Radiografía de la informalidad laboral en la Argentina
El INDEC publicó esta semana su informe trimestral sobre el mercado laboral, donde informó que la tasa de desempleo cayó casi un punto porcentual y el empleo se mantuvo. Sin embargo, si bien los datos del primer trimestre de 2015 de trabajo en negro muestran una caída con respecto al año último, la proporción de trabajadores en esta situación se mantiene por encima del 30% desde hace tres años, luego de una baja sostenida desde 2003, cuando afectaba a casi la mitad de la fuerza laboral (ver serie).
“La persistencia de una importante cantidad de trabajadores afectados por esta problemática convierte a la informalidad en el mayor desafío para la gestión de políticas públicas en los próximos años en materia laboral y productiva”, señala uno de los capítulos del estudio que publicó recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se abordan las características y determinantes de la informalidad laboral, entre otros aspectos, con aportes del Ministerio de Trabajo de la Nación, las CGT y CTA oficialistas, y la Unión Industrial Argentina (UIA).
Algunas de las principales conclusiones del estudio son:
- El conjunto de trabajadores informales se compone de: asalariados no registrados, trabajadores del servicio doméstico no registrados, trabajadores independientes informales (tanto patrones como cuentapropistas), independientes cautivos (es decir, aquellos cuentapropistas que trabajan para una sola empresa, aunque realicen aportes por su cuenta, ya que se los considera asalariados encubiertos) y trabajadores familiares sin salario.
- La informalidad (que considera al trabajo en negro no sólo dentro del sector asalariado) afecta mayoritariamente a los trabajadores por cuenta propia, donde la tasa de empleo no registrado alcanza al 64,4 por ciento. Por otro lado, entre los asalariados, que incluye al trabajo doméstico, el porcentaje es del 37%; y en el caso de los patrones, del 19,5% del total.
- La Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social realizada por el Ministerio de Trabajo en 2011 muestra que, si se consideran sólo las áreas urbanas relevadas, la provincia de Tucumán tiene el registro más alto de informalidad, con casi un 50% de los trabajadores en esa situación. Le siguen Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Por el contrario, la tasa de informalidad más baja se registra en la Ciudad de Buenos Aires.
- El trabajo informal presenta particularidades según sexo, edad y nivel educativo: es más alto en las mujeres que en los varones; afecta sobre todo a los jóvenes de hasta 24 años, quienes alcanzan una tasa que supera el 60%; y, por último, su incidencia disminuye a medida que aumenta el nivel educativo. Al mismo tiempo, impacta de mayor manera en los sectores de bajos ingresos.
- Según el informe, “el trabajo doméstico y la construcción son las ramas donde la informalidad es más elevada y llega a alcanzar valores superiores al 70%”. A continuación, siguen los servicios comunitarios, sociales y personales y el comercio, donde más de la mitad de los trabajadores son informales.
- Los establecimientos representan otro de los indicadores de informalidad, ya que a medida que aumenta el tamaño de las empresas, menor es el rango de informalidad. Aquellas empresas cuyos empleados suman más de cuarenta, la tasa de informalidad es del 8% frente a aquellas que no suman más de 5 empleados, que tienen una incidencia del 62% en la informalidad.
Sobre el amesetamiento de la tendencia descendente registrada entre 2003 y 2012, el informe señala que el Ministerio de Trabajo de la Nación impulsó medidas como la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, aprobada por el Congreso nacional en mayo de 2014, para abordar los aspectos que actualmente actúan como “barrera” para la formalización laboral.
Aunque el estudio no presenta datos con respecto al impacto de esta nueva normativa, los pilares que plantea la nueva ley son:
–Reducción temporal de contribuciones patronales para las micro, pequeñas y medianas empresas. Según la ley, las reducciones son progresivas según el tamaño de la empresa. En tanto, excluye a las firmas con más de ochenta trabajadores ocupados.
–Incentivos económicos para la formalización de trabajadores en las microempresas. Con la creación de un régimen permanente de contribuciones a la Seguridad Social para microempleadores.
–Fortalecimiento de la inspección laboral. Con la creación de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular y la de Investigación del Fraude Laboral.
–Creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Las empresas que permanezcan en este registro no pueden acceder a otros programas de fomento del Estado.
Esta nota contó con la colaboración de Catalina Ceparro.
Fecha de publicación original: 21/08/2015
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