Del Caño: “Votaron una ley para permitir (…) que las empresas puedan poner dinero en las campañas electorales”

En una entrevista en CNN, el candidato presidencial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás Del Caño, habló de la polarización en las elecciones nacionales y de cómo afecta a su partido. “Intentan afectarnos disminuyendo nuestra voz. Ya lo hicieron votando una ley para permitir el financiamiento privado, es decir, que las empresas puedan poner dinero en las campañas electorales”, señaló. Esto efectivamente es así, la legislación se modificó en mayo de 2019 y permite el aporte de empresas, algo prohibido desde 2009.

Un repaso de los cambios normativos sobre financiamiento electoral

A mediados de mayo último, el Congreso sancionó una reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Uno de los principales cambios de la nueva norma es que habilitó el aporte de dinero por parte de las empresas durante el período de campaña, algo que estaba prohibido en la legislación anterior (sí podían aportar las empresas a los partidos políticos fuera de las elecciones). En su artículo 40, la nueva norma contempla que el financiamiento privado es “todo aporte, en dinero o en especie, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales”.

Desde 2009 y hasta la reciente reforma, los partidos sólo podían recibir dinero privado de individuos, aunque en muchos casos se utilizaban nombres de directivos de sociedades para encubrir aportes de empresas, como reveló esta investigación de Chequeado y luego validó la Justicia electoral. Las empresas sólo podían donar para el financiamiento ordinario de los partidos, pero no durante el período de campaña.

Con la nueva ley, aprobada hace tres meses, las empresas y los individuos pueden aportar en campaña, pero el monto no puede ser superior al 2% del total que recibe la agrupación para esa campaña política. Además, entre otras modificaciones, estableció la bancarización de los aportes y la prohibición del dinero en efectivo, una regulación sobre publicidad en las redes sociales y plataformas digitales y más fondos para la Justicia electoral, para que pueda controlar mejor los aportes.

“La reforma busca alentar la recaudación y declaración de aportes privados que son habituales, pero que no se rendían o se disimulaban porque no estaban permitidos”, señala un informe reciente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Aclara, sin embargo, que “este argumento no alcanza para justificar la asimetría entre empresas y organizaciones sindicales en este tema”.

Este fue uno de los temas que formó parte del debate parlamentario pero no logró incluirse. La nueva ley, al igual que la anterior, no permite el aporte de sindicatos a los partidos políticos, ni en campaña ni para el funcionamiento ordinario del partido. Fue uno de los pedidos del peronismo en el Congreso, pero fue rechazado por el oficialismo. También quedaron excluidas las asociaciones profesionales y patronales.

“El modelo más habitual permite las contribuciones de individuos y organizaciones, incluyendo tanto empresas como sindicatos. Algunos países, en cambio, sólo reconocen el derecho de aportar a los individuos tal como ocurría en nuestro país para las campañas. Éste es el modelo al que se ha volcado América Latina en los últimos años. Finalmente, los países que permiten los aportes de empresas y prohíben los de sindicatos son muy pocos”, señala el informe de Cippec.

La norma aprobada por el Congreso fue impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En el Senado la norma se aprobó con 48 votos afirmativos y resultó clave el apoyo a Cambiemos del Bloque Justicialista. En la Cámara de Diputados, el proyecto se aprobó con 148 votos afirmativos. Al apoyo del Justicialismo al oficialismo se sumó el bloque de Unidos por una Nueva Argentina, que responde a Massa.

La judicialización

Del Caño y Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentaron un amparo ante la Justicia federal con competencia electoral porteña, para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, dado que se aprobó después de que las elecciones hubieran sido convocadas, por lo que lo consideran un cambio de reglas en medio del proceso.

En el escrito presentado, los dirigentes del FIT cuestionaron que con la sanción de esa ley se afectaron derechos adquiridos por su partido para la campaña electoral de las elecciones de este año, la cual había sido convocada mediante el Decreto 343/2019. “Al sancionarse y promulgarse la Ley 27.504 con posterioridad al mencionado Decreto, se han modificado relaciones jurídicas ya existentes (…), violando el efecto no-retroactivo de las leyes”, señalaron ante la Justicia.

La causa tramita en el Juzgado federal a cargo de María Servini.