Coronavirus: en la Ciudad lo rechazó, pero en Nación el Frente de Todos otorgó discrecionalidad presupuestaria

El Gobierno nacional publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el 10 de mayo último en el que otorga al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, la potestad durante 2020 de modificar sin límites el presupuesto nacional que guarde relación con la emergencia sanitaria, así como también lo faculta para reasignar los fondos de los gastos reservados y de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Este DNU obtuvo dictamen favorable en la Comisión Bicameral del Congreso -que se encarga de debatir la validez de este tipo de decretos- gracias a los votos positivos de los legisladores del Frente de Todos. Más allá de la crítica de especialistas, el DNU muestra una contradicción respecto de la posición del Frente de Todos a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de Buenos Aires.

“La emergencia no es excusa para la concentración de poder en el Ejecutivo. El otorgamiento de superpoderes al Jefe de Gabinete a través de un DNU implica una delegación de facultades propias del Congreso. Nadie puede delegar el poder que no tiene”, explicó a Chequeado Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. Lo mismo criticaron varios diputados opositores (ver acá y acá).

Además de especialistas como Ferreira Rubio, el propio Frente de Todos había tenido un planteo crítico semanas atrás, cuando se aprobó una ley en la Ciudad que le otorga mayor libertad presupuestaria al Poder Ejecutivo porteño liderado por Horacio Rodríguez Larreta (Vamos Juntos). En ese momento, los 17 legisladores del Frente de Todos votaron en contra de la ley y en Twitter el partido criticó la “discrecionalidad” que se le otorgaba al funcionario.

El Frente de Todos criticó la discrecionalidad en la Ciudad antes de que saliera el DNU en Nación

La ley porteña, votada el 7 de mayo último, permite al Jefe de Gobierno porteño reasignar recursos durante 2020 de “programas creados por leyes específicas” para “reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia sanitaria”, quedando excluidos programas que otorguen beneficios sociales o que se desarrollen en “las áreas de salud, educación y desarrollo humano”. En este caso, se aprobó también una comisión especial de seguimiento en la Legislatura.

“Rechazamos el proyecto de emergencia de Larreta porque le concede altos grados de discrecionalidad al Poder Ejecutivo y no contempla las necesidades de los sectores más afectados por la pandemia”, publicó el Frente de Todos de la Ciudad en Twitter. Además, también criticó que “no especifica a dónde irán los recursos”.

Esa cuenta de Twitter también comunicó que presentaron un proyecto alternativo con “mecanismos de control adecuados para garantizar la transparencia”. Diversos legisladores del Frente de Todos -como Ofelia Fernández o Javier Andrade– también publicaron una imagen en la que sostienen que proponen la “incorporación de una auditoría especial de todas las compras y contrataciones”.

Sin embargo, nada de esto está especificado en el DNU que publicó la Nación y en el que también se le otorgan superpoderes al Poder Ejecutivo Nacional durante 2020. En este caso, al Jefe de Gabinete de Ministros.

Críticas a la centralización de poder

Sobre el DNU nacional, Ferreira Rubio aclaró a Chequeado que “es el Congreso de la Nación el encargado de aprobar el presupuesto” y que “la Ley de Administración Financiera estableció un claro límite para una flexibilización que puede ser necesaria para la correcta administración del Estado”, como se explicó en esta nota. “La derogación del límite de intervención del Jefe de Gabinete transforma al Congreso en un mero actor de reparto en el escenario institucional del país”, sostuvo la especialista.

“De forma similar a lo que desde ACIJ planteamos respecto a la decisión de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de conceder facultades extraordinarias sin limitaciones adecuadas en favor del Jefe de Gobierno, esta iniciativa plantea desafíos y problemas que deben ser advertidos”, destacó la asociación civil en un comunicado en el que criticó el DNU de Nación. En este sentido, ACIJ criticó que, “con sus particularidades, ambos casos demuestran la necesidad de equilibrar los roles que los poderes ejecutivos y los órganos de representación plural deben tener en estos contextos”.

En la misma línea, el Colectivo de Gobierno Abierto que integran más de 20 asociaciones, fundaciones y ONG, emitió un comunicado donde sostienen que el “funcionamiento efectivo” de los poderes Legislativo y Judicial “resulta vital para que las respuestas a la pandemia se ajusten a parámetros democráticos”.

Pidieron al gobierno nacional, así como a los provinciales y municipales, que “enfrenten la pandemia y la recuperación en los meses venideros de una manera abierta, transparente y participativa”, garantizando el acceso a la información pública, el pleno funcionamiento -por vías remotas de ser necesario- de todas las instituciones públicas y remarcaron “el necesario control democrático sobre las medidas que toman los poderes ejecutivos en esta situación de emergencia”.

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