Martín Soria: “Esta Corte Suprema tiene 2 de sus jueces designados por Macri por decreto”
- El ex presidente de la Nación dictó en diciembre de 2015 un decreto de nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, pero ninguno de los 2 asumió “en comisión”, como establecía ese decreto.
- Rosatti juró como miembro del tribunal en junio de 2016 y Rosenkrantz, 2 meses después, una vez que se cumplió el mecanismo establecido en la Constitución: acuerdo votado por los 2 tercios del Senado en sesión. La aprobación contó con votos oficialistas y opositores, incluso de sectores del peronismo.
- El decreto de Macri generó resistencias, incluso dentro del propio gobierno de Cambiemos, y finalmente se recurrió al procedimiento de audiencias y acuerdo legislativo.
En una entrevista en Somos Radio, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de avanzar en una nueva conformación del Consejo de la Magistratura y criticó a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: “Esta Corte Suprema tiene 2 de sus jueces designados por [Mauricio] Macri por decreto”. La referencia de Soria a las designaciones de Rosenkrantz y Rosatti es engañosa.
Las críticas del ministro se dieron en la previa de la publicación del fallo de la Corte que dispuso el funcionamiento inmediato del Consejo con Rosatti a la cabeza, en línea con el fallo dictado por el máximo tribunal en diciembre, que declaró inconstitucional la conformación de 13 integrantes. El oficialismo criticó el arribo del presidente de la Corte al Consejo y lo calificó como un “golpe institucional”.
Si bien es cierto que en diciembre de 2015 Macri dictó un decreto mediante el cual dispuso el nombramiento de los 2 juristas “en comisión”, ninguno de ellos juró en su cargo hasta que obtuvieron el acuerdo del Senado de la Nación, como establece la Constitución nacional.
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Qué decretó Macri y cuándo asumieron Rosenkrantz y Rosatti
Cuando Macri asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2015, la Corte Suprema tenía un cargo vacante, por la renuncia de Raúl Zaffaroni, en diciembre de 2014. Y, un día después, el 11 de diciembre, se hizo efectiva la renuncia de Carlos Fayt, hecho que dejó al máximo tribunal con 3 integrantes: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
En su último año de gobierno, Cristina Fernández de Kirchner propuso 3 candidatos a ocupar esas vacantes. En primera instancia, en enero de 2015, al penalista Roberto Carlés. Y en octubre, ya conocida la dimisión de Fayt, retiró el pliego de Carlés y propuso a los abogados Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse. Ninguno de los 3 logró los consensos necesarios y sus pliegos no fueron siquiera tratados por el Senado.
El 14 de diciembre de 2015, a 4 días de su llegada a la Casa Rosada, Macri dictó el Decreto 83/2015, mediante el cual designó en comisión a Rosenkrantz y Rosatti como magistrados de la Corte. Se trata de una herramienta prevista en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución nacional, que le atribuye al Presidente la potestad de “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
La medida generó resistencias incluso dentro del propio Gobierno de Cambiemos y fue blanco de críticas de parte de especialistas. El decreto, incluso, fue judicializado: el 21 de diciembre, a una semana de su vigencia, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar en la que suspendió los efectos del decreto y ordenó a la Corte abstenerse de tomarles juramento.
Ante una vacante en el Poder Judicial, el Presidente “no puede elegir a su arbitrio entre cumplir con el mecanismo establecido por el artículo 99 inciso 4 [de la Constitución] y el Decreto 222/03 u optar por designar jueces en comisión”, explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y agregó: “Para apartarse del mecanismo normal, tienen que existir contextos de justificación razonables y proporcionados”.
Rosatti y Rosenkrantz no asumieron en comisión y finalmente se recurrió al procedimiento de audiencias y al acuerdo legislativo que establecen el Decreto 222/2003 -dictado por el ex presidente Néstor Kirchner- y la Constitución, respectivamente, algo que, de todas formas, estaba previsto en el artículo 2 del decreto de Macri que los había designado en comisión.
Rosatti juró como miembro de la Corte el 29 de junio de 2016 y Rosenkrantz lo hizo el 22 de agosto del mismo año, 6 y 8 meses después del discutido decreto presidencial, y una vez que se cumplió con el trámite establecido en la Constitución nacional: acuerdo de los 2 tercios del Senado. Su aprobación contó, necesariamente, con votos oficialistas y opositores, incluso del peronismo (ver abajo).
Chequeado preguntó al equipo de Soria por qué el ministro dijo que 2 jueces de la Corte fueron designados por decreto y esta fue la respuesta: “Es de público conocimiento, porque [el decreto] fue publicado en el Boletín Oficial”.
Respecto de la jura de Rosenkrantz y Rosatti posterior al acuerdo del Senado, en el equipo del funcionario nacional explicaron: “Lamentablemente, a la hora de comparecer ante el Senado [en sendas audiencias ante la comisión de Acuerdos] ninguno de ellos hizo mención alguna a sus designaciones irregulares por DNU”. N.d.l.R.: el decreto de Macri en cuestión es un decreto simple, no de necesidad y urgencia (DNU).
El Senado aprobó las designaciones por amplias mayorías
El 15 de junio de 2016, el Senado aprobó los pliegos de Rosenkrantz y Rosatti, en una sesión en la que, en ambos casos, se reunió el acuerdo de los 2 tercios de los senadores presentes, como lo dispone la Constitución en el inciso 4 del artículo 99.
El pliego de Rosenkrantz fue convalidado por 58 votos afirmativos, 12 negativos y 2 ausentes. Los rechazos pertenecieron a 10 senadores que integraban el bloque entonces llamado PJ-Frente para la Victoria: Hilda Clelia Aguirre (La Rioja), Ana Almirón (Corrientes), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Marcelo Fuentes (Neuquén), Virginia García (Santa Cruz), Nancy González (Chubut), María Ester Labado (Santa Cruz), María Inés Pilatti Vergara (Chaco), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) y Marina Riofrío (San Juan).
También votaron negativamente los entonces senadores Carlos Menem y Fernando “Pino” Solanas, que eran opositores al gobierno de Cambiemos y tenían sendos monobloques, por fuera del bloque PJ-Frente para la Victoria, que entonces presidía Miguel Pichetto, quien votó a favor de ambos pliegos.
El pliego de Rosatti logró una mayoría aún más amplia: fue convalidado por 60 votos a favor, 10 en contra y 2 ausentes. A diferencia del pliego de Rosenkrantz, en este caso Aguirre, Riofrío y Menem votaron afirmativamente mientras que Solanas y Jaime Linares (Frente Amplio Progresista-GEN) lo hicieron en contra.
Tanto Rosatti como Rosenkrantz obtuvieron el apoyo de al menos el 80% de los senadores; entre ellos, algunos integrantes del actual bloque oficialista, Frente de Todos: el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), Carlos Espínola (Corrientes), Silvina García Larraburu (Río Negro) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis).
Por lo tanto, la afirmación del ministro Soria, respecto de que 2 de los 4 miembros de la Corte fueron designados por decreto es engañosa, ya que aunque efectivamente el ex presidente Macri dispuso por decreto la designación “en comisión” de Rosenkrantz y Rosatti, ambos jueces asumieron sus funciones una vez que se cumplió con el proceso de audiencias públicas que prevé el Decreto 222/2003 y el trámite parlamentario establecido en la Constitución nacional: acuerdo de las 2 terceras partes del Senado, en una sesión pública convocada a tal fin.
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Fecha de publicación original: 20/04/2022
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