Qué cambia con la nueva Ley de Financiamiento Productivo

La Cámara de Diputados sancionó ayer la Ley de Financiamiento Productivo. Se trata de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en 2017 con el objetivo de “potenciar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y lograr el desarrollo del mercado de capitales local”. Para el oficialismo se trata de una iniciativa prioritaria, como lo destacó el presidente, Mauricio Macri, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo último. Pero, ¿para qué sirve y quiénes van a ser los principales beneficiados?

Uno de los principales ejes de la iniciativa es el financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Para ello, se crean y se modifican algunas herramientas financieras. La más destacada es la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”. Con ella “las PyMEs van a poder emitir una factura por un bien o un servicio a un tercero, y después ir al mercado financiero a cambiarlo por efectivo en el momento sin que esto perjudique su crédito”, explicó a Chequeado Leandro Mora Alfonsín, economista y director ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA).

“En la actualidad, cuando a una PyME le pagan con un cheque a 90 días pero necesita la plata ahora, va a un banco o al mercado secundario y lo descuenta, es decir que lo cambia por dinero en efectivo a costa de una quita porcentual sobre el valor de ese cheque. A mayor tasa de interés, mayor es el descuento”, agregó Mora Alfonsín.

Al respecto, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market y autor del libro Economía PyME, aclaró: “A partir de esta ley, el riesgo crediticio de la factura no será de la PyME sino del deudor”.

Por otra parte, la norma simplifica la emisión de obligaciones negociables (títulos de deuda que emiten las empresas) y también promueve el uso de los pagarés.

Según señalan los especialistas, las herramientas que crea la ley sirven para atender un problema de financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas del país. “Del total de crédito en manos del sector privado en 2016, un 18% fue tomado por las PyMEs. Estas empresas más chicas tienen dificultades para acceder a créditos financieros: más del 50% de las PyMEs se autofinancian, es decir que sólo reinvierten sus utilidades”, agregó Mora Alfonsín.

En la misma línea, Federico Mac Dougall, director en la consultora First Corporate Finance Advisors, señaló a este medio: “Antes una empresa industrial tenía mucho mayor acceso al crédito que una que hace software. Esta última puede facturar lo mismo o más, y ser más rentable, pero no tiene activos físicos en su balance para dar en garantía. Con este cambio se pasa de financiar patrimonios, es decir los bienes de capital que tiene una empresa, a financiar flujos o la capacidad de una PyME de generar dinero”.

Los cambios que trae la norma también se aplicarán a los créditos hipotecarios. La ley permite que los bancos adquieran fondos a través de la “securitización” de las hipotecas. Esto significa que los bancos pueden convertir esas deudas en títulos que se pueden comprar y vender en el mercado de capitales.

También en relación al mercado de capitales, la norma deroga un artículo de la ley de 2012 que permitía designar veedores de la Comisión Nacional de Valores con poder de veto en los directorios de las empresas que cotizan en Bolsa.

El proyecto que fue aprobado ayer, con votos de Cambiemos, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador y Evolución Radical que lidera Martín Lousteau, ya había pasado por Diputados y había sido aprobada. En esta oportunidad se confirmaron los cambios que se hicieron en el Senado.

En la Cámara alta se eliminó la exención del pago del impuesto a las ganancias a la compra y venta de acciones, para evitar que esta norma se contradiga con la reciente reforma tributaria. Además, el Senado modificó el mecanismo para designar al presidente de la Comisión Nacional de Valores y exigió que tenga el acuerdo expreso la Cámara alta.

“Esta ley da nuevas herramientas para que las PyMEs se financien a un corto plazo, aunque todavía van a persistir los problemas de financiamiento a mediano y largo plazo, un problema que tiene y va a seguir teniendo el mercado de capitales local por cuestiones políticas que no se cambian con una ley”, señaló Mac Dougall, quien también fue asesor externo durante la elaboración de esta iniciativa.

Por su parte, Mora Alfonsín añadió: “El proyecto crea herramientas que inciden positivamente en la micro de las empresas pero para que se luzcan debe acompañar la macro: si cae el consumo y la rentabilidad, si aumentan los costos o si se endurecen las condiciones de financiamiento por un elevado nivel de tasa, el impacto de estos nuevos instrumentos se ve limitado”.

Esta iniciativa, que formó parte del paquete de medidas que el Ejecutivo envió al Congreso en noviembre último, también busca mejorar la posición de la Argentina ante los inversores externos. Desde 2009 el país está clasificado como un “mercado fronterizo” por la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley Capital Investment (MSCI). El Gobierno nacional aspira a que próximamente ese status se modifique a “mercado emergente”, lo que atraería la inversión extranjera.

Frente a este panorama, Mac Dougall concluyó: “La herramienta suma para que se haga el cambio de clasificación pero también influyen la coyuntura global y local, que no son buenas”.