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Oscar Parrilli: “Fue la actual Presidenta la que promovió la derogación del delito de calumnias e injurias”

La afirmación ha demostrado ser falsa, al ser contrastada con las fuentes y datos más serios y confiables.


FALSO
Esta gestión sólo eliminó la posibilidad de aplicar penas por este tipo de delitos en casos de "interés público", pero no derogó las figuras de calumnias e injurias. Según algunas organizaciones y expertos, ésto puede condicionar la libertad de expresión.

Nunca en la Argentina el periodismo tuvo tanta libertad y garantías para escribir y opinar lo que quiera y en cualquier medio de prensa. Ello es, además, uno de los logros mayores de todo el pueblo argentino en estos últimos diez años de gobierno, y hasta pueden mentir sin peligro de ser querellados penalmente, ya que fue la actual Presidenta la que promovió la derogación del delito de calumnias e injurias“, aseguró el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Es cierto que, en 2009, el actual gobierno impulsó la reforma del Código Penal (Ley 26.551) para despenalizar los delitos de calumnias e injurias. Sin embargo, la ley sólo eliminó la posibilidad de aplicar penas en casos de “interés público”. Pese a que tras la reforma no hubo condenas, sí se produjeron denuncias penales por estos delitos, y aún no fueron reformados los artículos del Código Civil que expertos en la materia consideran restrictivos para la libertad de expresión.

Por otra parte, la reforma del Código Penal de 2009 no fue fruto de la iniciativa del Gobierno nacional, sino una adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales a los que suscribe constitucionalmente, que le fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir de lo resuelto en el “caso Kimel”.

En 2008, tras ordenar al Estado argentino a indemnizar al periodista Eduardo Kimel y realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad estatal en ese caso, la Corte Interamericana resolvió: “El Estado debe adecuar en un plazo razonable su derecho interno a la CIDH, de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

La ley votada en 2009 por el Congreso Nacional modificó los artículos 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116 y 117 del Código Penal y derogó el 112 e incorporaron el 117 bis. La reforma eliminó la pena de prisión en casos de calumnias e injurias (aún persisten las multas económicas) y agregó en los artículos 109, 110, 111 y 113 que no se considerarán delitos las “expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”.

En el delito de calumnia, los cambios más importantes fueron la exclusión del honor de las personas jurídicas y la exclusión como delitos de las expresiones no asertivas (juicios de valor).

Respecto al delito de injurias, se eximió de responsabilidad a quien reproduzca información (en tanto ésta sea fiel y debidamente atribuida) y al que se retractase públicamente sin asumir culpa.

Un informe del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), que dirige el ex relator para la Libertad de Expresión de la CIDH Eduardo Bertoni, destaca que la reforma produjo un importante avance para la libertad de expresión, pero advierte sobre dos focos de tensión a la hora de llevarla a la práctica:

-que las figuras penales se siguen utilizando y funcionarios y personas públicas siguen iniciando querellas, incluso en cuestiones de interés público a pesar de la reforma;

-y que, pese a la reforma, no hubo hasta el momento un debate serio sobre la competencia del fuero federal para tramitar causas en las que participe, sea como querellante o querellado, un funcionario público del Gobierno federal.

Además, señala que “al no definir el concepto de ‘interés público’, deja un margen amplio de discreción a quienes deben interpretar su contenido y alcance”. Eleonora Rabinovich, especialista en libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), advirtió al respecto: “La reforma no despenaliza completamente y, en definitiva, siguen siendo los jueces los que tienen que evaluar el interés público involucrado en la causa”.

Los números

El estudio del CELE recopila las causas iniciadas por calumnias e injurias en los dos años anteriores y los dos años posteriores. Las causas por este tipo de delitos que involucraron a personas públicas o a cuestiones de interés público pasaron en ese lapso de 146 a 60 en la justicia ordinaria. En el fuero federal la cifra disminuyó de 41 a 15.

En los años previos a la reforma, el 4% de las causas terminaron en condena. Tras la despenalización de las calumnias e injurias en casos de “interés público” no se registraron causas que terminaran en condena. Sin embargo, al mismo tiempo, se redujo el número de sobreseimientos, pasando del 63% al 43% y el porcentaje de causas en trámite se duplicó.

Las querellas contra periodistas y medios siempre son un limitante en materia de libertad de expresión, especialmente porque suelen funcionar como una suerte de hostigamiento judicial y suelen traer como consecuencia efectos de autocensura”, señaló Andrés D’ Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado.com realizará hoy un Taller sobre periodismo y responsabilidad legal junto con el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE).

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