Aranguren en Diputados: mirá sus frases chequeadas
El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, brindó un informe en la Cámara de Diputados sobre los aumentos de tarifas implementados por el Gobierno nacional y el impacto en el presupuesto. Allí, según consta en la versión taquigráfica, realizó diferentes afirmaciones acerca del estado de situación heredado y las políticas implementadas, y se defendió de las acusaciones de los diputados de la oposición por conflictos de interés al haber sido CEO de la empresa Shell Argentina.
Un chequeo a dos de sus frases y un hilando fino sobre qué dice la ley respecto de su posible incompatibilidad como funcionario:
– “Pasamos de entre 6 y 9 horas [de duración en los cortes de luz] en 2004 a entre 27 y 34 horas en 2015”.
VERDADERO
No hay un registro público sobre el total de interrupciones del servicio eléctrico, su duración o la cantidad de afectados. Sin embargo, Edenor SA, empresa distribuidora de la zona norte porteña y bonaerense, presenta datos sobre la calidad del servicio, que van en la misma línea de los dichos de Aranguren: desde 2004 a 2015 la duración de las interrupciones se multiplicó por cinco, pasando de cuatro a 20 horas.
A su vez, las quejas de los afectados crecieron notablemente. Entre 2003 y 2013 los reclamos por falta de suministro se multiplicaron 78 veces, de acuerdo con los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para las distribuidoras bonaerenses, y pasaron de representar el 22% de las quejas a ser el 90 por ciento.
Para más información, ver este chequeo.
– “Hoy 1,5 [millones de hogares] acceden a la tarifa social”.
VERDADERO, PERO…
El aumento de tarifas de gas a partir de abril incluyó la denominada “tarifa social federal”, para que determinadas personas (como beneficiarios de programas sociales y jubilados o pensionados que cobren menos de dos veces la jubilación mínima) tengan cubierto el 100% del consumo de gas y solo abonen los costos fijos. Hoy están alcanzados 1,5 millones de hogares, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Energía de la Nación.
Pero la existencia de inscriptos se explica por el aumento en el precio. Antes, “la energía tenía valores muy bajos porque el subsidio del Gobierno iba a la oferta de gas (a las empresas), lo que lo hacía muy barato para todos los consumidores y pocos pedían acceder a una tarifa diferente”, sostuvo en diálogo con Chequeado Víctor Bronstein, director del Instituto del Gas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Antes del incremento de abril, existía un registro de personas exceptuadas de recibir el aumento en el precio del gas, que se creó tras la quita de parte de los subsidios que realizó en 2014 el Gobierno nacional, con subas que fueron del 400% al 900 por ciento. Estaban incluidos quienes tuvieran ingresos menores a un salario mínimo y beneficiarios de planes sociales, entre otros sectores, y según las cifras oficiales había 270 mil inscriptos.
Para más información, ver este chequeo.
Durante la reunión conjunta de comisiones, Aranguren también fue consultado por su conflicto de interés con Shell, dado que él fue CEO de la filial argentina de la empresa antes de asumir como ministro de Energía y Minería, y de acuerdo con su declaración jurada de 2015 posee más de $16 millones de acciones en la filial internacional de la compañía.
A propósito de este tema, en este hilando fino (notas que en Chequeado no llevan calificación) el vocero de Aranguren contestó a este sitio que “el Ministro se excusa de firmar cualquier normativa en la que pueda tener algún interés la empresa Shell” y, por eso, “entiende que no hay conflicto de interés”.
Sin embargo, la Ley de Ética Pública señala que es incompatible para los funcionarios “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
En el caso de que el funcionario presente estas incompatibilidades al ser designado, la ley establece que debe “renunciar a tales actividades” para asumir el cargo y “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
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