Subsidios: qué son, cuáles son los más importantes y cuánto dinero les destina el Gobierno

Última corrección: 26/09/2023.

Uno de los grandes temas de debate en los últimos años en la Argentina es el uso y destino de los subsidios por parte del Gobierno nacional. 

Pero ¿qué son los subsidios, a qué actividades alcanzan y qué peso tienen en la economía argentina? Te lo contamos en esta nota. 

Qué son los subsidios

Santiago Bulat, economista y socio de la consultora Invecq, dijo a Chequeado que “un subsidio puede ser definido como cualquier asistencia o incentivo gubernamental hacia sectores privados, respecto de la cual el Gobierno no recibe a cambio compensación equivalente”. 

El economista sostuvo que los subsidios incluyen beneficios a un productor de bienes o servicios para que obtenga ganancias que no hubiera percibido en un mercado competitivo (subsidio a la producción), y beneficios a los consumidores, quienes pueden recibir bienes y servicios a un valor inferior al real (subsidio al consumo). 

Por su parte, en este trabajo, Francisco Pizzi y Alberto Porto, economistas del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), señalaron que los subsidios son “un instrumento de política económica dirigido a mejorar el salario real y la distribución del ingreso”, pero advirtieron que “provocan problemas para el diseño de la política fiscal dado que deben financiarse con mayor presión tributaria y/o deuda y/o emisión monetaria”.

Qué subsidios existen en la Argentina 

Los subsidios más comunes que existen en la Argentina son aquellos destinados a abaratar el acceso a los servicios públicos, como la electricidad, el gas, el servicio de agua y cloacas y el transporte. En conjunto, estos representaron el 95% del total de los gastos en subsidios en 2022. 

Todos estos casos son subsidios a la oferta, dado que el Estado le asigna fondos a una empresa para que no aumente las tarifas. Esta modalidad se diferencia del subsidio a la demanda, que consiste en la entrega del dinero directamente a las personas. 

Fernanda Villafañe, analista del área de Economía del think tank Fundar, indicó a Chequeado que, “en la Argentina, los subsidios a la electricidad, gas y transporte son generalmente progresivos y pro-rico (es decir, cuando en términos absolutos se concentra en estratos de mayores ingresos)”. 

Pizzi y Porto señalan en su trabajo que los subsidios se aplican en la Argentina desde hace más de 75 años. No obstante, el esquema actualmente vigente surgió en 2002, a partir del congelamiento de tarifas dispuesto por la Ley de Emergencia Económica luego de la salida de la convertibilidad (que devaluó el peso y encareció los servicios). 

Rafael Flores, vocal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), dijo a este medio que una definición ampliada de los subsidios también contempla otros gastos, como la inversión social (planes sociales y alimentarios) o los gastos tributarios (exenciones impositivas, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego o el impuesto a las Ganancias por parte del Poder Judicial). 

Por su parte, Jimena Calvo, coordinadora del área de Economía de Fundar, comentó a Chequeado que, si bien las exenciones impositivas no son propiamente un subsidio, “funcionan como incentivo al sector privado”, y señaló que, “más allá de que en muchos casos tienen fundamentos sólidos, los gastos tributarios aumentan el riesgo de decisiones discrecionales, generan costos de eficiencia, pueden ser regresivos y sus efectos positivos sobre la inversión no siempre están claros”. 

El peso de los subsidios en la Argentina

La ASAP publica mensualmente informes que dan cuenta de los fondos que el Gobierno destina a subsidios, considerando -según las normas fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI)- todas las transferencias para financiar gastos corrientes de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado. Se trata, en este caso, únicamente de subsidios económicos. 

En esta conceptualización se incluyen no sólo los subsidios a los servicios públicos, sino también las transferencias a empresas -como el Correo Argentino-, el dinero destinado a fondos especiales -como el del Programa Nacional de Manejo del Fuego- y los gastos que demandó el programa Previaje, entre otros. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) utiliza este mismo criterio, que no contempla los subsidios sociales o los gastos tributarios. 

