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Filmus: “Desde que asumió Macri se registran entre cuatro y cinco operativos represivos por mes”

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¿Qué significa?
La afirmación puede coincidir parcialmente con ciertos datos, pero -intencionalmente o no- ha sido manipulada para generar un mensaje en particular.

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15 Enero, 2018 | Tiempo de lectura: 4 minutos
15 Enero, 2018 | Tiempo de lectura: 4 minutos
Los datos disponibles coinciden con el cálculo mencionado por el diputado. Sin embargo, tres de cada cuatro operativos represivos estuvieron a cargo de fuerzas de seguridad provinciales, que dependen de los gobernadores y no del Ministerio de Seguridad de la Nación, que reporta al Presidente.

Antes de que finalizara 2017, el diputado nacional por Unidad Ciudadana y ex ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, citó una nota del diario Página 12 y sostuvo en su cuenta de Twitter: “Desde que asumió Macri se registran entre cuatro y cinco operativos represivos por mes”.

Si bien no existen datos oficiales públicos sobre los operativos de las fuerzas de seguridad, fuentes alternativas publican relevamientos sobre este tipo de hechos. Los datos disponibles coinciden con el cálculo mencionado por el diputado. Sin embargo, tres de cada cuatro operativos represivos estuvieron a cargo de fuerzas de seguridad provinciales, que dependen de los gobernadores y no del Ministerio de Seguridad de la Nación que reporta al presidente, Mauricio Macri. Entre las provincias con más operativos represivos, la mayoría son gobernadas por Cambiemos.

Desde la Secretaría de Seguridad de la Nación confirmaron a Chequeado que no existe un relevamiento específico sobre la intervención de las fuerzas de seguridad federales en protestas sociales.

Consultado por este medio, desde el sector de Prensa de Filmus señalaron que la fuente utilizada fue un informe del Centro de Economía Política (CEPA), que dirige Hernán Letcher, concejal de San Martín por Unidad Ciudadana. Según este documento, que no releva casos de la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner porque -según explicaron- aun no se había conformado el grupo de estudio y no cuentan con la información de esos años, desde enero de 2016 hasta noviembre de 2017 se registraron un total de “111 hechos represivos en distintos conflictos socio-laborales”.

Si se observa la cantidad de hechos por año, fueron 55 en 2016 y 56 en 2017. Esto significa un promedio de cuatro casos y medio por mes en 2016 y de cinco en 2017, aunque en este último año el relevamiento sólo llega hasta noviembre. El informe utiliza fuentes sindicales e información provista por el Ministerio de Trabajo de la Nación para las homologaciones y conciliaciones obligatorias en cada conflicto, y un relevamiento de medios gráficos y audiovisuales en el caso de las protestas. Chequeado verificó cada uno de los operativos incluidos en el informe con fuentes periodísticas.

El informe de CEPA que Filmus tomó como referencia, sin embargo, muestra que -al considerar la totalidad de los operativos federales y provinciales- la participación de las fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación en esta cifra no es significativa. Porque, de acuerdo con los datos del informe, un 73% de los operativos represivos fueron llevados a cabo por fuerzas provinciales y sólo en el 27% restante intervinieron fuerzas federales, y en casi la mitad de esos casos lo hicieron en conjunto con policías provinciales. También el informe le asigna a las policías provinciales el 78% de las detenciones en operativos y el 75% de los heridos.

En cuanto al ranking de las fuerzas que participaron en la mayor cantidad de operativos, durante 2016 y 2017 fueron la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería nacional, con 20 operativos cada una. La Policía de la Ciudad participó en diez y la Policía Federal Argentina, en nueve. Tanto la Provincia de Buenos Aires como la Ciudad están gobernadas por Cambiemos. Con seis operativos cada una le siguen Mendoza, cuyo gobernador es Alfredo Cornejo (Cambiemos), y Salta (Juan Manuel Urtubey -PJ-), Neuquén (Omar Gutiérrez -MPN-) y Santa Fe (Miguel Lifschitz -Frente Progresista Cívico y Social-), gobernadas por otras fuerzas políticas.

“Los delitos de orden público no están bajo la jurisdicción federal, salvo que se trate de una ruta nacional, un aeropuerto, o una institución nacional, como es el caso del Congreso”, señaló a Chequeado Diego Gorgal, especialista en seguridad y docente de la materia Política de Seguridad y Justicia de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), y agregó que por eso “el Gobierno nacional no es responsable de los operativos realizados por fuerzas de seguridad provinciales”.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) es la única que había relevado antes de 2016 este tipo de operativos. En 2013 presentó un informe sobre los primeros diez años del kirchnerismo y enumeró los operativos represivos de la protesta social. En ese listado incluyó “hostigamientos y aprietes, represión a través de patotas, represión por tierra y vivienda y represión en manifestaciones y movilizaciones de trabajadores”.

De sus datos se desprende que 2007 fue el año con más represión de la protesta de la primera década del kirchnerismo. Ese año Correpi contabilizó 81 operativos. En segundo lugar figura el año 2012, con 69 operativos. Hace algunas semanas, Correpi presentó un informe sobre los primeros dos años de Macri. De este relevamiento surge que en 2016 se produjeron 106 operativos represivos y en 2017 fueron 123, más que en cualquier de los años relevados de los gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner.

En febrero de 2016, la cartera que lidera la ministra Patricia Bullrich difundió un protocolo para regular la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. El texto, sin embargo, nunca se oficializó ni se publicó, es decir que no hay un acto oficial que dé cuenta de su validación.

“Sobre este tema hay poca información disponible. Para dar una respuesta objetiva sería necesario analizar y comparar más datos, de los que carecemos. En especial, conocimiento relevante que permita evaluar la respuesta estatal a la propia violencia institucional“, señaló a Chequeado Tobías Schleider, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

“Si bien durante 2016 las autoridades optaron en general por privilegiar la negociación, en 2017 recrudeció la violencia. Hubo hechos muy graves de represión y criminalización de manifestantes en diferentes zonas del país, con participación de fuerzas federales y provinciales y del sistema judicial”, señala un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Se nota, a partir de declaraciones públicas de los funcionarios, un cambio en el discurso oficial frente a la protesta social, que parece alejarse, en cierto modo, del diálogo y la mitigación de la conflictividad como objetivos primarios”, comparó Schleider.

Otra fuente disponible es el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, que realiza informes sobre conflictividad laboral y desde 2016 incorporó un relevamiento sobre represión en manifestaciones. Según su último relevamiento, publicado en diciembre de 2017, entre enero de 2016 y noviembre de 2017 se produjeron 144 operativos represivos en contextos de reclamos sociales. Esto da un promedio de 6,2 operativos por mes.

Tanto CEPA como el Observatorio de la CTA confirmaron a Chequeado que no tienen relevamientos anteriores a 2016 sobre operativos de represión de la protesta social.

Esta nota contó con la colaboración de Tomás Mark e Imanol Subiela.

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