El Gobierno inicia la privatización de AySA: cómo evolucionaron los números de la compañía

El Gobierno nacional lanzó una licitación pública para la privatización de la estatal Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA SA), la empresa encargada de brindar agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El servicio de agua potable de esta región había sido privatizado durante el gobierno de Carlos Menem (Partido Justicialista) y concesionado a la empresa Aguas Argentinas SA, operada por el grupo francés Suez, pero en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) rescindió ese contrato y creó la empresa AySA, bajo control estatal.

En qué consiste el proceso de privatización

Aysa había sido incluida en el listado de empresas sujetas a privatización en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, aprobada por el Congreso en 2024.

El 15 de mayo de 2026 el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública para la venta del 90% de las acciones de la empresa que le pertenecen al Estado nacional, mientras que el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores a través de un Programa de Participación Accionaria.

A fines de abril de 2026 el Gobierno firmó con Aysa un contrato de concesión sobre su actual zona de operación por 30 años, prorrogables por 10 más. Esto significa que el Estado mantendrá la potestad de decidir qué empresa y bajo qué condiciones prestará el servicio en el futuro, como ocurre con las concesiones del servicio de luz y gas, entre otros.

De acuerdo con los pliegos de condiciones de la licitación, la empresa que gane la compulsa (que debe acreditar al menos 5 años de experiencia en la prestación del servicio de agua y cloacas en grandes ciudades) deberá mantener al menos hasta 2031 todas las acciones, y a partir de 2032 podrá desprenderse del 39%, manteniendo siempre la mayoría (51%).

¿Cómo evolucionó la cobertura de agua potable y cloacas de AySA?

La empresa brinda el servicio de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del Gran Buenos Aires. El último informe de sustentabilidad de la compañía, con datos de 2024, refleja que la cobertura de agua potable llega al 75,3% de la población y la de cloacas, al 63,4%. Sin embargo, estos datos esconden algunas aclaraciones necesarias.

Entre 2017 y 2018, durante la gestión de Cambiemos, se incorporaron al área de concesión de AySA 9 municipios del Conurbano bonaerense, casi todos provenientes de la concesión de Aguas Bonaerenses SA. Si se desglosa la cobertura con estas aclaraciones, como hacen los informes oficiales, se puede decir que desde la creación de AySA la cobertura de agua potable en el área de concesión original (CABA + 17 municipios) pasó del 76% en 2006 a 85% en 2022. Con este mismo criterio, la cobertura de cloacas pasó del 57% de la población en 2006 al 72,6% en 2022.

El porcentaje desciende cuando se incluye a los nuevos municipios porque son regiones con baja cobertura (36% en agua potable y 25% en cloacas)

¿Cuántos empleados tiene la empresa AySA?

El último dato oficial disponible es de marzo de 2026. Según el informe de dotación de personal de la Administración Pública Nacional que publica todos los meses el INDEC, ese mes la empresa estatal tenía 5.993 empleados. Casi la totalidad son trabajadores en relación de dependencia y menos del 0,3% son personal fuera de convenio o con otro tipo de contrataciones.

En noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, eran 7.799 empleados. Es decir que la dotación se redujo en 1.806 trabajadores, un 23,1% del total.

Más allá del informe del INDEC, la empresa pública informa todos los meses su cantidad de empleados. El último dato disponible es de diciembre de 2025. Eran 6.054 empleados, con el siguiente desglose: 31 directivos, 3.506 cargos técnicos y profesionales, 536 administrativos y 1.981 obreros y personal de maestranza.

El primer registro disponible de la empresa en su etapa de gestión estatal es de mayo de 2007. Ese mes registraba una dotación de 4.198 empleados.

¿Cómo dan los números financieros de AySA?

A lo largo de 2023, las empresas públicas en su conjunto registraron un déficit operativo equivalente a $ 1,6 billones, según la Secretaría de Hacienda de la Nación. AySA ocupó el cuarto puesto entre las empresas con mayor déficit operativo, detrás de Enarsa (encargada de la importación de energía), la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE) y Aerolíneas Argentinas. El déficit operativo de AySA en todo 2023 fue de $ 117 mil millones.

