Los juicios de la dictadura

Hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 38 años del golpe de Estado en 1976. Un repaso del avance de los juicios a los responsables en la Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, donde los procesos de castigo a los responsables fueron diferentes.

En la Argentina, los procesos de Justicia luego de la última dictadura comenzaron en 1983 con la formación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que entregó más de mil legajos a la Justicia para su investigación. En la primera etapa judicial se buscó condenar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Luego, en 1986 y 1987 se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, respectivamente, que frenaron los avances en este ámbito, y entre 1989 y 1990, el ex presidente Carlos Menem otorgó indultos a los condenados (aunque luego fueron declarados inconstitucionales).

A partir de 2001 hubo nuevos avances gracias a la postura de organismos internacionales como el sistema interamericano de Derechos Humanos y de la Justicia nacional, con la declaración de inconstitucionalidad de estas leyes, que luego fueron derogadas por el Congreso nacional en 2003 y finalmente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en 2005. A partir de entonces se reabrieron los procesos.

Hoy en la Argentina hay 520 condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, de los cuales sólo 71 tiene condena firme. Estos datos provienen del informe anual de 2013 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación.

De las 927 personas que están detenidas, no todas condenadas, la mayoría, el 62%, se encuentra en unidades penitenciarias, el 36% está en detención domiciliaria, y el porcentaje restante está en dependencias de las fuerzas de seguridad o en hospitales.

Según información recopilada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los delitos por los que la mayoría de los condenados fueron responsabilizados son privación ilegal de la libertad (29,5%) y torturas (26%). Les siguen los homicidios (17,5%), la apropiación de menores (7,5%) y los delitos contra la propiedad (7,5%), entre otros.

En la región

Chile
En el caso de Chile, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, señala que a 15 años de la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres en 1998, un punto considerado determinante en el avance de la Justicia, “existen alrededor de 1.350 causas de derechos humanos en trámite o bajo investigación contra más de 800 ex agentes de represión. A fines de julio de 2013, la Corte Suprema había resuelto 153 causas criminales, 140 de ellas con sentencias condenatorias”.

En cuanto a las penas, el informe señala que “serían aproximadamente 868 las personas encausadas desde 1998 en procesos de derechos humanos en calidad de procesados, imputados o condenados. Un tercio de ellos tiene por lo menos una condena definitiva en su contra, pero sólo un 30% de las sentencias definitivas impuestas desde 2002 son privativas de libertad”.

Y concluye que alrededor de 64 personas cumplen penas de cárcel, mientras 16 más “han sido, o deben haber sido, liberados de la cárcel entre 2002 y agosto de 2013 por haber cumplido sus sentencias o por medio de beneficios que implicaron su salida anticipada. Otra veintena de procesados ha pasado por prisión preventiva, si bien esta figura no es utilizada en forma estable sino por períodos cortos de cinco días, raramente renovados (suele ser concedida la libertad bajo fianza). De los 16 represores que estimamos ya liberados, nueve de ellos lo fueron por obtención de beneficios y siete por haber cumplido la totalidad de sus sentencias”.

Uruguay
En Uruguay, según aclara Lorena Balardini, coordinadora del área de Investigación del CELS, “la Ley de Caducidad no impidió del todo los juicios durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, aunque persistían trabas. Su anulación parlamentaria mediante la Ley 18.831 no tuvo los efectos deseados: si bien a julio de 2012 estaban en curso 138 causas, no se instrumentaron medidas estatales para organizar la investigación de estos delitos”.

Brasil
La situación brasilera también es descripta por el informe anual del CELS: “Aún es muy pronto para saber si Brasil convertirá su modelo de responsabilización abstracta, caracterizado por un proceso de reparación, memoria y verdad, en un proceso de responsabilización individual, que llevaría a un modelo de reparación, memoria, verdad y justicia. De todas maneras, es cierto que 2012 estuvo profundamente marcado por la consolidación de un escenario institucional en el que los movimientos sociales pro verdad y justicia y las comisiones de reparación conquistaron dos importantes aliados en la lucha a favor de la responsabilización por medio del establecimiento de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) y de la nueva posición institucional tomada por la Fiscalía Federal”.