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¿Qué dice el informe de la ONU sobre Venezuela que generó cruces en el Frente de Todos?

Flickr | CC - Alejandro Alarcon

15 Octubre, 2020 09:00 am | Tiempo de lectura: 4 minutos
15 Octubre, 2020 09:00 am
| Tiempo de lectura: 4 minutos

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • La semana última, luego de que el Gobierno nacional votara a favor del último informe emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en dicho país, se produjeron críticas dentro del oficialismo. 
  • La Misión de Naciones Unidas determinó que se cometieron crímenes de lesa humanidad en ese país. También advirtió que las autoridades políticas y militares sabían que se estaban produciendo asesinatos y detenciones.
  • La votación aprobó la renovación de la Misión del organismo internacional por 2 años más.

La realidad que vive Venezuela divide aguas en el debate público de la Argentina. La semana última, luego de que el Gobierno nacional votara a favor de la renovación de la Misión basado en las Conclusiones de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en dicho país, se produjeron críticas dentro del oficialismo y la ex embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, presentó su renuncia a la Embajada de Rusia.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela el 45º período de sesiones del Consejo. Las conclusiones fueron presentadas por la presidenta de la Misión, Marta Valinas.

Qué dice el informe que generó cruces dentro del Frente de Todos 

En la Resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. 

En el 45º período de sesiones del Consejo, celebrado entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre últimos, se presentaron las conclusiones de esa misión. Allí se describen violaciones a derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad venezolanas contra opositores políticos, militares y miembros de la sociedad civil. También advierte que las autoridades sabían de los asesinatos, torturas y tratos crueles, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que ocurrían desde 2014. 

La Misión utilizó como estándar de prueba los “motivos razonables para creer”. Aunque se trata de pruebas inferiores a las que se requieren en los procedimientos penales para sostener una acusación, “es suficientemente alto para indicar que se justifica la realización de ulteriores investigaciones”, explica el informe. 

Los integrantes de la Misión de la ONU no pudieron visitar el país ni reunirse con las autoridades políticas. En los primeros párrafos indican que se enviaron una serie de cartas y solicitudes al Gobierno, pero no obtuvieron respuestas. 

Entre sus conclusiones más importantes, la Misión explicita “que se han cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional”. También que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad

Represión política selectiva

De acuerdo con el informe, los principales blancos de las violaciones a los derechos humanos fueron personas públicas críticas del Gobierno venezolano. Entre las víctimas hay activistas sociales y líderes políticos al frente de las protestas, políticos de la oposición y disidentes militares acusados de rebelión, conspiración de golpes de Estado o de otro tipo.

La Misión confirmó que existió represión política selectiva sobre opositores políticos y personas relacionadas con ellos, ejercida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y sobre militares y personas relacionadas con ellos, perpetrada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). 

Advirtió que “se utilizaron las detenciones arbitrarias para atacar a personas por su afiliación, participación, puntos de vista, opiniones o expresión política” y que éstos no son casos “aislados o aleatorios”. Y destacó que en este punto hubo una agudización de la violencia desde 2017. 

De acuerdo con el documento de la ONU, las FAES se convirtieron rápidamente en la institución policial más letal en Venezuela, responsable del 64,5% de las muertes que la Misión examinó en 2019. Además, la Misión indicó que no ha podido localizar documentos oficiales u otra información de dominio público en relación con las FAES, incluidos los manuales de operaciones, desde su creación.

Falta de independencia del Poder Judicial

“Uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determinados por la Misión es la falta de independencia del Poder Judicial”, afirma el documento de la ONU, y describió cómo algunos jueces y fiscales han sido objeto de persecución penal a raíz de las decisiones que han adoptado

La Misión documentó casos en que miembros del Poder Judicial participaron, por acción u omisión, en la perpetración de violaciones de los derechos humanos. También casos de retrasos en los procedimientos judiciales, problemas en el acceso a la defensa, falta de independencia judicial y militares juzgados en tribunales civiles y civiles en tribunales militares. En los casos de militares, las autoridades judiciales se negaron a ordenar la investigación de las denuncias de tortura. 

¿Qué tipo de violaciones se cometieron en contexto de protestas?

El informe explica que se documentaron detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, muertes, violencia sexual y violencia de género en el contexto de las protestas. Los responsables de estos hechos, según indica, son funcionarios de las fuerzas de seguridad: el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y también “los colectivos”, grupos armados no estatales (civiles armados y pro gobierno). 

También confirman casos de tortura perpetrados por integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la agencia policial nacional más grande de Venezuela que se encarga de las investigaciones penales y los servicios forenses, y depende administrativamente del Ministerio del Interior. 

¿Existió un impacto diferenciado por género?

Las violaciones y los delitos analizados en este informe han afectado de manera diferente a las mujeres, las niñas, los hombres y los niños, debido a los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos previamente establecidos en la sociedad venezolana”, explica el informe. 

Los casos de violencia sexual que se analizaron ocurrieron durante manifestaciones, interrogatorios, detenciones de disidentes u oposiores y en operaciones de seguridad. La mayoría fueron perpetrados por funcionarios de la DGCIM y el SEBIN.

También se documentaron insultos homofóbicos y sexistas a detenidos por parte de las fuerzas de seguridad. 

¿Cuál fue la responsabilidad del Estado en estas violaciones a los derechos humanos?

De acuerdo con el informe, la Misión determinó que “tiene motivos razonables para creer que los mandos militares y los superiores políticos: 1) sabían que se estaban produciendo asesinatos y detenciones durante las operaciones y 2) sabían o aceptaban la alta probabilidad de que se produjeran estos actos fuera del marco de la ley”.

Se documentaron 62 casos en los que funcionarios gubernamentales de alto nivel anunciaron muertes y detenciones masivas como parte de los “resultados” de las operaciones, a veces mientras la operación aún estaba en curso o a las pocas horas de su conclusión. 

“Esto indica que tanto los sistemas de comunicaciones estaban funcionando como que las fuerzas de seguridad en el terreno informaron de los asesinatos y detenciones hasta el Ministro del Interior”, concluye el informe. 

El documento presentado por la ONU tuvo 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 en contra. La Argentina votó a favor. Con la aprobación, se renovó por 2 años el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para seguir investigando lo que ocurre en Venezuela.

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