Esto propone Javier Milei sobre recorte del gasto público, dolarización y portación de armas: ¿qué dicen los datos y los especialistas?

El referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue el precandidato presidencial más votado en todo el país en las Elecciones PASO 2023: obtuvo más del 30% de los votos. 

De cara a las elecciones generales del 22 de octubre, desde Chequeado analizamos la plataforma electoral presentada por el candidato libertario ante la Justicia Electoral y sus declaraciones posteriores al triunfo del domingo pasado para conocer sus propuestas en 4 temas claves del debate público: economía, educación, salud y seguridad (la segunda nota sobre el tema se puede ver acá). Este mismo análisis se realizará con los candidatos presidenciales Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Sergio Massa (Unión por la Patria). 

En esta nota, indagamos sobre los planes de Milei para recortar el gasto público, dolarizar la economía y desregular el mercado legal de armas. ¿Qué propuso concretamente de llegar a ser presidente? ¿Qué dicen los datos y los expertos? Te lo contamos en esta nota.

El recorte del gasto público

En su programa, el referente libertario propone una “reforma integral” en 3 etapas sucesivas que llevará, según lo proyectado por La Libertad Avanza, 35 años. La primera etapa implica “un fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria”.

Al respecto, Milei señaló, en declaraciones al programa “López 910” que se emite por Radio La Red, que bajará el gasto público en “15 puntos del PBI”, a partir de recortar los gastos en obra pública (al proponer un “sistema de iniciativa privada”), eliminar las transferencias discrecionales a las provincias (recursos girados por el Gobierno nacional por fuera de la coparticipación, como se explica en esta nota), los subsidios económicos (a la luz y el gas, o al transporte), avanzar en la privatización de las empresas públicas y en la eliminación de las jubilaciones de privilegio. 

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, en 2021 el gasto público consolidado nacional (es decir, todas las erogaciones realizadas por el sector público nacional, excluyendo los gastos de las provincias y de los municipios) representó el 24,3% del PBI, del cual el 16,5% se correspondía con gasto social (educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, promoción social y jubilaciones). 

En 2022, los gastos que promete eliminar Milei representaron el 4,7% del PBI, de acuerdo con datos relevados por Chequeado a partir de informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) y la ANSES. Esto representa una tercera parte de los 15 puntos que mencionó el candidato presidencial.

Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), señaló a Chequeado que, “dado el nivel de desequilibrio fiscal, no hay mucha discusión entre economistas de que se requiere un recorte de no menos de 5 puntos del PBI del gasto, y en un período no muy largo (1 a 2 años). Hablar de 15 puntos suena como una provocación para el público. Vale como desafío, pero no la veo como una propuesta”.

Por su parte, Joaquín Waldman, economista e investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), dijo a este medio que “parece inviable un recorte de esa magnitud, habría que eliminar muchas funciones del Estado” para lograrlo. 

La dolarización de la economía

En su plataforma electoral, La Libertad Avanza promete “la dolarización de la economía”. Milei afirmó que -para conseguir los dólares necesarios para efectivizar su plan (es decir, canjear por dólares la base monetaria, los depósitos bancarios y las Leliqs)- utilizaría las reservas brutas (todos los activos en oro y divisas con los que cuenta el país) y los títulos públicos del Banco Central (es decir, la deuda que el Tesoro nacional mantiene con la entidad).

El economista Emilio Ocampo, quien recientemente se sumó a los equipos técnicos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, explicó el lunes último que -para llevar a cabo un plan de dolarización- el tipo de cambio debería ser “el del dólar de mercado”, que ubicó en torno a los $ 700 (valor registrado por el dólar blue el lunes, tras las Elecciones PASO 2023). 

Y sostuvo que los fondos necesarios para realizar la dolarización se obtendrían a partir de “lograr que los dólares que están afuera del sistema [N. de la R: es decir, aquellos que no se encuentran en el circuito bancario del país] vuelvan” gracias a la promoción del uso de la divisa en cualquier operación. Además, Ocampo promueve la creación de un fondo especial compuesto por los bonos de la deuda que el Tesoro mantiene con el BCRA y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que sirva como garantía para canjear las Leliqs por dólares. 

