Preguntas y respuestas sobre la designación del nuevo procurador general

El puesto de procurador general de la Nación está vacante desde hace 3 años. Por estos días, el tema volvió a la agenda por al menos 3 razones: las críticas del oficialismo a quien ejerce como procurador interino, Eduardo Casal; las negociaciones para alcanzar el aval legislativo para quien podría ser el nuevo jefe de los fiscales, el juez federal porteño Daniel Rafecas; y el tratamiento de diversos proyectos legislativos para acotar el mandato del procurador general de la Nación.

Repasamos algunas preguntas y respuestas sobre el tema.

¿Cuál es la función del Procurador?

El Procurador es el jefe de los fiscales federales y nacionales (las personas responsables de llevar adelante o promover denuncias ante la Justicia y representar el interés del pueblo en los expedientes). Existen fiscales en todos los fueros, pero, según destaca la propia Procuración, el rol más relevante del Ministerio Público está en el fuero penal.

Si bien en la mayoría de los fueros tiene una función administrativa, en materia penal el Procurador es el encargado de fijar la política criminal: establece pautas, da instrucciones sobre cómo investigar determinados delitos y puede disponer cambios administrativos, como la creación de nuevas fiscalías especializadas en determinados fenómenos, como la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas o la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre otras.

¿Cómo se elige al jefe de los fiscales?

El proceso para elegir un procurador es largo y requiere de consensos legislativos. Según la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, sancionada en 2015, el procurador es elegido por el Poder Ejecutivo Nacional y debe tener acuerdo de dos tercios del Senado.

Pero luego de la postulación hay un período de 15 días para que ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y otras entidades, presenten por escrito sus observaciones respecto del candidato. Luego de esto, el Ejecutivo eleva el pliego a la Cámara alta y allí, luego de pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado, debe ser tratado en el recinto, donde necesita 48 votos.

¿Cuánto dura el mandato de un procurador?

Actualmente, el cargo es vitalicio. El procurador general de la Nación “goza de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad”, según la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Al alcanzar esa edad, necesita un nuevo nombramiento por 5 años, como ocurre con los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Esto ahora está en debate, aunque no es la primera vez. Los senadores Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) presentaron en 2019 proyectos de ley para limitar el mandato del procurador. El proyecto de Lousteau propone un mandato de 6 años, pudiendo ser nuevamente designado por una única vez con un mandato intermedio, es decir, no consecutivos. Además, establece que no puede realizarse la postulación y elección del procurador en años electorales para los cargos de presidente y vicepresidente.

El proyecto de Crexell propone un mandato de 5 años, con opción de una reelección por otros 5 años con un nuevo acuerdo del Senado. En ambas iniciativas, se mantiene la mayoría especial de dos tercios para la designación. Hace una semana, Crexell y Lousteau enviaron notas a la presidencia de la Cámara para que se retiraran sus proyectos, pero el Senado, con el voto mayoritario del oficialismo, lo rechazó, por eso este lunes se tratarán estos expedientes en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

¿Por qué está vacante y por qué está Casal?

Alejandra Gils Carbó fue nombrada procuradora general de la Nación en 2012, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el oficialismo promovió su remoción, pero finalmente, el 30 de octubre de 2017, la procuradora renunció a su cargo, una semana después del triunfo electoral de Cambiemos en las elecciones legislativas y 2 semanas después de que el juez federal Julián Ercolini la procesara en una causa por irregularidades en la compra de un edificio del Ministerio Público Fiscal (el procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal porteña, pero el caso aún no fue elevado a juicio oral).

Desde ese momento, Casal, que tiene el cargo de procurador fiscal ante la Corte desde 1992, ocupa de manera interina el cargo de procurador general interino. Los procuradores ante la Corte son 3 -además de él, Víctor Abramovich y Laura Monti-, pero la ley establece que es el más antiguo de ellos el que debe ocupar el cargo de jefe de los fiscales en caso de vacancia.

En paralelo, el oficialismo avanza en el Congreso con diversos pedidos de juicio político contra el procurador general interino. En lo que va de 2020, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal recibió varias presentaciones en contra de Casal, pero con los votos del oficialismo fueron derivadas a la Comisión de Juicio Político.

Las críticas del oficialismo apuntan a la presunta inacción disciplinaria de Casal ante el procesamiento en primera instancia del fiscal federal Carlos Stornelli en una causa por espionaje ilegal; el desplazamiento del fiscal federal Juan Pedro Zoni, quien tenía a cargo la causa penal vinculada al concurso de la empresa Correo Argentino; y un supuesto hostigamiento hacia la fiscal Gabriela Boquín, quien tramita el caso del Correo en el fuero Comercial.

¿A quiénes postularon Macri y Fernández?

Tras la renuncia de Gils Carbó, Macri postuló para reemplazarla a Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Weinberg, que ahora integra el nuevo consejo de asesores en materia judicial del presidente Fernández, se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado, pero luego no obtuvo los acuerdos necesarios para que su postulación avanzara.

Al llegar a la Presidencia, Fernández retiró el pliego de Weinberg y postuló como candidato a la Procuración a Rafecas, juez federal desde 2004, cuando Néstor Kirchner lo designó junto a Ercolini, Ariel Lijo y Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón de Cambiemos. Su pliego ingresó al Senado el 9 de marzo último, pero aún no fue tratado. Al oficialismo no le alcanzan los votos para su nombramiento porque necesita 48 y tiene asegurados 41.

Esta semana Rafecas recibió el apoyo de la Coalición Cívica. Tanto la ex diputada nacional Elisa Carrió como el diputado Maximiliano Ferraro llamaron a votar el pliego del juez federal propuesto por Fernández.

Carrió señaló que “Rafecas sabe derecho, lo respaldan los fiscales más serios de la Nación”, aunque luego aclaró que el apoyo opositor a Rafecas evitaría que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ponga “un fanático” en ese cargo. La Coalición Cívica, sin embargo, no tiene representantes en la Cámara alta. Por eso, resta saber qué postura tomarán los senadores de los otros 2 partidos que integran Juntos por el Cambio: la UCR y el PRO.

¿Por qué tiene especial relevancia el cargo?

El rol del Ministerio Público es más importante desde 2019 y lo será aún más en los próximos años. ¿Por qué? Porque hasta diciembre de 2018 regía, de acuerdo al Código Procesal Penal, un sistema mixto: esto quiere decir que las investigaciones penales están en manos del juez, que tiene la potestad de delegar o no la investigación en el fiscal.

Con la última reforma del Código rige el sistema acusatorio, en el que la investigación penal y la instrucción de la causa está en manos sólo de los fiscales. Esta reforma, de todas maneras, se aplica de manera progresiva. Por eso, hasta ahora, sólo se aplica en algunas provincias del norte del país.