Al menos 6% de los femicidios fueron cometidos por efectivos de seguridad y defensa

Un policía de la bonaerense, Danilo Acevedo, está acusado de haber matado a su ex pareja, Laura Gutiérrez. El caso no es excepcional: en lo que va del año hubo varios casos de femicidios cometidos por agentes de seguridad y defensa. Los datos de la Corte Suprema, de 2018, muestra que hubo 278 femicidios ese año, por los cuales hay 276 acusados. Y, al menos 18 de ellos pertenecían a una fuerza de seguridad o de defensa, el 6,5%. Sin embargo, la Corte advierte que el dato es inferior al que aparece en reportes periodísticos porque en varios casos la categoría de la ocupación aparece “sin datos” en los registros judiciales. Es decir que el porcentaje de miembros de fuerzas de seguridad involucrados en este delito es probablemente superior.

Los femicidios cometidos por fuerzas de seguridad “no son mayoría”, explicó a Chequeado Julián Alfie, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), pero sí son una porción importante de los femicidios cometidos con armas de fuego. De acuerdo con los datos de la Corte, de los 61 femicidios realizados con armas de fuego, en 11 casos estas eran reglamentarias, es decir de las fuerzas de seguridad. Representaron el 18% de los casos de femicidios cometidos con armas de fuego (el arma más utilizada es el arma blanca, en el 28% de los casos, seguidos por la fuerza física, el 27% de las veces y luego las armas de fuego, que representan el 23% de los casos).

“La responsabilidad del Estado en este caso es doble, ya que en muchos casos se trata de armas reglamentarias, es decir, armas que el Estado pone en manos de una persona para proteger a la población y termina siendo usada para cometer un femicidio”, agregó Alfie.

En 2012, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, implementó a través de una resolución que los agentes que están acusados de violencia de género, tienen que dejar su arma reglamentaria en el trabajo si hay alguna medida preventiva dispuesta por un juez en una causa de violencia de género. En la resolución, se explica que “la situación de violencia puede verse agravada por la tenencia, portación y transporte de las armas particulares y de dotación de dichos integrantes”. Es decir que ante una situación violenta, la presencia del arma puede empeorarla.

En esta línea, en junio último, el Senado aprobó un proyecto de ley que refuerza aquella resolución, y establece que el juez a cargo de una causa de violencia de género que tenga como acusado a un miembro de las fuerzas de seguridad o defensa, debe inmediatamente ordenar “el retiro del arma de dotación”. El proyecto ahora está a la espera de ser tratado en la Cámara de Diputados. De todas formas, se trata de medidas para las fuerzas federales, en las que se invita a las provincias a implementar regulaciones en este sentido para las fuerzas provinciales.