Sobre este plan, un estudio de la consultora 1816 -que dirigen Adrián Rozanski y Mariano Skladnik- sostiene que “requeriría un nivel de confianza del mundo en la Argentina que es casi imposible para 2024”. En caso de no contar con esos apoyos, si se quisiera promover una dolarización sobre la base de las divisas actualmente disponibles, el tipo de cambio de conversión sería de alrededor de $ 10 mil por dólar (según el cálculo de diferentes consultoras), o se debería tomar una deuda cercana a los US$ 45 mil millones para dolarizar a un valor cercano al actual.

En tanto, un trabajo del think tank Fundar -fundación presidida por el matemático Sebastián Ceria- advierte que una dolarización implicaría la pérdida de la política cambiaria (es decir, la posibilidad de regular el tipo de cambio para morigerar los efectos de crisis externas sobre nuestra economía), la incapacidad de emitir moneda y la dependencia a la política monetaria de los Estados Unidos. 

Además, Emiliano Libman, economista de Fundar, dijo a Chequeado que en un escenario de dolarización “el Estado va a tener que afrontar sus obligaciones en dólares, pero si el gasto es mayor a la recaudación impositiva va a necesitar financiamiento en dólares, y actualmente no tiene acceso a ese mercado”. 

Tenencia y portación de armas

En el apartado “Seguridad nacional y reforma judicial” de su plataforma electoral, Milei dice en el punto 17: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.

En una entrevista con el programa “Somos Buenos” de Todo Noticias (TN) el martes último, el candidato por La Libertad Avanza afirmó que “no está en su plataforma la libre portación de armas” y que trabajan en una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de la Ley de Defensa Nacional, del sistema carcelario y del Código Penal. Y anunció: “El Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional estará bajo la órbita de Victoria Villarruel”, su candidata a vicepresidenta.

A su vez, Villarruel -en el programa “A Dos Voces” de TN– se mostró contraria a la libre portación de armas: “Tenemos una legislación vigente. Lo único que queremos es que cualquier ciudadano que esté en condiciones de solicitar la tenencia legítima de armas pueda hacerlo sin ser desalentado por el mismo Estado, como estamos viendo hoy”. 

En nuestro país rige desde 1973 la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Allí se detallan las diferentes categorías de armas de fuego, que pueden ser utilizadas con ciertos permisos, y se prohíben las automáticas para el uso de civiles. Para acceder a un arma de fuego y poder utilizarla es necesario contar con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU).

Una vez obtenida esta credencial, se puede hacer el trámite de tenencia que habilita a mantener un arma determinada -registrada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)- en poder de un legítimo usuario, transportarla descargada y separada de sus municiones y usarla con fines lícitos (caza, tiro deportivo, etcétera)”.

Distinto es el trámite de la portación de un arma. “Consiste en el permiso para disponer de un arma de fuego cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público”, explica la ANMAC.

El Centro de Datos de Chequeado accedió a estadísticas oficiales que revelan que para 2022 existían 1.060.910 de legítimos usuarios de armas de fuego en la Argentina, un 2,3% más que el número registrado en 2021. Sin embargo, 3 de cada 4 tienen su credencial vencida en un país donde se producen 8 muertes por día a causa de un arma de fuego, según datos oficiales a los que accedió este medio a través de 2 pedidos de acceso a la información pública.

Con anterioridad, Milei se había pronunciado a favor de la libre tenencia y portación de armas y había afirmado: “Aquellos Estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos (que) donde vos tenés obligados a estar indefensos a los honestos”. Como contamos en esta nota, esto es falso. 

“Si bien la violencia es multicausal, la presencia o fácil acceso de armas de fuego, facilita o agrava hechos de violencia. Lo cual ocurre aún más cuando hay derechos de portación de armas”, señaló Diego Fleitas, investigador de la Asociación de Políticas Públicas, profesor sobre tendencias delictivas en la Universidad de Tres de Febrero y ex director de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad nacional durante el gobierno de Cambiemos.

De hecho, la gran mayoría de los estudios empíricos concluyen en contra de la tesis “más armas, menos delitos”. Un estudio publicado en 2019 en la revista Journal of Empirical Legal Studies -uno de los trabajos metodológicamente más sólidos sobre el tema- estimó que los delitos violentos aumentaron entre un 13% y un 15% en 10 años en los estados de Estados Unidos donde se habían adoptado leyes a favor de la portación de armas de fuego.