¿Qué cambió en el control del financiamiento de las campañas políticas desde 2007?

El juez federal Ariel Lijo procesó hoy a varios ex funcionarios por lavado de dinero en los aportes de la campaña electoral de 2007 que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a la Presidencia. El procesamiento señala que hubo $886 mil aportados  a la campaña del Frente para la Victoria por tres farmacéuticas: Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp, esta última de la mujer de Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez vinculado con el tráfico de efedrina.

Desde ese momento no hubo reformas estructurales del sistema de financiamiento político que impidiesen que este tipo de fondos volviesen a entrar en alguna campaña política. “El único cambio fue en 2009, cuando se prohibió que las empresas donasen durante las campañas electorales. Con esa modificación es más difícil aún identificar el origen de los fondos. Las empresas siguen donando a través de sus directivos, pero sólo aparecen los nombres y hay que investigar los vínculos con las compañías para saber de dónde pueden venir los fondos”, señaló Delia Ferreira Rubio, especialista en sistemas de financiamiento electoral y miembro de la organización Transparencia Internacional.

Otro de los puntos débiles del sistema es la poca capacidad de control por parte de la Justicia Electoral de los balances que presentan los partidos políticos, con sólo siete peritos dedicados a la tarea. Hoy, el presidente, Mauricio Macri, anunció una reforma política que enviará al Congreso e incluye, entre varios puntos, dotar de “medios adecuados [al cuerpo de contadores] (…) para impedir que la actividad política sea financiada en forma ilícita”.