A partir de una investigación de Chequeado, la Justicia encontró dióxido de cloro en 13 allanamientos

En una sucesión de allanamientos realizados este jueves 2 de septiembre, la Policía Federal encontró dióxido de cloro (CDS) en 13 domicilios. Los operativos, que son parte de una investigación penal ya existente que apunta contra Andreas Ludwig Kalcker (un pseudocientífico alemán que se autodefine como creador del CDS), surgieron a partir de una investigación de Chequeado de la serie “Los desinformantes”, en donde se identificaron decenas de publicaciones que decían vender dióxido de cloro por WhatsApp y redes sociales.

Esta investigación fue publicada el 26 de abril último. Luego de ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del juez federal Ariel Lijo, citó a declarar a la directora de Chequeado, Laura Zommer, que ratificó el contenido publicado.

El dióxido de cloro es una sustancia que no está autorizada como medicamento en la Argentina ni por ninguna agencia reguladora de medicamentos en el mundo y, sin embargo, es promovida como “solución milagrosa” por diversos actores para tratar distintas enfermedades, entre ellas, el coronavirus.

Desde el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez federal Ariel Lijo, informaron a este medio que se allanaron domicilios en Martínez, San Fernando, Boulogne y Mar del Plata, en la Provincia de Buenos Aires; y en otras 7 provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Jujuy, Córdoba y San Luis.

La investigación apunta contra 19 imputados, entre los que se encuentran Kalcker y Luis Enrique García, un “obispo” que promocionaba dióxido de cloro en nombre de la “Iglesia Génesis II de la Salud y la Sanación”, una iglesia que tiene representación en otros países de América Latina y que fue fundada por Jim Humble junto a Mark Grenon, actual líder imputado por la Justicia estadounidense, acusado de fabricar y vender decenas de miles de botellas de la llamada “Solución Mineral Milagrosa” o MMS.

En el allanamiento a García se secuestró dióxido de cloro con fines de comercialización y una colección completa de simbología nazi, informaron desde el tribunal. En la investigación periodística que realizó Chequeado, el “obispo” ofreció su “sacramento” por mail.

Además, en la causa se encuentran imputadas 17 personas más: Daniel Leonardo Binello, Daniel Bagala, Xilomara Solnik, Aurelia Manuela Duarte, Cristian Braian Herrera, Gustavo López Goyeneche, Gabriel Abel, Vanesa Cinthia Carles, Analía Mariel Lemme, Luciana Vázquez, Stella Maris Vallejos, María del Valle Constantini, Gonzalo Adrián Flores, Julia Liliana Flores, María Imelda Oliva, Gabriel Esteban Escalada y Olga Esperanza Lamoratta.

No existe un perfil homogéneo de los proveedores de dióxido de cloro y, al no estar avalado ni regulado por autoridades sanitarias, tampoco hay una homogeneización en relación a cómo ni cuánto se toma. Uno de los allanamientos de la causa fue realizado en una dietética en el norte de la Provincia de Buenos Aires, y otro de los imputados trabaja en contacto con proveedores de Colombia, según pudo constatar Chequeado.

Los imputados están acusados de la “venta y/o distribución y almacenamiento, con fines de comercialización del compuesto denominado ‘clorito de sodio’, ‘CDS’, y/o ‘MMS’ o ‘suplemento mineral milagroso’, sustancias que según la Administración Nacional de Medicamento, Alimento y Tecnología (ANMAT) resultan prohibidas para la ingesta humana por resultar peligrosa para la salud”, según informaron desde el Juzgado.

En el resto de los allanamientos también se secuestró MMS, clorito de sodio, ácido cítrico, “DMSO” (dimetilsulfóxido), balanzas de precisión, planchuelas de etiquetas de los productos, monedas de oro y grandes sumas de dinero.

El dióxido de cloro es un derivado del clorito de sodio, una sustancia química que se utiliza como blanqueador en la industria papelera y textil, en la potabilización del agua y como desinfectante en superficies inertes. La sustancia se promociona desde hace años como una supuesta “cura” para diversas enfermedades, como el cáncer, la malaria y la Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA), entre otras. Con el auge de la COVID-19 y la incertidumbre de la pandemia, el dióxido de cloro se popularizó aún más como un tratamiento para la enfermedad.

El dióxido de cloro no está autorizado por la ANMAT ni por ninguna agencia reguladora de medicamentos en el mundo como un tratamiento médico porque no hay evidencia sobre su eficacia. Según enfatizan diversos entes regulatorios y organismos científicos, tanto a nivel nacional como internacional, su ingesta puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales, así como complicaciones respiratorias, como bronquitis crónica y erosiones dentales. En el país, al menos 3 personas murieron luego de ingerir dióxido de cloro.

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