Patricia Bullrich: “Mandamos de nuevo a 10 mil prófugos a la cárcel”

En medio del debate por el otorgamiento de prisiones domiciliarias a detenidos a raíz de la pandemia por el coronavirus, la ex ministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró: “Nosotros recuperamos y mandamos de nuevo a 10 mil personas que se habían profugado. Encontramos todo tipo de prófugos y los volvimos de nuevo a la cárcel”.

La frase es engañosa: si bien el número de prófugos recapturados mencionado por Bullrich coincide con los registros oficiales, en esa categoría se incluye a personas con situaciones procesales muy diferentes, muchas de las cuales están imputadas por delitos menores que no prevén penas de prisión y no requieren más que una notificación judicial.

Los números exhibidos por Bullrich se desprenden de los datos del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE) -que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación- presentados durante su gestión. De acuerdo con ese informe oficial, hasta el primer semestre de 2019 se había recapturado a 10 mil prófugos de la Justicia: 2711 durante 2016; 2787, en 2017; 2920, en 2018; y 1582, durante los primeros 6 meses de 2019. 

Pero ¿qué significa que una persona esté “prófuga”? Como se explica en esta nota de Chequeado, el concepto de “prófugo” no existe en el Código Procesal Penal de la Nación. “Una persona ‘prófuga’ es aquella que se profugó de la Justicia, que estando presa se fugó de la cárcel o que salió con algún tipo de salida transitoria y no volvió”, explicó Martín Verrier, consultor en temas de Seguridad y ex subsecretario de la Lucha contra el Narcotráfico entre 2015 y 2019.

En el mismo sentido, el fiscal Marcelo Romero, a cargo de la Unidad Funcional N° 6 de La Plata, señaló a este medio que prófugo “es aquella persona sobre la que pesa una orden de captura activa, dispuesta por autoridad judicial competente. Se anota en un registro y se comunica a múltiples organismos públicos, como laspolicías provinciales, las fuerzas federales de seguridad y la Dirección de Migraciones, entre otros”.

Sin embargo, el abogado penalista y ex profesor de la Escuela Superior de la Policía Federal Gabriel Iezzi agregó que “a veces hay pedidos de paraderos, inclusive por temas laborales, o comparendos, pero que sean personas declaradas en rebeldía no significa que todas sean potenciales presos”. 

Según la documentación en la que Bullrich basó sus dichos, el CUFRE (creado en 2016 e integrado por el Ministerio de Seguridad, las fuerzas de seguridad federales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) tiene como función “coordinar las acciones para lograr la recaptura de evadidos de las unidades penitenciarias, comisarías y hospitales en el territorio nacional, así como también en la captura de prófugos que están incorporados al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas actuando a pedido de la Justicia Federal, Nacional y Provincial en casos complejos que le fueran requeridos” (ver acá). 

En ese sentido, actualmente existen en el país 40.822 medidas restrictivas a la libertad ambulatoria emitidas por la Justicia, según el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). Si bien todas estas personas son consideradas “prófugas”, puesto que no se presentaron ante la Justicia, en muchos casos son buscadas por delitos menores como resistencia a la autoridad, falsa denuncia, tenencia de drogas para consumo personal, lesiones leves, daños, amenazas o calumnias.

En los casos en los que no se requiera la captura de la persona buscada, Romero señaló que “una vez habido, el individuo no es detenido, pero es trasladado compulsivamente ante la autoridad judicial que lo requirió. Esto se da en delitos que no admiten la detención o en notificaciones que necesitan la firma del imputado”. En el mismo sentido, el fiscal a cargo de la UFI N° 11 de La Plata, Álvaro Garganta, completó a Chequeado que muchos de esos pedidos se generan por “problemas de notificaciones, porque la persona no estaba en el domicilio o se mudó”.

Sobre el trabajo del CUFRE, el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Luis Morales, indicó a Chequeado que el Comando a cargo de su área “recibe una orden judicial para que una fuerza federal se encargue de realizar una captura”. 

Sobre los datos presentados por Bullrich, el funcionario aseguró que de las 10 mil capturas, “solo 407 fueron realizadas luego de una investigación y búsqueda” del CUFRE, mientras que el resto “son personas que cayeron por las alertas emitidas por diferentes organismos”. En ese sentido, ejemplificó casos de personas detenidas en controles de tránsito o en el ingreso a un estadio de fútbol, en donde se cruzaron sus datos personales con las bases disponibles. Siguiendo esa línea, sostuvo que actualmente -de los más de 40 mil pedidos de captura vigentes al Comando- sólo se le ordenó la intervención en 600, en su mayoría por delitos graves.

No obstante, ni las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación ni desde el entorno de Bullrich respondieron al pedido de Chequeado sobre la documentación que respalde el número y tipo de detenciones realizados por el CUFRE. Desde la cartera que conduce Sabina Frederic se excusaron al sostener que se trata de información sensible que contiene datos personales y de causas en trámite, mientras que colaboradores de la titular del PRO adujeron que, al dejar el cargo, no se quedaron con esa información.

Por lo tanto, si bien el número de prófugos identificados durante la gestión de Cambiemos es el correcto según los registros oficiales, en esa categoría se incluye a personas con situaciones procesales muy diferentes, muchas de las cuales no requieren más que una notificación judicial sin detención.

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