Protestas sociales: qué se propone en la Argentina y cómo se regulan en otras partes del mundo
El diputado nacional Carlos Kunkel (FPV) presentó ayer un proyecto de ley de “convivencia en manifestaciones públicas” cuyo objetivo es “garantizar y afianzar derechos” de los ciudadanos que son afectados cuando hay cortes de tránsito por protestas y de los que participan en ellas.
La iniciativa define cuándo una manifestación es “legítima”; establece que una protesta deberá ser informada ante “representación policial” con una antelación “no menor a las 48 horas” y que no deberá impedir el funcionamiento de los servicios públicos, ni bloquear totalmente la circulación de vehículos y personas. Dispone también que una manifestación no podrá ser desalojada por las fuerzas de seguridad sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad, entre otros puntos.
El proyecto es una respuesta al pedido que hizo la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de marzo pasado. En su discurso, la mandataria había destacado la necesidad de legislar “una norma de respeto y convivencia urbana”.
Las manifestaciones, en aumento
Durante los últimos años, las protestas sociales y sindicales en la Argentina se multiplicaron. En 2013 se produjeron casi seis mil cortes a lo largo de todo el país, un 5% más que los contabilizados en 2012 y el número más elevado desde 2008, según los datos que calcula el portal del estudios Diagnóstico Político a partir de relevamientos diarios de más de 200 medios del país.
De hecho, desde la alusión de la Presidenta al tema, la cantidad de cortes durante el mes de marzo fue de casi 700, siendo los empleados estatales los actores que tuvieron más presencia en las manifestaciones, participando en el 37% del total. Esto se explica, principalmente, por los conflictos salariales con los gremios en medio de las negociaciones paritarias.
Las jurisdicciones que registraron la mayor cantidad de protestas callejeras en el período 2008-2013 fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando el 17% de los cortes, seguida de cerca por la Provincia de Buenos Aires, ambas con más de 900 manifestaciones.
En su informe anual, The Economist ubica a la Argentina entre los países con alto riego de protestas sociales. El índice se elabora con especial enfásis en las debilidades políticas e institucionales y señala que de los 150 países monitoreados existe un riesgo alto o muy alto de protestas durante 2014 para 65 de ellos, es decir el 43 por ciento.
Parte de la oposición está a favor y presentó proyectos
Parte de la oposición adhiere a la necesidad de sancionar un proyecto de ley que regule las protestas sociales, al punto que los diputados nacionales Darío Giustozzi (Frente Renovador-FR) y Federico Sturzenegger (PRO) presentaron sus propias iniciativas.
En el caso del proyecto presentado por el FR, se establecen ciertos lugares en los que se podrían desarrollar las manifestaciones y se prevé multas para las que se hagan fuera del marco regulatorio. En el proyecto presentado por Sturzenegger se fijan multas para quienes impidan el funcionamiento de ciertos servicios públicos, como el transporte, en la misma línea que el proyecto presentado por el oficialismo.
El legislador nacional por el PRO mencionó en el programa “Otro Tema” del canal de cable TN una estimación sobre los costos económicos que ocasionan los cortes de la vía pública en la ciudad de Buenos Aires.
Las proyecciones se basan, según el diputado, en “cuánto es el costo horario, cuántas horas se pierden y cuántos cortes hay”. Así, el costo de las protestas sociales entre 2012 y 2013 fue de $450 a $470 millones, de acuerdo con los cálculos citados por Sturzenneger.
Sin una tipificación clara
El derecho a la protesta está contemplado en la Argentina en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (art. 14 y 32) y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art. 20 ).
Pero, aunque puede existir una interpretación extensiva del art. 194 del Código Penal (que establece pena de prisión de tres meses a dos años por interrumpir el normal funcionamiento del transporte, de los servicios públicos o de comunicación), la protesta en la vía pública no está expresamente tipificada en el Código y en muchos casos su criminalización queda sujeta a interpretaciones, señala el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni en el libro ¿Es legítima la criminalización
de la protesta social?, editado por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública (CELE) de la Universidad de Palermo.
El Anteproyecto de Código Penal que elaboró una Comisión de expertos a pedido de la Presidenta aumenta a seis meses el mínimo de la pena, agrega como acción típica el resistirse con violencia al restablecimiento de los servicios públicos o de comunicación e innova al establecer que “en caso de impedimento o interrupción de servicios de transporte por tierra, agua o aire, el delito solo se configurará mediante desobediencia a la pertinente intimación judicial”.
En 2012, el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un acta-acuerdo de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas” que incluía 21 principios de regulación. El Estado afirmó, según un informe de 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que con esta iniciativa buscaba la protección de los derechos de los participantes de las protestas.
Las protestas y su regulación en otros países
Entre 2011 y 2012, se criminalizaron y se judicializaron en la Argentina a más de 4.000 personas, de las cuales el 31,6% pertenecía al sector sindical, muestra un informe sobre las protestas en el país del Equipo Nizkor, un organismo de derechos humanos especializado en estos temas. Casi la mitad de estos casos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires.
Las cifras del país, sin embargo, distan de acercarse a las de Chile, en donde sólo durante 2008 los aprehendidos por desórdenes públicos fueron 17.673. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Código Penal chileno establece la pena de reclusión mínima por “turbar gravemente la tranquilidad pública”, lo que aumenta la cantidad de detenidos por esta práctica.
Además, en ese país se encuentra vigente un decreto promulgado en 1983 por la dictadura de Augusto Pinochet que exige una autorización por escrito 48 horas antes de realizar una manifestación que establezca el lugar donde se organizará, el objeto de la manifestación y quiénes la organizan y participarán.
Se trata de requisitos muy similares a los exigidos por el proyecto que Kunkel acaba de presentar en la Cámara de Diputados, en el que además se establece que los manifestantes deberán designar a un delegado para la mediación obligatoria que se dispone entre los peticionantes.
En Latinoamérica los países que registraron mayor número de movilizaciones sociales colectivas durante 2010 fueron Bolivia, la Argentina y Perú, con más de 200 protestas en cada país. Las cifras surgen del libro La protesta social en América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Costa Rica, Chile y El Salvador registraron los índices más bajos (con 59 conflictos sociales al año).
En el caso de Perú, en donde la Defensoría del Pueblo registró 255 conflictos sociales activos hasta marzo de 2010, si bien no hay una reglamentación que se refiera directamente al derecho de protesta, suele criticarse el poder que ostentan las fuerzas armadas del Estado. La Policía Nacional y el Ejército tienen inimputabilidad de cargo y están autorizados a intervenir en “actos de terrorismo y violencia”.
En Brasil, por su parte, se encuentran frente al desafío que implica la organización del Mundial de Fútbol luego de la oleada de protestas sociales que tuvo lugar durante el desarrollo de la Copa Confederaciones en 2013. Ante esto, el gobierno de Dilma Rousseff impulsó la redacción de un proyecto de ley para limitar las protestas sociales en el espacio público.
Sin embargo, la organización Amnistía Internacional (AI) denunció que la nueva legislación propuesta sobre “alteración del orden” que se está debatiendo en el Congreso brasileño pone en peligro la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. “Ese nuevo ‘delito’ podría utilizarse para criminalizar a quienes asisten a manifestaciones”, concluyó AI en un comunicado.
Fecha de publicación original: 17/04/2014
Comentarios
"en Argentina las protestas se multiplicaron en los últimos años"... un 5%
Citan a The Economist... y hablan de legislación comparada, cuando a lo único que refieren es a un decreto de Pinochet...
Ay, la matriz liberal que mira el "alto riesgo de protesta social"!!!
palo y palo
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