A partir de 2024 la situación se revirtió, y AySA encadenó 2 superávits operativos en 2024 ($ 44.421 millones) y 2025 ($ 412.203 millones). El resultado operativo es la diferencia entre los ingresos operativos de la empresa (sin contar las transferencias del Tesoro nacional) y los gastos operativos (remuneraciones, bienes y servicios y otros gastos).

Por otro lado, en 2023 el Tesoro Nacional le transfirió a AySA $ 86 mil millones para gastos corrientes (salarios y gastos de funcionamiento) y $ 198 mil millones para gastos de capital (obras de infraestructura), según consta en los informes de ejecución presupuestaria de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En 2024 el Tesoro le transfirió a la empresa $ 143 mil millones para gastos corrientes y $ 157 mil millones para gastos de capital, pero en 2025 no hubo giros hacia la compañía.

El último informe publicado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), organismo público que ejerce el control sobre la empresa AySA, es de 2023. “A partir del año 2020 comienza una caída de la curva de cobertura de costos operativos. En el año 2021 los ingresos de la concesionaria correspondientes a los servicios de agua y saneamiento no logran cubrir sus costos operativos. Esta situación se agrava en el año 2022 en el que la facturación representa solamente el 61% de los costos. En el año 2023 se invierte la curva a partir de la segmentación tarifaria y la reducción de los subsidios, haciendo que la facturación alcance el 95% de los costos operativos”, destacó el organismo.

¿Cómo se presta el servicio de agua y saneamiento en la región?

Hay 3 países de América Latina que prohíben en su Constitución la participación privada en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Son Bolivia, Ecuador (contempla excepciones) y Uruguay, de acuerdo con un informe publicado en 2021 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según este mismo documento, Chile es el único país de la región que tiene casi todos sus servicios de agua y saneamiento en manos de privados. En Brasil, hay empresas mixtas, privadas y públicas que operan en los distintos municipios y estados.

En Paraguay, una empresa pública (ESSAP SA) tiene la concesión del servicio de agua en ciudades con más de 10 mil habitantes y hay prestadores privados en sistemas de baja escala. En Colombia, según los datos del BID, el 53,3% de los usuarios son abastecidos por empresas mayoritariamente públicas, el 24,1% por empresas mixtas y el 19,3% por empresas privadas.

En la Argentina, desde 1980, la administración del servicio de agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que está bajo jurisdicción nacional. A su vez, muchas provincias delegan los servicios de agua y saneamiento de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.

Según datos recopilados en un informe de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en nuestro país hay 1.828 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas. De ellos, 23 son provinciales y regionales (el regional se refiere exclusivamente a AySA, que abarca 2 jurisdicciones -CABA y PBA-). De esos 23 prestadores provinciales y regionales, 15 son empresas públicas, 4 son entidades estatales y 4 son concesionarios privados.

¿Hay evidencia sobre la conveniencia de una empresa pública o privada?

En la Argentina, la prestación del servicio de agua ya estuvo en manos públicas y en manos privadas. La región atravesó una tendencia similar, con una mayor preponderancia del sector privado en la década del ‘90 y una mayor participación del Estado en las décadas posteriores.

Miguel Solanes, consultor internacional y ex asesor en Derecho de Aguas y Regulación de Servicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló en un trabajo realizado en 2015 que “el programa de privatización de servicios públicos de la década de los ‘90 no vino acompañado en la región, en términos generales, por una regulación sensible a las exigencias en materia de eficiencia y sustentabilidad del servicio que exigía la nueva figura del operador privado”.

Sin embargo, el trabajo del especialista no considera que exista una opción mejor que la otra: “No se conocen datos empíricos inequívocos que avalen de antemano la opción de elegir empresas públicas o privadas en el sector del agua”.

Actualización 15/05/2026: se actualizó la nota con la oficialización de la licitación pública para la venta de la compañía.