Imagen: Arturo Chomyszyn

Cumplida

Macri: “Impulsar la ley del arrepentido”

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El Congreso nacional sancionó en octubre de 2016 una norma que unificó toda la legislación que existía sobre “arrepentidos” e incluyó a los delitos de corrupción. En qué casos se utilizó.

En el debate presidencial de 2015, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció un paquete de medidas vinculadas a la lucha contra la corrupción y prometió: “Propongo que tengamos (…) ley del arrepentido”.

El Congreso sancionó en octubre de 2016 una norma que unificó toda la legislación que existía sobre “arrepentidos” y sumó a los delitos de corrupción. En qué casos se utilizó.

En octubre de 2016, el Congreso aprobó la Ley 27.304, conocida como “ley del arrepentido”. El Poder Ejecutivo Nacional había enviado su propio proyecto, pero finalmente la Cámara de Diputados impulsó un texto redactado por el bloque del Frente Renovador. El proyecto fue modificado en el Senado y luego volvió a Diputados, que aceptó los cambios de la Cámara alta.

Lo que establece la nueva norma es una reducción de penas para imputados en procesos penales que aporten información relevante sobre causas en las que se investiguen delitos complejos, como narcotráfico, contrabando, terrorismo, trata de personas, secuestros, asociación ilícita, delitos económicos y a los que se los suele enmarcar como delitos de corrupción (sobornos o enriquecimiento ilícito, entre otros).

La ley determinó, además, que los denominados arrepentidos deberán aportar información de sujetos comprometidos en delitos con pena igual o mayor a la del propio arrepentido. Y excluyó de la posibilidad de declararse arrepentidos a los funcionarios más importantes de la administración pública, los que son susceptibles de juicio político, es decir, el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

En las últimas semanas, se produjo un hecho relevante que fue consecuencia de esta ley. Alejandro Vandenbroele, sindicado como presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, se presentó ante el fiscal federal Jorge Di Lello y solicitó ser incluido en el Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia nacional. Pidió, también, declarar como arrepentido, lo que fue aceptado por el juez federal Ariel Lijo.

Vandenbroele no podría ser arrepentido en el caso “Ciccone” porque esa causa ya se encuentra en la instancia de juicio oral, pero sí en dos casos que aún están en la etapa de instrucción: la investigación por enriquecimiento ilícito contra Boudou, que fue el caso que llevó al ex vicepresidente a prisión; y la investigación por la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa.

En abril de 2016 se había presentado como arrepentido el financista Leonardo Fariña, pese a que aún no había sido sancionada la mencionada ley. Fariña realizó un acuerdo para aportar información en la causa por lavado de dinero conocida como “ruta del dinero K”.

Si bien no estaba vigente la “ley del arrepentido”, existían distintas leyes que contemplaban la reducción de penas para delitos complejos, como la llamada “ley de lavado”. Lo que hizo la nueva ley fue unificar todas esas legislaciones en una misma norma e incorporar otras figuras importantes, como los delitos contra la administración pública, conocidos como delitos de corrupción.

“Aun siendo perfectible, resulta una herramienta eficaz para la investigación de delitos de corrupción”, señaló en una nota en Infobae Javier Arzubi Calvo, fiscal federal a cargo de la UFI PAMI y ex secretario del juez federal Ariel Lijo. Y sostuvo, además, que la norma se utiliza más de lo que se percibe en la sociedad: “Seguramente en este momento hay numerosas investigaciones sobre distintos delitos que están utilizando la ‘ley del arrepentido’ pero (…) están sujetos a determinados plazos de recopilación y verificación de la información brindada”.

Otros especialistas consideran que la ley aún no es eficaz. “El imputado confiesa el delito, se autoincrimina y da toda la información relevante para la Justicia, sabiendo que seguramente será condenado; sin embargo, recién cuando se dicte la condena se va a enterar si le reducen la pena”, señaló en el blog Sin Corrupción Agustín Carrara, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), y además agregó: “En un país donde la Justicia penal es brutalmente ineficaz en casos de delitos económicos y las absoluciones son la regla, no es extraño que los casos donde hubo ‘arrepentidos’ puedan contarse con los dedos de la mano”.

Esta herramienta desencadenó la detención de decenas de políticos y empresarios en Brasil en el caso conocido como “Lava Jato”. En ese país, a la posibilidad de ser arrepentido se la denomina “colaboración” o “delación premiada” y, si bien el formato es similar al argentino, tiene algunas diferencias. Allí no sólo se puede obtener una reducción de condena, sino que el juez también puede determinar el “perdón judicial”, es decir, la extinción de la pena. Además, a diferencia de la ley argentina, el texto brasilero no impone ningún tipo de restricción a funcionarios para declararse arrepentidos.

 

CUMPLIDA: el compromiso de campaña se llevó a cabo en el plazo previsto.

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