Qué impacto tiene el fallo de la Corte que pone el límite de 75 años de edad para los jueces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los jueces federales deben obtener un nuevo acuerdo del Senado una vez que cumplen 75 años o jubilarse. De esta manera, modificó una jurisprudencia de casi 18 años que otorgaba carácter vitalicio al cargo de juez y sentó un precedente para que se revise la situación de decenas de magistrados que continúan ejerciendo su cargo pese a haber superado la edad límite.

La Corte resolvió expedirse en el caso del camarista federal de La Plata Leopoldo Schiffrin y su resolución sólo aplica directamente a este magistrado. Schiffrin había obtenido sentencias favorables en primera instancia y en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que habían convalidado la jurisprudencia del caso “Fayt” de la Corte Suprema.

En 1994 se reformó la Constitución nacional y se estableció que los jueces de la Corte y los jueces federales de instancia inferiores permanecen en su cargo hasta los 75 años, momento en que deben obtener un nuevo acuerdo del Senado o jubilarse. Carlos Fayt, que había sido nombrado en la Corte en 1983, presentó un amparo para poder continuar en su cargo y en 1999 la Corte, con una composición completamente distinta a la actual, declaró nulo ese artículo de la Constitución y avaló la continuidad Fayt.

Desde entonces, los tribunales inferiores aplican esa jurisprudencia y habilitan a los jueces a continuar más allá los 75 años. Schiffrin tiene 80 años y fue nombrado en la Cámara Federal de La Plata en enero de 1988, mucho tiempo antes de la reforma, por lo que su caso es idéntico al de Fayt.

¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte?

En el caso “Fayt”, la antigua Corte había dicho que limitar la garantía de inamovilidad de los jueces no estaba en el Núcleo de Coincidencias Básicas que el Congreso había aprobado a través de la Ley 24.309 como artículos sujetos a reformar. Se trata del artículo 110 de la Constitución, que sostiene que los jueces “conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta”.

La Corte actual, con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, sostuvo en el fallo de ayer que lo que los convencionales constituyentes modificaron no fue la garantía de inamovilidad, sino la forma de designar magistrados, expresada en los artículos 75 y 99 de la Constitución, que refieren a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso. Estos artículos sí habían sido sujetos a revisión mediante la ley que declaró la necesidad de reforma. Según la Corte, la Constitución otorga a los jueces la garantía de inamovilidad, no la condición de vitalicios.

Maqueda y Rosatti, dos de los tres firmantes de la mayoría, fueron convencionales constituyentes en la reforma de 1994.

En su voto en disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz sostuvo el criterio que había regido hasta la actualidad: la Convención Constituyente no estaba habilitada para limitar la duración en el cargo de los jueces, por lo que se extralimitó en sus facultades. Sostuvo, además, que la jurisprudencia de “Fayt” funcionó de forma armónica durante casi dos décadas.

¿Qué ocurre con el resto de los jueces?

El fallo de la Corte sólo aplica al caso de Schiffrin. Sin embargo, es esperable que a partir de ahora los jueces de instancias inferiores comiencen a aplicar la nueva jurisprudencia frente a nuevos amparos u otras causas que se encuentren en trámite. Y si no aplican este nuevo criterio, una vez que llegue a la Corte se resolverá en sintonía con el precedente “Schiffrin”.

Sin embargo, no todos los magistrados que superan el límite de edad se encuentran en idéntica situación. Algunos magistrados tienen fallos judiciales firmes, con carácter de cosa juzgada, en los que se aplicó la jurisprudencia “Fayt”, por lo tanto este nuevo fallo no afectaría su derecho a continuar en el cargo. Esto sucedió porque en algunos casos el Ministerio de Justicia de la Nación no apeló fallos de instancias inferiores a la Corte.

El caso más reciente es el de la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, quien se abstuvo de votar en el fallo emitido ayer por el tribunal. Highton, que cumplirá 75 años en diciembre próximo, presentó un amparo a fines de 2016 para poder continuar en la Corte luego de superar la edad límite. El Ministerio de Justicia pidió a la Justicia que no se le aplicara la jurisprudencia del caso “Fayt” porque Highton había asumido en la Corte luego de la reforma constitucional. Sin embargo, el juez Enrique Lavié Pico concedió el amparo y el Ministerio decidió no apelar esa decisión, por lo que el fallo de primera instancia quedó firme.

¿Qué jueces están en esa situación?

Desde el Consejo de la Magistratura se difundió un listado preliminar de 27 jueces que se encontraban en una situación similar a la de Schiffrin. Sin embargo, ese listado incluye jueces que tienen amparos con sentencia firme para continuar en la Justicia, como la jueza federal porteña María Servini de Cubría.

También figura el camarista federal de la Seguridad Social Bernabé Chirinos, que en enero pasado oficializó su renuncia y que se hará efectiva a partir del 1° de abril. Entre otros magistrados del listado están el juez de la Cámara de Casación Penal, Pedro David; el juez federal con competencia electoral de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro; el camarista en lo Penal Económico Edmundo Hendler; y el camarista federal de La Plata Julio Víctor Reboredo.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación contestaron a Chequeado que “el Consejo de la Magistratura tiene una lista con 27 jueces que están observando ya que habrían pasado los 75 años y van a analizar cada caso puntual. Por el momento, no iniciaremos ninguna acción con respecto a eso, lo que no quiere decir que más adelante lo podamos hacer con algún caso puntual“, agregaron.

Si los jueces que están en esta situación no reciben un nuevo acuerdo del Senado, el fallo de la Corte podría generar la apertura de nuevas vacantes en el Poder Judicial de la Nación. En la actualidad, de los 979 cargos de jueces de la Justicia Federal y Nacional, 261 se encuentran vacantes y ocupados por subrogantes, según datos del Consejo de la Magistratura. Los subrogantes representan un 27% del total.