Javier Milei en La Rural, sobre las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria y discapacidad: “Financiar este atropello implicaría un aumento de presión fiscal entre 2 y 3 puntos del PBI”

Durante la inauguración de la 137º Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei se refirió al paquete de leyes aprobado por el Congreso sobre aumentos en jubilaciones y fondos para discapacidad, y aseguró: “Financiar este atropello vía impuestos implicaría un aumento de presión fiscal entre 2 y 3 puntos del PBI”.

La declaración es exagerada. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y consultoras privadas, el costo fiscal de las medidas aprobadas por el Congreso oscila entre el 1,4% y el 1,7% del PBI.

El impacto fiscal de las leyes aprobadas por el Congreso

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo del paquete fiscal aprobado por el Congreso equivale al 1,4% del PBI proyectado para 2025. 

Según el organismo, la extensión de la moratoria significaría un costo fiscal de 0,084% del Producto Interno Bruto (PBI) para el primer año y de 0,081% para el segundo. En total, la medida implicaría un 0,165% del PBI.

Por otro lado, la OPC calculó que el aumento del 7,2% en las jubilaciones tendría un costo fiscal anualizado del 0,41% del PBI y el incremento del bono para los haberes mínimos implicaría un esfuerzo fiscal anualizado del 0,38%. 

En tanto, OPC calculó que por la emergencia en discapacidad el Estado afrontaría un costo extra equivalente a entre el 0,22% y el 0,42% del PBI (dependiendo la cantidad de beneficiarios). 

Por su parte, la consultora PxQ (que dirige Emanuel Álvarez Agís -ex viceministro de Economía durante el kirchnerismo-), estimó que el costo fiscal de las medidas aprobadas por el Congreso (a las que sumó la coparticipación del impuesto a los combustibles y la redistribución de los ATN) alcanzaría 0,8% del PBI en 2025 y 1,6% en 2026”. 

En detalle, PxQ estimó que el impacto fiscal en el PBI del aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 será de 0,4% en 2025 y de 0,8% en 2026; la Ley de Emergencia en Discapacidad representará 0,11% / 0,21% en 2025 y 0,22% / 0,42% en 2026; y la moratoria será de 0,04% en 2025 y de 0,09% en 2026. 

Además, la consultora incluyó los proyectos para redistribuir los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y de los Aportes del Tesoro Nacional, que obtuvieron media sanción en el Senado. En el primer caso, el impacto en el PBI en 2025 sería de 0,2% y en 2026 de 0,4%; y, en el segundo, se estimó en 0,05% para 2025 y en 0,10% para 2026. 

En la misma línea, la consultora Invecq (dirigida por el economista Esteba Domecq) prevé un costo anualizado del paquete de leyes del 1,7% del PBI. 

Por todo esto, la frase de Milei (“financiar este atropello vía impuestos implicaría un aumento de presión fiscal entre 2 y 3 puntos del PBI”) es exagerada. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y consultoras privadas, el costo fiscal de las medidas aprobadas por el Congreso oscila entre el 1,4% y el 1,7% del PBI.

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