¿Sólo se juzga a los políticos cuando no están en el poder, como dijo Elisa Carrió?

“Quiero que en este país por primera vez no se juzgue a los funcionarios después de que caen en el poder”, dijo la diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió al salir de Comodoro Py luego de ratificar su denuncia contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien fue acusado de haber recibido dinero de un cambista brasileño que admitió pagar coimas en nombre de la constructora Odebrecht.

¿Qué dicen los datos?

Según un relevamiento de Chequeado, de 59 casos de corrupción de funcionarios públicos nacionales que ejercieron su cargo entre 1995 y 2016, casi el 60% de ellos fueron procesados o condenados por la Justicia Federal. Pero, de ese total, en la mayoría de los casos (91%) se trató de procesamientos o condenas que se produjeron luego de que el funcionario dejara de estar en funciones. Sólo en el 9% restante (tres casos) la decisión de la Justicia se produjo mientras los funcionarios estaban en su cargo.

Se trata de los casos del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, que fue procesado en dos oportunidades en las causas “Ciccone” y de falsificación de documentos públicos para la transferencia de un auto, y del ex titular del PAMI, Luciano Di Césare, procesado por haber comprado Letras del Tesoro con recursos del instituto nacional. Dos de estas decisiones fueron adoptadas por el juez federal Claudio Bonadio y la restante por Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4. Mirá todas las causas acá.

Los datos se desprenden de la lectura de los fallos publicados por el Centro de Información Judicial (CIJ) y de información de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que en 2016 lanzó el Observatorio de Causas de Corrupción, una plataforma digital que contiene información sobre más de 50 de las causas más relevantes de las últimas dos décadas, ya sea por las personas imputadas o por la gravedad de los hechos.

“Los números muestran que muchos funcionarios judiciales que hoy se muestran a favor de la lucha contra la corrupción han sido, por acción u omisión, históricamente complacientes con ella”, destacó a Chequeado Natalia Volosin, abogada y máster en Derecho de la Universidad de Yale (Estados Unidos), y agregó que esto no sólo ocurrió durante el kirchnerismo sino también durante las dos Presidencias de Carlos Menem entre 1989 y 1999.

En la misma línea, Fernando Bracaccini, coordinador del área de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas de la ACIJ, señaló a este medio que “estos datos permiten mostrar cómo es que ciertos patrones se repiten en la tramitación de las causas de corrupción, sin importar quiénes son los funcionarios involucrados o a qué gobiernos pertenecían”. Y, además, agregó: “Existe connivencia de la Justicia Federal con el poder político y los servicios de inteligencia median entre ambos poderes”.

¿Por qué se activa la Justicia? Según Volosin, además del cambio de gobierno, “los principales factores son la demanda ciudadana y la cobertura mediática de los causas de corrupción, que se retroalimentan entre sí, algo que se dio tanto hacia final de la gestión de Menem como de Cristina Fernández de Kirchner”.

La especialista concluyó al destacar que esto “también se da en todos los países en los que el Poder Judicial tiene una fuerte vinculación política, como sucede hoy en Brasil con los casos de la ex presidenta Dilma Rousseff y sus funcionarios”.

Este chequeo contó con la colaboración de Manuel Tarricone (@TarriconeManuel).