientos a la política que lleva a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo. Por un lado, los prestadores de servicios para el sector denuncian una falta de actualización del nomenclador que determina el valor de las prestaciones. 

Por el otro, en los últimos meses el organismo dispuso modificaciones en los requisitos para el otorgamiento de pensiones por invalidez en paralelo a la realización de auditorías sobre los beneficios vigentes. Además,la oposición impulsa en el Congreso un proyecto de ley de emergencia en discapacidad que propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios y reformar el sistema de pensiones.

Cómo se conforma el sistema de prestadores de servicios para el sector de discapacidad

El Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo garantizar una cobertura integral de prevención, asistencia, promoción y protección para las personas de este sector. Incluye prestaciones preventivas y asistenciales, rehabilitación, educación y formación laboral, prestaciones complementarias y servicios específicos.

Todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a acceder a estas prestaciones. Las obras sociales están obligadas a cubrir estas prestaciones para sus afiliados. En el caso de las personas con discapacidad que no cuenten con obra social o prepaga, el Estado debe garantizar el acceso a las prestaciones.

Estas prestaciones se financian a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que depende de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y ayuda a las obras sociales a afrontar el costo de los servicios, y fondos del Tesoro nacional, para cubrir las prestaciones de quienes no tienen cobertura.

Cuál es el conflicto actual entre el Gobierno y los prestadores de servicios

Existe un Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cuyos aranceles se actualizan periódicamente a través de resoluciones conjuntas del Ministerio de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Esas resoluciones determinan el aumento en el valor de los servicios que brindan los distintos prestadores del sistema de discapacidad: hogares, escuelas, centros de día, rehabilitación, transportistas, terapeutas, centros de formación laboral, entre otros.

Los prestadores denuncian que estos valores venían atrasados desde el gobierno del Frente de Todos y este problema se profundizó en la gestión de Javier Milei. 

“Es inviable sostener los servicios destinados a las personas con discapacidad con un desfasaje superior al 70% en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas. Es responsabilidad indelegable del Estado nacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida”, señaló en un comunicado el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Pablo Molero, coordinador del Foro, señaló que “la diferencia entre los costos y lo que se paga es de casi el 70%”, y agregó que “esto está llevando al sector a una gran dificultad de funcionamiento. No hay aumentos desde diciembre”.

Pensiones por invalidez: cómo varió el monto y la cantidad de beneficiarios

En el último informe de Jefatura de Gabinete al Congreso, el Gobierno consignó que “en diciembre de 2023 se abonaron 1.222.554 Pensiones No Contributivas por Invalidez, mientras que en marzo de 2025 (última información disponible) dicho guarismo fue de 1.187.136”. Esto implica que desde el inicio de la gestión de Javier Milei el número total de pensiones por invalidez disminuyó un 2,8%.

Por otra parte, el monto de la pensión por invalidez laboral equivale al 70% de una jubilación mínima. Con datos actualizados a junio, son $ 213 mil, a los que se le debe sumar el bono de $ 70 mil que también perciben los jubilados que cobran la mínima. En definitiva, la cifra total es de $ 283 mil.

Estas pensiones se actualizan con la misma fórmula que las jubilaciones. El Gobierno de Javier Milei dispuso, a partir de abril de 2024, que los haberes se ajusten por inflación. Según los datos oficiales, desde diciembre de 2023 las pensiones (con bono incluido) cayeron un 12,9% en términos reales. Por otra parte, la caída interanual (contra junio de 2024) fue del 6%.

Los datos de la auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral

La ANDIS inició en agosto de 2024 un proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral con el objetivo de corroborar si los beneficiarios cumplían con los requisitos para acceder a la prestación. El control se inició en la Ciudad de Buenos Aires y a partir de 2025 se extendió al resto de las provincias.

Para esto, la ANDIS firmó un convenio con el PAMI y la auditoría alcanza a un total de 1.017.219 beneficiarios, el 85% del total de pensiones. En mayo el organismo informó que no se estableció un plazo para la publicación de los resultados pero el convenio con PAMI es por 24 meses.

“En total, se han citado 22.339 pensionados, asistieron 8.150, de cuales 3.489 tienen evaluación desfavorable. A su vez 14.189 no asistieron y vuelven a ser citadas para las auditorías del año 2025”, informó la ANDIS en el informe de Francos ante el Congreso, respecto a los resultados provisorios de la auditoría. Agregó que “al mes de abril se suspendieron efectivamente 2.004 pensiones”, mientras que “un total de 239 pensionados renunciaron y se detectó que 146 estaban fallecidos”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil realizó una presentación ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar “retrocesos en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas” y “falencias en los procesos de auditoría impulsados por el Estado nacional”.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que firmó la presentación, señaló: “Las evaluaciones no solo se están desarrollando en base a una norma inconstitucional, sino que las condiciones en las que se realizan obstaculizan el cumplimiento de las citaciones, la comprensión del proceso, la presentación de la documentación requerida y la posibilidad de efectuar descargos”.