El Gobierno eliminó la Secretaría de Vivienda: cómo impacta en las políticas habitacionales

A través del Decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.

Según publicó en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, este decreto “inaugura una serie de medidas que dimos en llamar la ’Motosierra 2.0’”. 

¿Qué implicancias tiene el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda? ¿Qué muestran los datos sobre el déficit habitacional en la Argentina? ¿Qué dicen las organizaciones especializadas en políticas de vivienda? Te lo contamos en esta nota. 

¿Qué cambios establece el decreto?

El decreto dispone la supresión de la Secretaría y sus dependientes Subsecretarías de Desarrollo Territorial y de Hábitat y Vivienda. Como parte de la reorganización, la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana será transferida a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Según establece el artículo 6 del decreto, la Secretaría de Obras Públicas sumará entre sus objetivos “asistir al Ministro en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales” y “en la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización del suelo y dominial”.

Sturzenegger sostuvo en X que para resolver el problema habitacional del país “la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral”. 

De acuerdo con el ministro, “para resolver el problema de vivienda, por el contrario, lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda. Un proceso que ya comenzó a darse en 2024”. 

¿Qué muestran los datos y qué dicen los especialistas?

Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), publicado en abril de 2023, el Observatorio Federal Urbano, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas, registró que “en 2010 el déficit habitacional alcanzaba a 3,9 millones de hogares, esto es un 32,3% del total. Esto significa que 2,6 millones de hogares (un 21,5% del total) requerían de mejoras y ampliaciones de su vivienda o de obras de infraestructura en su barrio; mientras que 1,3 millones de hogares (10,8% del total) necesitaban una vivienda nueva”.

En diálogo con Chequeado, Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO Argentina, explicó: “Una política habitacional efectiva debe involucrar tanto al sector privado como al Estado, promoviendo soluciones para los distintos segmentos socioeconómicos”.

Sin embargo, advirtió: “La integración socio-urbana, en particular, requiere inversión estatal, ya que se orienta a la base de la pirámide socioeconómica, donde el sector privado no ofrece alternativas posibles para las personas de bajos recursos. Esto pone de manifiesto la necesidad de potenciar el rol del Estado a nivel nacional, provincial y municipal, con un enfoque centrado en sus territorios para garantizar una política de hábitat y vivienda que responda a las necesidades de las comunidades más vulnerables”.

Por su parte, el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE, CONICET-AVE) y la Asociación de Vivienda Económica (AVE) publicaron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por este decreto: “La reducción de políticas públicas en materia de vivienda y hábitat afecta la ejecución de programas habitacionales, y atenta contra las posibilidades de mejorar la calidad de vida de amplios sectores de la población”.

Catalina Marino, coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó a Chequeado: “Estos cambios tienen que ver con una decisión de retracción del rol del Estado del financiamiento de las políticas habitacionales en un contexto en el que el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, es realmente alto y preocupante a nivel nacional”. 

Al tercer trimestre de 2024, más de 4.454.669 hogares viven con hacinamiento, y más de 2 millones, con hacinamiento crítico, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, reflejados en la plataforma VivienData de ACIJ.

Marino, entonces, se pregunta: “¿Cuáles son las soluciones progresivas que propone el Estado, independientemente de dejar librado más al rol de los gobiernos subnacionales nacionales o del mercado? No pareciera haber una propuesta general superadora integral respecto del déficit habitacional. Y deja en un gran suspenso los proyectos en curso, los programas que en principio han ayudado también a avanzar en algunas políticas de integración urbana en los últimos años”.

Por su parte, Cynthia Goytia, directora de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella y fundadora y directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda (CIPUV), señaló a este medio: “La intervención del gobierno está plenamente justificada: la vivienda tiene un gran impacto cuando se busca aliviar la pobreza, se correlaciona con el rendimiento escolar, la mortalidad infantil y las oportunidades de ingresos”. 

La especialista, que además es profesora visitante de la Universidad de Harvard, de la London School of Economics, de la Universidad de Cambridge, y del Institute of Housing Studies de Erasmus University, destacó que “el Estado desempeña una función esencial para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, en la medida en que las fallas de mercado y la extensión de la pobreza hacen necesaria su intervención”.

Una medida que se suma a la disolución del fondo fiduciario del Plan Procrear y para la Vivienda Social

La disolución de la Secretaría se suma a una serie de decisiones previas relacionadas con la política de vivienda, mencionadas por el ministro Sturzenegger en sus redes. En noviembre de 2024, el Gobierno había dispuesto la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), mediante el Decreto 1018/2024.

Según el comunicado oficial que anunció la disolución del Procrear, “la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras”. 

Maquieyra advirtió: “El reemplazo del Procrear por un sistema de hipotecas divisibles deja fuera del acceso a la vivienda a los sectores con menores ingresos y a los trabajadores informales. En un contexto donde casi el 40% de la población trabaja en la informalidad, si esta decisión no viene acompañada de una propuesta específica para este sector, se profundizará la desigualdad en el acceso a la vivienda”.

Y agregó: “El derecho constitucional a una vivienda digna no puede depender exclusivamente del mercado financiero. Sin mecanismos de financiamiento accesibles para los sectores populares, el Estado se desentiende de su rol de garante de derechos básicos. En este sentido, la eliminación del Procrear sin una alternativa concreta genera una brecha habitacional aún mayor”.

En enero de 2025, el Gobierno nacional cerró, a través del Decreto 6/2025, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. “Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. Por último, y en la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)”, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.

Para Goytia, “la disminución del crédito hipotecario durante años, y aún hoy con una recuperación, ha dejado fuera de su alcance a vastos sectores de la población”. La especialista advirtió que “aunque los bancos han comenzado a ofrecer hipotecas nuevamente, las condiciones del préstamo no son accesibles para la gran mayoría de los hogares que necesitan acceder a una vivienda”.

De acuerdo con datos del INDEC, el 60,4% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno. Esto significa que 4 de cada 10 hogares argentinos no accede a una vivienda propia. 

“En Argentina se ha priorizado la construcción de unidades nuevas sin contemplar otras alternativas, como créditos, mejoramiento y ampliación de viviendas, o regularización de títulos”, explicó Goytia. “Las experiencias de otros países, como Chile, muestran que los subsidios directos a los beneficiarios pueden ser una herramienta más eficiente y equitativa”, concluyó.