Coronavirus: cómo se vive la cuarentena en los barrios populares

El Gobierno nacional decretó días atrás el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y llamó a todas las personas a permanecer en sus domicilios. Esto se vuelve un problema para los millones de personas que habitan en viviendas precarias, en condiciones que no les permiten cumplir adecuadamente con las recomendaciones sanitarias para la prevención del coronavirus.

De acuerdo con el último informe de “indicadores de condiciones de vida” del INDEC, el 4,7% de las personas viven en condiciones de hacinamiento crítico, es decir que habitan con más de 3 personas por cuarto. Este porcentaje representa 1.315.000 de personas en los 31 aglomerados urbanos considerados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Por su parte, 848.000 personas de estos centros urbanos sólo tienen acceso al agua fuera de la vivienda, es decir que en sus hogares no tienen agua corriente. Esto dificulta el cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto al higiene de las manos y del hogar.

En tanto, el 31,5% de la población solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 8.913.000 personas.

La dificultad de cumplir con las recomendaciones sanitarias

La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, una agrupación integrada por curas y monjas que trabajan en barrios populares, alertó que muchas de las medidas preventivas aconsejadas “resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento, en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura”. 

Por eso, instaron a los gobiernos a que “adopten medidas específicas para villas y asentamientos, tendientes a poder cumplir con las medidas preventivas sanitarias”, entre ellas la “prestación de los recursos materiales necesarios en salubridad, higiene, agua segura y alimentación a la población” y la ampliación de los servicios de salud en las zonas más vulnerables.

En las últimas horas, miembros de la comisión se reunieron con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y otros funcionarios, y grabaron un video con el mensaje: “Quedate en tu casa. Quedate en tu barrio”.

Es que más de 4 millones de personas viven en los más de 4 mil barrios populares ubicados en todo el país, de acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares publicado en 2018 por el Gobierno nacional. Según el informe, en el 89% de estos barrios vulnerables la mayoría de los habitantes no accede formalmente a la red de agua corriente.

Compensaciones

Para atender a la población más vulnerable, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, anunció la creación del Ingreso Familiar de Emergencia a través del cual en abril se otorgarán $10 mil a trabajadores no formales y los monotributistas de categorías A y B (las más bajas), que no acrediten otros ingresos familiares, a excepción de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y el Progresar.

En tanto, se otorgará un bono excepcional a quienes perciban planes sociales y se reforzará la asistencia alimentaria, a través de viandas y “módulos alimentarios” (paquetes con una variedad de productos), para evitar que las personas se trasladen y se aglomeren en comedores.

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, adelantó también que impulsarán pequeñas obras de infraestructura para el mejoramiento de los barrios, a través de bancos de insumos, materiales y herramientas, para arreglos en “salitas sanitarias, clubes de barrio, escuelas o viviendas precarias”. El objetivo en ese caso es fomentar el trabajo en rubros que sufrieron especialmente el impacto de la crisis sanitaria, y que la gente permanezca en el barrio y no se traslade a otras zonas.

Además, el funcionario firmó acuerdos con intendentes del Conurbano para la compra de alimentos y artículos de limpieza que deberán ser repartidos en zonas de emergencia.

Una deuda al descubierto

Para Francisco Ferrario, director de regiones de la ONG Techo, “con esta pandemia se siente más la deuda que tenemos con los barrios populares”. En su trabajo, Ferrario identificó que la primera demanda de las habitantes de estos barrios es la de alimentos y que si bien hay un “grado alto de entendimiento de la situación” también viven “una incertidumbre gigante por la extensión de las limitaciones” a la circulación, por la baja en las changas.

Dina Guaymas, referente del asentamiento Tinkunaku, ubicado en el Barrio 20 de Junio en la ciudad de Salta, dijo a Chequeado que la principal preocupación de sus vecinos es la falta de trabajo. “Los trabajadores independientes, como manteros (vendedores de ropa), albañiles, mecánicos y jardineros, no pueden salir, y si bien hay más ayuda -con el bono y la Tarjeta Alimentar– la principal preocupación es qué pasa después”. 

Su experiencia es similar a la de Araceli Ledesma, referente de un barrio popular en Lagomarsino, en Pilar, Provincia de Buenos Aires. “Los almacenes que están cerca del barrio están subiendo los precios. Ellos nos dicen que los proveedores les aumentaron, pero tenemos que ir a supermercados más grandes que están en lugares más céntricos para encontrar mejores precios. Mi marido hace fila desde las 5 de la mañana para que lo atiendan a las 8 y media”, afirmó la líder barrial en diálogo con Chequeado.

Ambas coinciden en que la información no llega a todos los vecinos: algunos no saben cómo hacer los trámites para recibir el bono extraordinario del Gobierno nacional; otros no tiene conexión a internet en el celular para enterarse dónde y cuándo hay entrega de alimentos y/o productos de limpieza y se  enteran a veces a través de grupos de vecinos.

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