¿Qué es el Acuerdo de Escazú sobre asuntos ambientales?

Hoy es el Día de la Tierra y la mirada internacional está puesta en lo que ocurra en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para incrementar la ambición en la acción ante el cambio climático. De los 40 jefes de Estado invitados, sólo 6 son de América Latina y el Caribe: la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Jamaica y México. De este grupo, sólo la Argentina, México y Uruguay ratificaron el Acuerdo de Escazú, contribuyendo a que hoy entre en vigencia.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Trabajado durante 16 años, el acuerdo regional busca dar garantías en 3 ejes: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia, todo ello en asuntos ambientales.

En septiembre de 2018, se inició el proceso que convocaba a los países a la firma del Acuerdo. Tras la firma, cada país debía ratificarlo a través de sus Congresos. Tal como establece en sus páginas, a los 90 días de conseguidas las ratificaciones de 11 países, el Acuerdo entraría en vigencia. Hoy se cumplen esos 90 días. El Acuerdo inicia su implementación con 12 países ratificantes de los 33 de la región. Costa Rica y Chile, que impulsaron el proceso, son los destacados ausentes.

La puesta en vigencia del Acuerdo de Escazú marca el inicio de la disponibilidad de una herramienta al servicio de la ciudadanía ante asuntos ambientales, en una región que, por múltiples motivos, la necesita.

La región más peligrosa para los defensores ambientales

Según la organización Global Witness, a través de su reporte Defender el Mañana de julio de 2020, América Latina es la región más peligrosa para las personas que defienden el ambiente. De los 212 defensores ambientales asesinados por las causas que defienden durante 2019, más de dos tercios correspondieron a la región latinoamericana. Colombia, Brasil, México y Honduras ocuparon el primer, tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente, en el listado de asesinatos. Sólo en la región amazónica se registraron 33 muertes. En Honduras, los asesinatos aumentaron de 4 en 2018 a 14 en 2019.

Desde que la organización inició los registros en 2012, América Latina fue la región más afectada. Entre las actividades ante las cuales se defiende el cuidado de la tierra, se encuentran la minería, las agro-empresas y la tala.

Este ha sido uno de los principales motivos que esgrimieron las organizaciones de la sociedad civil para exigir un acuerdo como el de Escazú. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), encargada de la organización del Acuerdo, lo considera como único en su tipo a nivel mundial al consagrar la protección de los defensores y los derechos humanos en asuntos ambientales.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece que “cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. Y ante ataques, amenazas o intimidaciones, “cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar”.

“Es complejo ver al Acuerdo de Escazú como la salvación”, manifestó el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, y argumentó: “El Acuerdo podría ayudar, pero no sé si será suficiente. Más que otorgar derechos humanos, genera instrumentos para que se los proteja”.

El acceso a la información y la participación pública

“La información y la participación serán los 2 elementos claves para nosotros, los jóvenes”, advirtió Nicole Becker, activista climática de Jóvenes por el Clima.

¿Qué herramientas otorga el Acuerdo en esos 2 ejes? Por un lado, que los ciudadanos pueden pedir información en asuntos ambientales -por ejemplo sobre un área contaminada, el uso de los recursos naturales, informes de evaluación de impacto ambiental- a las autoridades competentes sin mencionar motivo y recibirla como máximo a los 30 días.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) incluyó el Acuerdo de Escazú, previo a su puesta en vigencia, en los considerandos argumentativos de su solicitud de información a la petrolera YPF sobre los impactos ambientales de Vaca Muerta. El fallo, dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, a cargo Cecilia de Negre, resultó favorable para la organización en julio de 2019. El tribunal resolvió que la empresa “no podía negar información de indudable interés público”.

Por otro lado, a través del Acuerdo de Escazú, los ciudadanos deberán tener garantizado el derecho de participar en los procesos de toma de decisiones vinculados a proyectos y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente o, incluso, cuando puedan afectar la salud humana.

Esa participación debe incluir el informar a los ciudadanos sobre el proyecto o actividad en cuestión y el garantizar que presenten observaciones. Si el público directamente afectado habla idiomas distintos a los oficiales, se tendrá que facilitar su comprensión y participación.

La activista climática reforzó la necesidad de que el Acuerdo se dé a conocer a la ciudadanía: “Tenés que conocer el Acuerdo para poder exigir su cumplimiento. No podemos permitir que sea un acuerdo que no se cumpla”.

Entrada en vigencia y países ausentes

“A partir de hoy, el Acuerdo se implementa, se pone en marcha”, enfatizó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, organización que acompañó el proceso de trabajo. El abogado señaló que, por ejemplo, en la Argentina, con 24 jurisdicciones, quizás sea preferente crear un organismo u oficina para coordinar una implementación federal o que, incluso, se conforme una organización mayor en la región para ayudar a que los países lo implementen mejor.

En el caso de que, a través de los órganos internos de cada país, no se pueda resolver una situación contemplada en el acuerdo -por ejemplo, no poder acceder a determinada información en asuntos ambientales-, se tendrá que realizar una demanda ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que no será judicial ni punitivo, pero sí examinará el cumplimiento del Acuerdo.

La celebración de hoy por la entrada en vigencia estará acompañada del reclamo de la sociedad civil ante los países que aún no lo han ratificado ni firmado. Costa Rica fue uno de los países que lideró el proceso de trabajo (incluso el Acuerdo lleva el nombre de la ciudad de su territorio donde se adoptó); pero, habiéndolo firmado, aún no lo ratificó. Esta última semana hubo idas y vueltas en su Congreso en lo que hubiera sido el primer paso para su ratificación y terminó con mayor oposición que aceptación.

Sofía Hernández, activista de Friday´s For Future Costa Rica y Escazú Ahora Costa Rica, explicó por qué considera relevante que su país acelere la ratificación del Acuerdo: “Costa Rica es conocido por ser líder en derechos humanos y ambiente. Aún así, necesitamos que se garantice mayor protección a las comunidades indígenas frente a los intereses de ciertos sectores. No ratificar el acuerdo es un vacío”.

Chile también fue impulsor del Acuerdo. Aún no lo firmó y el gobierno nacional manifestó en reiteradas oportunidades que no lo hará. “Es un caso paradigmático. Refleja el doble estándar de Chile en material ambiental”, señaló Manuela Royo, abogada y miembro del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), y agregó: “Existe una decisión política de no firmarlo, incluso han dicho que es una afectación muy importante a los derechos humanos. A nuestro juicio, ello obedece a presiones del empresariado”. Si bien la decisión de firmar un tratado es exclusivamente del presidente, Royo aseguró que continuarán trabajando para que se avance en el proceso.

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