Caso $LIBRA: las claves del fallo que sobreseyó a Javier Milei y qué preguntas quedaron sin respuesta
- El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente, Karina Milei y otros 9 investigados al considerar que los hechos denunciados en la causa no encuadran en una figura penal.
- El fallo sostuvo que la promoción de $LIBRA por parte de Milei pudo influir en la confianza de algunos compradores, pero que no se acreditó un engaño concreto, pagos indebidos a funcionarios ni tráfico de influencias.
- La investigación dejó varias incógnitas abiertas: no se conoció el contenido de algunas llamadas, no se completó toda la trazabilidad del dinero y no se conoció el destino de documentación hallada en el celular del lobbista Mauricio Novelli.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, y a su hermana, Karina Milei, en la causa $LIBRA, en la que se investiga el lanzamiento de una criptomoneda que fue promocionada por el primer mandatario en sus redes sociales y cuyo valor se desplomó tras un repunte inicial.
El magistrado consideró que los hechos investigados no encuadran en una figura penal y que la causa debe ser archivada. La resolución alcanza a otros 9 imputados, entre ellos, el lobbista Mauricio Novelli.
Las claves del fallo que sobreseyó a Javier Milei
El juez dispuso el sobreseimiento de Milei y su hermana, pese a que aún no habían sido indagados en la causa.
También tomó la misma decisión respecto de otros 9 investigados: el lobbista Novelli, de Tech Forum; su madre y su hermana, María Alicia Rafaele y María Pía Novelli; su socio, Manuel Terrones Godoy; el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales; Hayden Davis, creador de la criptomoneda; Julian Peh, CEO de Kip Protocol; y Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, presuntamente vinculados a una “cueva” financiera del mundo cripto.
El juez sostuvo que la publicación que Milei realizó en X promocionando $LIBRA “pudo conferir una repercusión y una visibilidad particulares y, eventualmente, incidir en la confianza que algunos adquirentes depositaron en él”, pero advirtió que “una cosa es reconocer esa posible influencia y otra, distinta, concluir que de ella se desprendió necesariamente una representación falsa de la realidad”.
Para que sea considerado un “ardid defraudatorio”, sostiene el fallo, “es necesario identificar qué aspecto del proyecto” se habría presentado “de manera engañosa”, o “qué información relevante se habría ocultado”. Y concluyó: “No resulta suficiente afirmar que la difusión generó expectativas favorables o alentó la compra”.
Para descartar la hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública, el fallo cita, entre otros argumentos, un dictamen de la Oficina Anticorrupción, un organismo que funciona bajo la órbita del Ejecutivo, que consideró que “para calificar una conducta como parte del accionar funcional de un agente público, debía mediar un acto administrativo formal, una expresión institucional o, al menos, una utilización de recursos públicos”, y que “la publicación investigada no había sido difundida a través de las cuentas oficiales de la Presidencia”.
El juez, además, consideró que no se pudo acreditar que Karina Milei pidiera o recibiera dinero para facilitar reuniones con el Presidente.
Tampoco se pudo probar que fondos provenientes de las operaciones con $LIBRA hubieran sido transferidos a funcionarios públicos.
Qué preguntas quedaron sin respuesta en la investigación
El fallo señala distintos puntos que la investigación no logró determinar. Uno de ellos se relaciona con el contenido de las comunicaciones entre Milei y Novelli. El peritaje identificó llamadas entre ambos, algunas realizadas el mismo día del lanzamiento de $LIBRA, pero no pudo establecer de qué hablaron. Del peritaje también surgieron 2 conversaciones eliminadas con un contacto denominado “Karina Milei RRPP”.
Otra incógnita es la trazabilidad completa del dinero. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) logró identificar distintas billeteras vinculadas con la emisión y distribución inicial de $LIBRA y reconstruyó movimientos de fondos, pero algunas ampliaciones del análisis no pudieron realizarse por falta de herramientas técnicas bajo licencia.
Luego intervino el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, que continuó la trazabilidad y pidió información a empresas y plataformas. Según el fallo, algunas respuestas fueron parciales.
Por otro lado, la Justicia argentina pidió asistencia a los Estados Unidos para acceder a registros de distintas plataformas y empresas tecnológicas, pero las autoridades estadounidenses consideraron que no se habían aportado elementos suficientes para cumplir con esos requerimientos y cerraron su expediente.
Respecto del celular de Novelli, había archivos vinculados con propuestas de acuerdos, comisiones y actividades empresariales, pero en varios casos no pudo probarse que hubieran sido enviados a terceros, aceptados o ejecutados. Algo similar ocurrió con sus cajas de seguridad. La Justicia comprobó ingresos y egresos en fechas cercanas al lanzamiento de $LIBRA, pero cuando fueron allanadas estaban vacías.
Finalmente, una parte de la prueba digital quedó cuestionada por presuntas irregularidades en el trabajo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el organismo de la Procuración encargado de analizar los dispositivos secuestrados.
Según el fallo, un sumario administrativo determinó que una empleada de esa dependencia tuvo acceso a documentación reservada de la causa y que parte de ese material llegó posteriormente a la prensa. “No hubo un riguroso control sobre el trabajo elaborado, lo cual afectó de alguna manera su cadena de custodia, y resiente su valor probatorio”, señaló Martínez de Giorgi. Esto fue cuestionado por la abogada y periodista Natalia Volosin en X.
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