Violencia narco en Rosario: ¿qué es el narcoterrorismo, la Ley Rico y la “guerra contra las drogas”?

Tras una serie de homicidios ocurridos en Rosario y amenazas al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (Juntos por el Cambio), la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo diversos anuncios, como la intervención de las Fuerzas Armadas en este conflicto y el envío al Congreso de una “ley antimafias”. Además, se refirió al “narcoterrorismo” y a la llamada “guerra contra las drogas”.

Pero, ¿a qué se llama “narcoterrorismo” y de dónde surge el concepto de la “guerra contra las drogas”? Además, analizamos la ley “antimafias” de los Estados Unidos y el alcance de las regulaciones sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior.

¿Qué es el “narcoterrorismo”?

En la conferencia de prensa del lunes 11 de marzo, la ministra Bullrich señaló, sobre la situación en Rosario: “Hoy ya estamos hablando de ‘narcoterrorismo’”. Y, sobre este punto, agregó: “Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena”. La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, también utilizó el término “narcoterrorismo”.

Pero, ¿a qué se refieren con ese concepto? El 13 de marzo de 2002, después de los ataques a las Torres Gemelas, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) definió al narcoterrorismo como un “subconjunto del terrorismo, en el que grupos terroristas, o individuos asociados, participan directa o indirectamente en el cultivo, la fabricación, el transporte o la producción de estupefacientes”. 

Y agregó: “Puede caracterizarse por la participación de grupos o individuos asociados en el cobro de impuestos, proporcionar seguridad, o de otro modo ayudar o instigar a los esfuerzos del tráfico de drogas en un esfuerzo por promover o financiar actividades terroristas”.

Sin embargo, el término ya había sido acuñado en Perú y Colombia en los años ‘80. “El término ‘narcoterrorismo’, utilizado como un equivalente de ‘narcoguerrilla’, comenzó a usarse en la década de 1980 en Perú para caracterizar a la organización Sendero Luminoso. Más tarde, fue adoptado para describir a las FARC colombianas. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ‘narcoterrorismo’ refiere a los actos de violencia -asesinatos, secuestros, bombardeos- cometidos por traficantes de droga para generar disrupciones que desvíen la atención de sus operaciones ilícitas”, señala este informe del CELS.

Y agrega: “El término ‘narcoterrorismo’ sugiere que existe una relación simbiótica entre 2 fenómenos, relación que la evidencia empírica pocas veces confirma. Al mismo tiempo, sobreestima la importancia que tiene el dinero del narcotráfico en el financiamiento del terrorismo”.

¿De dónde viene el concepto de la  ‘guerra contra las drogas’?

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, la primera vez que se utilizó el término “guerra contra las drogas” fue en 1971. Fue el presidente estadounidense Richard Nixon. Consiste en una política de persecución a la producción, el comercio y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas.

“Desde entonces, muchos gobiernos de todo el mundo lo han utilizado para reprimir a quienes consumen drogas y para reducir el narcotráfico. Estas campañas pretenden disuadir del consumo y la venta de drogas recurriendo para ello a duros castigos”, indica la organización Amnistía. Y continúa: “Cada vez existen más pruebas, en todas las regiones del mundo, de que la ‘guerra contra las drogas’ no hace disminuir ni el consumo ni la disponibilidad de las drogas. Por el contrario, socava los derechos de millones de personas, agrava los daños que entraña su consumo e intensifica la violencia asociada a los mercados ilegales”. 

El Índice Global de Políticas sobre Drogas es una herramienta elaborada por el Consorcio para la Reducción de Daños, una coalición de organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y el mundo académico, que compara las políticas referidas a drogas en 30 países del mundo, y asigna a cada país una puntuación que muestra qué proporción de sus políticas sobre drogas y de su implementación se alinea con los principios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos, salud y desarrollo. 

La Argentina se encuentra en la posición 19 de 30, por debajo de países como Noruega, el Reino Unido, Marruecos, Costa Rica, Senegal, India y Afganistán, entre otros. El puntaje es negativo en 2 aspectos: el uso desproporcionado del sistema penal para abordar temas de drogas y la ausencia de políticas de reducción de daños.

En 2023, expertas y expertos de la ONU pidieron a la comunidad internacional reemplazar el castigo con el apoyo y promover políticas que respeten, protejan y garanticen los derechos de todos y todas: “La ‘guerra contra las drogas’ puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas. Su impacto ha sido mayor en aquellas personas que viven en la pobreza, y frecuentemente se superpone con la discriminación dirigida a grupos marginados, minorías y pueblos indígenas”. 

