La excarcelación de Jaime, una decisión común

“La Justicia aceptó la apelación de Jaime y lo eximió de la prisión”, tituló Clarín, y agregó en la bajada que “lo dispuso la Sala I de la Cámara Federal, cercana al Gobierno”. Más allá de otros antecedentes de este tribunal, y de que los argumentos del fallo fueron inusualmente duros con el juez federal Claudio Bonadío, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal -integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah- suele fallar a favor de la excarcelación de los procesados. Es el caso del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, pero también de otros cientos de casos, según el buscador del Centro de Información Judicial (CIJ). Entre ellos, se encuentran ciudadanos que no ejercieron la función pública y que fueron procesados por la venta de inmuebles con documentos falsos, trata de menores de 18 años de edad y tráfico ilícito de estupefacientes. “Generalmente, cuando se imputa a un funcionario público y se lo procesa, están dadas las condiciones para dictar dicho procesamiento sin prisión preventiva. Esto es así porque los funcionarios o ex funcionarios imputados en la mayoría de los casos tienen domicilio establecido, un trabajo o fuente de ingresos, como así también un sinnúmero de garantías para aportar en caso de ser necesario. Con ello, se neutraliza el peligro de fuga y/o el entorpecimiento de la investigación. El fallo plenario de la Cámara de Casación Penal que determinó estos requisitos fue ‘Díaz Bessone’”, precisó el abogado penalista Martín Gershanik.