De qué se trata el plan “Puente al Empleo” y qué diferencia tiene con programas anteriores

El 1° de octubre entrará en vigencia el programa “Puente al Empleo”, creado por el Gobierno nacional a través del Decreto N° 551/22 y que busca -según indicó el ministro de Economía, Sergio Massa– convertir 200 mil planes sociales en puestos de trabajo formales. 

En esta nota te contamos qué características tiene este programa y en qué se asemeja y diferencia de otros planes de empleo lanzados por el Estado nacional en los últimos años.

Características del programa Puente al Empleo

El Decreto 551/22 sostiene que el programa Puente al Empleo busca “transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad”.

El plan propone que los beneficiarios de programas sociales que adhieran a la iniciativa y consigan un empleo en blanco seguirán cobrando el beneficio durante 12 meses, mientras que los empleadores deberán pagarles la suma restante hasta completar el salario de convenio. En tanto, si se discontinúa el vínculo laboral antes de los 12 meses, el beneficiario podrá volver a percibir el plan.

En cuanto a las empresas, además de imputar el valor del plan social a cuenta del pago del sueldo, tendrán una reducción del 100% de las contribuciones patronales durante 1 año. El programa entra en vigencia el 1° de octubre y se extenderá durante 24 meses.

Diferencias con otros programas de empleo

El Puente al Empleo no es el primer programa que busca la transformación de planes sociales en empleo genuino: hubo iniciativas similares durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) e incluso del actual gobierno del Frente de Todos, pero con algunas diferencias.

El diputado nacional y ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo (Frente de Todos), explicó a Chequeado que la diferencia entre el Puente al Empleo y sus antecesores es que “en este plan se combinan el complemento del ingreso (a través del pago de una parte del salario por parte del Estado) y la reducción de los aportes patronales”.

En mayo de 2017, el Gobierno nacional promovió a través del Decreto N° 304/17 el denominado plan “Empalme”, que preveía que los beneficiarios de programas laborales pudieran insertarse en un empleo formal.

Al igual que Puente al Empleo, el decreto establecía que las empresas debían descontar el valor de la prestación (que en 2019 ascendía a $ 6 mil) durante 24 meses, pero no incluía un descuento en las contribuciones patronales de los empleadores como sí lo hace la nueva iniciativa.

Cuatro años más tarde, en agosto de 2021, la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) promovió el Decreto 711/21, que también preveía la conversión de programas de empleo o capacitación laboral en trabajo genuino.

Este programa permitía a las empresas computar el valor del beneficio social como parte del salario, y también ofrecía reducciones de entre el 90% y el 95% en las contribuciones patronales. Sin embargo, y a diferencia del Puente al Empleo, sólo alcanzaba a los beneficiarios del Potenciar Trabajo y del Programa de Inserción Laboral y no a todos los planes de empleo, formación y terminalidad educativa (como propone Puente al Empleo).

Con una mecánica similar, el programa Potenciar Trabajo también contempla la posibilidad de que los beneficiarios que consigan un empleo formal puedan mantener su permanencia en el plan durante 12 meses. A quienes perciban un sueldo superior al salario mínimo se les suspende el pago del subsidio, mientras que quienes cobren por debajo de ese monto reciben un porcentaje hasta completar ese valor.

Sin embargo, como se explica en esta nota, sólo el 1,2% de los 1,2 millones de beneficiarios del programa (15.500 personas) logró acceder a un empleo formal desde la implementación del programa.

El politólogo Manuel Mera, investigador asociado del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cipecc), sostuvo a Chequeado que este tipo de iniciativas de “puente” entre los programas de empleo y el trabajo formal “no suelen ser exitosos”, y señaló 2 problemas centrales.

“Por parte de los empleadores hay una desconfianza respecto de la incorporación de personas beneficiarias de planes, por preconceptos y estereotipos”, indicó Mera. Y completó: “Los propios movimientos sociales no están muy interesados en que los beneficiarios de los programas de trabajo pasen a una economía de mercado, porque se trata de personas que cumplen un rol en la economía popular”, como la que promueve el Potenciar Trabajo.

 Menos inversión para la inserción laboral

El estudio “Mapa de las políticas sociales en la Argentina”, publicado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y la organización Fundar, sostiene que “el Estado invierte -dentro del marco de la ayuda social, directa y urgente- cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal”.

En este sentido, los autores del trabajo (Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino) advirtieron que “si el Estado argentino no incrementa su inversión en la promoción del empleo formal en una economía con una alta tasa de informalidad, esto redundará en una disminución progresiva del número de contribuyentes al sistema previsional. A la postre, esto pondrá en jaque la capacidad fiscal del Estado para cumplir sus obligaciones previsionales con los adultos mayores más pobres”, agregaron.

Por otro lado, el estudio concluye -como se explica en esta nota– que pese a que en los últimos años aumentó el número de beneficiarios de programas de empleo, los beneficios reales disminuyeron un 36% entre abril de 2017 y junio de 2021.

“El nivel de beneficios reales ha caído de forma sostenida desde la creación de este tipo de planes de cooperativas en 2009. A pesos constantes de 2009, los niveles de beneficios del Potenciar Trabajo [en 2021] representan sólo un tercio de los beneficios que recibían los cooperativistas por el Argentina Trabaja en 2009”, calculó el estudio.