¿Qué es la ley RICO?

En una conferencia de prensa junto con el ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobernador Pullaro, Bullrich dijo: “Estamos enviando al Congreso de la Nación la ‘ley antimafia’ o ‘antibanda’, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes. Como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas, como hizo la ley RICO de Estados Unidos, y luego (Nayib) Bukele [N. de la R.: el presidente de El Salvador] contra las maras: cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar”. 

RICO son las siglas en inglés de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión. Es una ley federal que fue sancionada el 15 de octubre de 1970 en los Estados Unidos. 

Como se explica en esta nota del New York Times, el ex presidente Donald Trump enfrenta cargos bajo la ley estatal RICO, de Georgia, inspirada en la ley federal. Sobre este tema, Michael Mears, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho John Marshall de Atlanta, explicó al medio estadounidense que la ley “permite a un fiscal perseguir al jefe de una organización, vagamente definida, sin tener que demostrar que ese jefe participó directamente en una conspiración o en cualquier acto que violara la ley estatal”, y advirtió: “Si eres fiscal, es una mina de oro. Si eres abogado defensor, es una pesadilla”.

“A pesar de su nombre y origen, RICO no está limitado a ‘mafiosos’ o miembros del ‘crimen organizado’, como se entienden popularmente esos términos. Más bien, cubre aquellas actividades que el Congreso consideró que caracterizaban la conducta de las organizaciones criminales, sin importar quién realmente las cometa. RICO se basa en otros delitos. Amplía las consecuencias civiles y penales por la comisión de otros delitos estatales y federales (también conocidos como delitos determinantes o actividad de extorsión), lo que convierte en delito ser un criminal, bajo ciertas circunstancias”, señala un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos.

En la Argentina, el Código Penal de la Nación contempla la figura de la asociación ilícita, que prevé penas para “el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. 

La militarización y los límites de la Ley de Seguridad Interior

Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el marco legal vigente, no pueden intervenir en tareas de seguridad interior. Para eso están las fuerzas de seguridad. Esto se desprende de 3 leyes aprobadas por el Congreso en las 2 décadas posteriores a la recuperación de la democracia: la Ley de Defensa Nacional (1988), la Ley de Seguridad Interior (1991) y la Ley de Inteligencia Nacional (2001).

Sin embargo, hay 3 supuestos contemplados en estas regulaciones en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir: 

-Mediante la creación de un Comité de Crisis, como ocurrió en Rosario, que solicite la ayuda. Esa intervención sólo puede ser en un rol logístico. “No pueden intervenir en las operaciones en sí mismas, no pueden llevar armas, ni hacer patrullajes, ni allanamientos, ni participar eventualmente de un intercambio de disparos. Sólo apoyan las operaciones de seguridad a través de recursos logísticos”, explicó a Chequeado Manuel Tufró, director de Violencia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

-Si hay alguna acción violenta dentro de una jurisdicción militar, como un ataque a un cuartel.

-“Si hubiera una amenaza armada de tal magnitud que supere el tipo de armamento que tienen las policías. Habría que declarar el estado de sitio y después podrían intervenir las fuerzas armadas. Una amenaza a la soberanía o al control territorial del gobierno de parte de un grupo armado que supere en su capacidad a las fuerzas de seguridad, cosa que no ocurre en Rosario”, explicó Tufró.

Pese a que las 3 leyes mencionadas anteriormente tienen más de 2 décadas de vigencia, el marco legal ha cambiado en los últimos años. La Ley de Defensa (1988) había definido que las Fuerzas Armadas intervenían en caso de una “agresión de origen externo”. Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) dictó en 2006 un decreto reglamentario de esa ley que estableció que una “agresión de origen externo” es “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”. 

En 2018, Mauricio Macri (Cambiemos) modificó ese decreto y estableció que el “ataque de origen externo” podía ser el ejército de un país extranjero, “pero también una red o un grupo de crimen organizado, siempre y cuando viniera del exterior (crimen organizado transnacional), con la idea de permitir por esa vía la intervención de las fuerzas armadas en algunas cuestiones domésticas. En ese momento se pensó para el control de las fronteras, algo que ya se había hecho durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, destacó Tufró. 

En 2020, Alberto Fernández (Frente de Todos) derogó el decreto de Macri y restituyó el de 2006, que aún está vigente.