El patrimonio del gabinete de Javier Milei: Cúneo Libarona, Francos y Posse son los ministros más ricos

El presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) informó ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio de $ 54 millones, lo que representa un incremento del 160% en pesos con respecto a 2022, por debajo de la inflación registrada el último año. El mandatario informó los mismos bienes (inmueble y vehículos) que había informado en su declaración jurada de 2022; es decir, que lo único que varió fue la evolución de sus ahorros.

El patrimonio declarado por Milei equivale a unos US$ 53 mil, de acuerdo con la cotización del dólar blue a fines de 2023. Medido de esta forma, la valuación de los bienes declarados por el Presidente disminuyó un 12,3% el año pasado.

En esta nota, repasamos los bienes declarados por Milei y un ranking de quiénes son los ministros de su gabinete con mayor patrimonio.

Qué patrimonio informó Javier Milei

El Presidente declaró una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 100 metros cuadrados valuada en $ 6,6 millones. Además, declaró 2 vehículos: una camioneta Mercedes Benz Sprinter, fabricada en 2015 y valuada en $ 2,4 millones; y un Peugeot Rcz Coupé, hecho en 2013 y valuado en $ 3,6 millones. Por último, informó ahorros por $ 11,8 millones y US$ 34 mil.

Respecto de 2022, el patrimonio total de Milei, medido en pesos, creció en 2023 por debajo de la inflación, y medido en dólares, tanto al blue como al oficial, se redujo (12,3% y 43,7%, respectivamente).

Qué bienes declaró Victoria Villarruel

La Vicepresidenta declaró uno de los patrimonios más bajos de todo el gabinete. En total, la suma de los bienes informados alcanza los $ 2,8 millones, casi US$ 2.800, según el dólar blue, o US$ 3.500, al valor oficial. Villarruel declaró un departamento de 20 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en 2016 y valuado en $ 801 mil.

Además, declaró ahorros por $ 1,5 millones y US$ 2 mil, y un crédito a su favor por $ 200 mil con la empresa Común Safety SRL por “facturas adeudadas”.

El ranking patrimonial del gabinete: Mariano Cúneo Libarona, Guillermo Francos y Nicolás Posse, los ministros que más patrimonio declararon

El ministro que más patrimonio declaró, por mucha diferencia con el resto, es Mariano Cúneo Libarona, titular de la cartera de Justicia. El abogado penalista declaró un patrimonio en pesos de $ 6.627 millones, equivalentes a US$ 6,4 millones al tipo de cambio paralelo y US$ 8,1 millones al oficial.

Una parte importante de los bienes corresponden a inmuebles. Declaró 2 casas y 22 departamentos en la Ciudad de Buenos Aires (algunos de ellos con cochera); 2 casas de veraneo en Villa de Mayo (Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires); una casa en San Martín de los Andes (Neuquén): un departamento en Vicente López (Provincia de Buenos Aires); un departamento en Miami (Estados Unidos) y el 25% de una casa en Maldonado (Uruguay).

Además, declaró 2 vehículos: un Audi Q5, fabricado en 2011, y una Honda Rural fabricada en 2016. También declaró dinero en cuentas locales, ya sean depósitos o plazos fijos, pero la mayor parte de sus ahorros están en cuentas en el exterior: el ministro declaró dinero en cuentas fuera del país equivalente a casi $ 5 mil millones, aunque no aclaró en qué moneda está ese dinero ni en qué país.

El segundo lugar del ranking lo ocupa Guillermo Francos, ministro del Interior, con bienes por $ 334 millones (US$ 326 mil al dólar blue y US$ 413 mil, al oficial). Francos declaró el 20% de 2 departamentos en la Ciudad y de un campo en Ramallo (Provincia de Buenos Aires), informados como herencia. Además, reportó el 33% de otro inmueble en la Ciudad de Buenos Aires y una casa, y el 50% de un lote en Tigre, Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a vehículos, declaró una camioneta Nissan Murano Xtronic, fabricada en 2012 y adquirida en 2016. Como Cúneo Libarona, Francos declaró ahorros en el exterior. Informó cuentas en dólares en los Estados Unidos con el equivalente en moneda extranjera a $ 55 millones, y otra cuenta, que no especifica país ni moneda, con el equivalente a $ 124 millones.

