Cuál es la situación en las residencias para personas mayores

El doctor Hans Kluge, director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo días atrás que, “de acuerdo con estimaciones de los países de la región europea, hasta la mitad de quienes murieron por COVID-19 eran residentes de instalaciones de cuidado a largo plazo”, centros conocidos popularmente como geriátricos o asilos.

En la Argentina, por su parte, en la última semana se empezaron a registrar casos de contagio y de fallecimientos de personas mayores en este tipo de residencias. Pero, ¿cuántas personas viven en estos centros en nuestro país? ¿Qué medidas se están tomando para atender a esta población de riesgo del coronavirus? A continuación, más datos para entender la problemática en el ámbito local.

El censo nacional de 2010 (último disponible) identificó 3.584 residencias de larga estadía para personas mayores, concentradas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires (1.304), Córdoba (524), la Provincia de Buenos Aires (505) y Santa Fe (475).

“Según proyecciones, hoy las personas mayores [N. de la R: a partir de 60 años] representan el 15,4% del total de la población y, de ellas, alrededor de 1,9% vive en residencias”, explicó a Chequeado Mariana Liz Rodríguez, comunicadora, gerontóloga y una de las fundadoras de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria.
Teniendo en cuenta esta aproximación y las proyecciones de población del INDEC para 2020, alrededor de 135 mil personas mayores vivirían en residencias.

En los últimos días, se registraron casos de coronavirus en al menos 5 residencias de la Ciudad de Buenos Aires, y también en centros de Paso el Rey (Moreno, Provincia de Buenos Aires), Saldán (Córdoba) y Rosario (Santa Fe).

Según informaron a Chequeado desde el PAMI, esta obra social que atiende principalmente a jubilados y pensionados, tiene 5 residencias propias -4 en la Ciudad de Buenos Aires y una en Casilda, Santa Fe- y firmó convenio con 564 residencias privadas. Allí viven alrededor de 22.500 personas mayores.

Días atrás, cuando se identificó el contagio en el Instituto Geriátrico San Lucas, ubicado en el barrio porteño de Parque Avellaneda, PAMI trasladó a sus afiliados alojados en ese lugar a otras dependencias. Entre ellos, 8 personas dieron positivos al test de COVID-19 y una de ellas falleció, según comunicó la entidad.

El instituto liderado por Luana Volnovich creó protocolos de acción para las residencias donde viven sus afiliados, que deben ser respondidos por ellas con una declaración jurada.

Este tipo de residencias de larga estadía están reguladas por legislaciones locales: tanto la Provincia como la Ciudad de Buenos Aires tienen sus respectivas leyes. Además, cada una emitió sus respectivos protocolos para el cuidado en las residencias (ver acá y acá).

El distrito gobernado por Axel Kicillof (Frente de Todos) cuenta con 1.002 geriátricos habilitados que poseen 32.036 camas, de acuerdo con la información otorgada a Chequeado por el gobierno bonaerense.

Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia, la Dirección Provincial de Fiscalización Sanitaria, que depende de la misma cartera, realiza inspecciones semanales en establecimientos de salud, y según las denuncias que reciben vía correo electrónico o llamado telefónico [N. de la R: la información de contacto es: 0221-4292840, dprfiscalizació[email protected]].

Este medio se comunicó con la cartera de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para conocer mejor la situación de las residencias en el distrito y las medidas que se adoptaron, pero al momento de la publicación de esta nota no recibió respuesta.

“En las residencias el costo más importante es el recurso humano, por eso hace tiempo que está en niveles mínimos indispensables. Con la cuarentena esto se vio más limitado, porque trabajadores dejaron de trabajar; por edad o alguna condición física ellos son considerados también población de riesgo”, explicó a Chequeado Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

El especialista agregó que, “además, se impidió el acceso de los familiares a estos centros, que normalmente funcionan como ‘rueda de auxilio’, ayudando en distintas tareas como en la ingesta de los postrados”.

Para Semino, los trabajadores -que generalmente cumplen turnos en distintos centros- vieron disminuido su acceso a insumos para protegerse, por los sobreprecios y el aumento de la demanda. Por ello, él recomienda a los gobiernos locales que hagan testeos periódicos al personal y a los residentes de estos centros para detectar de manera temprana los casos asintomáticos.

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