Donación de alimentos: qué dice el proyecto que se discute en el Congreso

En la Argentina se desechan 16 millones de toneladas de alimentos que podrían ser consumidos, de acuerdo con una estimación realizada en 2015 por la Secretaría de Agricultura de la Nación. En ese contexto, políticos y organizaciones de la sociedad civil impulsan la reforma del régimen de donación de alimentos (también llamado “ley DONAL”) para que estos productos puedan llegar a los sectores más vulnerables. Sin embargo, los cambios se debaten desde hace meses en el Congreso y no se llega a un acuerdo. ¿Qué establece la ley, cuál es el conflicto y cómo se puede reducir la cantidad de alimentos desperdiciados?

En 2004, el Congreso sancionó la ley DONAL, que permite que personas y empresas puedan “donar productos alimenticios en buen estado a instituciones públicas o privadas de bien público” para que los distribuyan “a familias o sectores necesitados”.

Al momento de su publicación en el Boletín Oficial, el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, vetó el artículo 9 que liberaba de responsabilidad legal a los donantes por los daños que los productos pudieran producir. La reinstauración de este artículo es el principal eje de la reforma, dado que quienes la impulsan alegan que la situación actual limita la cantidad de productos donados.

“Es necesario que se modifique la ley para favorecer e incentivar las donaciones, para dar un marco legal que proteja a los donantes y no tengan miedo a posibles demandas”, señaló a Chequeado Natascha Hinsch, directora ejecutiva de la Red de Bancos de Alimentos, una ONG que nuclea a 15 instituciones de todo el país que reciben productos y los distribuyen a personas u organizaciones.

“Una gran proporción de los alimentos que se descartan en realidad son totalmente aptos para consumo humano pero han perdido valor comercial por razones meramente estéticas, de publicidad o marketing”, indicó a este medio Mercedes Nimo, directora nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, y agregó: “En este contexto, la donación de alimentos se presenta como una estrategia costo-efectiva que permite dar un destino solidario a aquellos alimentos que perdieron valor comercial pero son aptos para consumo humano”.

En noviembre último, un proyecto impulsado por la Red de Bancos de Alimentos se trató en la Cámara de Diputados pero volvió a comisión por la falta de apoyo. A los pocos días, un proyecto similar obtuvo media sanción en la Cámara alta. Este último se aprobó en Diputados en junio último pero como el texto tuvo cambios, el proyecto volvió al Senado.

La iniciativa ya se trató en la comisión Población y Desarrollo Humano del Senado y, según explicó a este medio el equipo de la presidenta de la comisión, la senadora Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino), durante su tratamiento en el recinto se insistirá con la versión original, por lo que necesitarán dos tercios de los votos para sancionarla. Al margen de las idas y vueltas, los proyectos son muy similares. Las principales diferencias son las competencias que tendrá la autoridad de aplicación de la ley y la presunción de la buena fe del donante, figura legal que existe en el proyecto del Senado y no en el de Diputados.

Durante los debates se discutió la posibilidad de que las empresas donantes pudieran deducir impuestos sobre los productos y los gastos relacionados con la entrega de los alimentos. Sin embargo, este aspecto no obtuvo consenso y no quedó en el proyecto final.

La principal oposición al proyecto en Diputados fue del bloque Frente por la Victoria. La diputada nacional Cecilia Moreau (Frente Renovador), por su parte, explicó a Chequeado que no acompañó la medida porque consideró que “no resuelve ningún problema estructural y sigue con esta idea de dar al pobre lo que sobra”.

Moreau indicó que la eximición de responsabilidad del donante de los alimentos “preocupa” porque “esto no es Alemania en donde hay un fuerte control del Estado”, y señaló que “hasta el propio Estado entrega comida en mal estado a los comedores”, en referencia a un caso en Mar del Plata en donde los docentes denunciaron que recibieron bananas y papas podridas por parte de Agropecuaria Angkor SRL, una de las dos empresas que ganaron la licitación realizada por el Consejo Escolar de la región.

Frente a estas preocupaciones, Hinsch explicó que, en el caso de la organización que dirige, “se audita periódicamente a los Bancos de Alimentos miembros para certificar el cumplimiento de los estándares de calidad y de procesos que garanticen, principalmente, la trazabilidad e inocuidad de los alimentos. A su vez, la red está certificada por “The Global Foodbanking Network”, una red global de ONG que “garantiza que un banco de alimentos sigue los protocolos legales, financieros y operativos establecidos”, entre otros objetivos.

Para atender este problema hay muchas cosas por hacer. Elizabeth Kleiman, asesora de seguridad alimentaria y nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) Argentina, destacó a Chequeado: “Hay que trabajar fuertemente desde la opción más deseable, que es prevenir antes que ocurran las pérdidas y desperdicios, y reducir las cantidades derrochadas, aprovechando al máximo los alimentos”.

En este sentido, desde el Gobierno nacional se lleva adelante el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que trabaja en conjunto con el sector público y privado para la investigación y la creación de mejores datos estadísticos. Además se creó la campaña “Valoremos los alimentos” en los que se “promueve la producción eficiente y el consumo responsable”.

El desaprovechamiento de los alimentos es un problema global: FAO estima que “aproximadamente un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año”.

En la Argentina, la Secretaría de Agricultura calculó en 2015 que 16 millones de toneladas de alimentos no llegan a los consumidores: aproximadamente 14,5 millones corresponden a pérdidas de productos en las primeras instancias de la cadena, como después de la cosecha; y 1,5 millones de toneladas a desperdicios en las últimas etapas de la cadena, como la comercialización en supermercados o en los hogares. Esta cantidad total equivale al 12,5% de la producción agroalimentaria local.

Esta nota forma parte del proyecto “Chequeado Nutrición”.