Por último, informó ser accionista de la empresa Ovo Prime SA, una compañía agropecuaria.

El tercer puesto corresponde a Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, con un patrimonio de $ 185 millones (US$ 180 mil al tipo de cambio informal y US$ 228 mil al oficial). El ministro coordinador, que también proviene de Aeropuertos Argentina 2000, como Francos y el propio Milei, declaró 2 departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, un lote en Punta del Este (Uruguay) y un campo en Tres Arroyos (Provincia de Buenos Aires).

Por otro lado, declaró 3 vehículos: un MGB convertible fabricado en 1980, que ingresó a su patrimonio en concepto de “donación”; un Mitsubishi Outlander Sport, que adquirió en 2016; y un BMW 218i, que ingresó a su patrimonio en diciembre de 2023, según la documentación oficial. También, un motovelero fabricado en 1999. Además, informó ahorros por $ 12,5 millones y US$ 34 mil, y bonos globales de la Argentina y bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Los primeros 5 puestos del ranking lo completan Dante Herrera Bravo, secretario de Legal y Técnica, con un patrimonio de $ 65 millones (US$ 64 mil al blue y US$ 81 mil al oficial); Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, con bienes por $ 55 millones (US$ 54 mil y US$ 69 mil al oficial); y el propio Milei, ya mencionado anteriormente.

El último puesto lo ocupa Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, quien declaró un patrimonio de $ 1,7 millones (US$ 1.600 al dólar blue y US$ y 2.100 al oficial). La funcionaria informó un departamento heredado en Vicente López (Provincia de Buenos Aires) y ahorros en pesos por $ 288 mil.

Qué muestra una declaración jurada

Como se explicó en esta nota, y sin perjuicio de que se trata de documentos oficiales y legales, las declaraciones juradas patrimoniales que se presentan ante la OA, en gran medida, no representan los patrimonios reales de los funcionarios. La razón principal de esta distancia entre la documentación oficial y la realidad es que los inmuebles y los vehículos se declaran a valor fiscal, es decir, el precio que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, y no al valor de mercado. La Ley 26.857, que regula la presentación de las declaraciones juradas, equipara la información que debe presentarse ante la OA con la que se presenta ante la AFIP.

Las diferencias entre ambas valuaciones (fiscal y de mercado) son significativas ya que las jurisdicciones provinciales no realizan la actualización de los valores de las propiedades todos los años. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires la ley dispone que el revalúo debe realizarse “al menos una vez cada 10 años”. La última modificación se realizó en 2016 y comenzó a aplicarse en 2018.

“Es difícil que el Estado pueda pedir que no sean a valor fiscal. Lo que está mal es el valor fiscal que le pone el Estado a las propiedades y a los autos. Me parece que la discusión tiene que pasar por ahí y no porque pongan un valor real, porque el valor real también es muy relativo. Con un departamento, vos podés poner el valor de cuando lo compraste, por ejemplo, pero no vas a saber cuál es el valor en este momento si no lo vendés efectivamente, por eso se manejan con los valores fiscales. Habría que preguntarse por qué el Estado no actualiza esos valores en particular”, explicó a Chequeado en esta nota Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.

La ley que regula el sistema fue aprobada en 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), e incorporó algunas cuestiones positivas, como la ampliación del universo de funcionarios alcanzados y la publicidad activa en la web de la OA.  Sin embargo, especialistas consideran que en algunos puntos significó un retroceso. “La ley entorpeció el sistema principalmente porque no se puede ver el patrimonio de los familiares”, explicó Secchi. Esos bienes están en el anexo reservado, al que no se puede acceder.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el principal problema está en la reglamentación de la ley. “Si interpretáramos textualmente la letra de la ley, sólo debería resguardarse en el anexo reservado aquella información considerada sensible, como los números de cuentas bancarias, los domicilios de bienes inmuebles y las patentes de automóviles, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, al haber sido establecido en la reglamentación que los anexos públicos serían iguales a los formularios de la AFIP, y éstos no contienen información patrimonial de los familiares del declarante, la información referida a los cónyuges e hijos del sujeto obligado pasaron a integrar el anexo reservado”, explica el informe.