De acuerdo con los datos de la ASAP, en 2022 el Gobierno destinó más de $ 2,1 billones al pago de subsidios económicos (2,6% del PBI), un 13% menos en términos reales (es decir, contemplando la inflación) que en 2021. 

El pico de gastos en subsidios se registró en 2013, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria): entonces se destinaron $ 134.114 millones, el equivalente al 4% del PBI de entonces y a $ 3,1 billones de 2022. En tanto, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) los subsidios se redujeron del 3,4% del PBI registrado en 2015 al 1,5% en 2019. 

En la comparación regional, la Argentina es uno de los países que más porcentaje de su PBI le dedica a gastos en subsidios. Según datos de la consultora Invecq, entre 2016 y 2021 (sin contar 2020) nuestro país destinó en promedio el 3,3% del PBI a los subsidios, cifra sólo superada por Ecuador (3,9%). Por debajo se ubican Bolivia (2,6%), Chile (1,2%), Colombia (0,4%) y Brasil (0,3%), entre otros. 

Invecq en base a datos del Banco Mundial.

En cuanto a los subsidios sociales, en 2022 el Gobierno destinó $ 1 billón a programas de promoción social, lo que equivale al 1,3% del PBI. Mientras que en gastos tributarios demandaron (de acuerdo con proyecciones del Ministerio de Economía de la Nación) $ 2,1 billones (el 2,7% del PBI). 

¿Cuánto de la tarifa de los servicios públicos paga el Estado? 

Dentro de los subsidios económicos, los que más peso tienen son los energéticos (representaron el 76% del total en 2022) y los destinados al transporte (18,6%).

Como se explica en esta nota, los subsidios a la electricidad consisten en Aportes del Tesoro Nacional a la empresa mixta Cammesa (integrada por firmas privadas y el Estado) para saldar la diferencia entre el costo de producir la energía y el precio que pagan las distribuidoras por la energía. 

El año pasado, el Gobierno adoptó un esquema de segmentación tarifaria a través del cual dividió a los usuarios del servicio eléctrico en 3 niveles según sus ingresos. Según los últimos datos de Cammesa, en el primer semestre de 2023 el Estado cubrió en promedio el 54% del costo de la electricidad. A partir de mayo, los usuarios del nivel más alto comenzaron a pagar el 100% del costo, mientras que los 2 niveles restantes (medio y bajo) afrontaron en promedio (los datos oficiales no diferenciaron a cada uno) el 20% en el primer semestre. 

En el caso del gas, también el Estado fija el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (es decir, el valor que las productoras le cobran a las empresas transportadoras) y paga la diferencia entre ese valor y el costo de producción. 

Como en el caso de la electricidad, el año pasado el Gobierno dividió a los usuarios en 3 niveles. De acuerdo con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en 2022 el Estado cubrió el 67,3% del costo de abastecimiento del gas natural, pero no existen datos sobre cuánto aporta cada nivel. 

Respecto del servicio de agua y cloacas, en el caso del Gran Buenos Aires el servicio es brindado por la empresa estatal Aguas y Saneamientos (AySA), por lo que el Estado cubre (con Aportes del Tesoro) la diferencia entre el costo operativo de la compañía y los ingresos por el pago de la tarifa. 

El 1° de agosto, se puso en marcha un esquema de eliminación progresiva de los subsidios: quienes los mantengan (por la zona en la que viven o por determinadas condiciones económicas y sociales) pagarán a partir de octubre el 55% de la tarifa, y en febrero de 2024, el 85% del total.

Finalmente, mediante el régimen de compensaciones tarifarias al sistema de servicio de transporte de pasajeros, el Estado le otorga a las empresas del sector una determinada suma de dinero de forma mensual, en compensación por la diferencia que existe entre el costo real del servicio y el precio de los boletos de colectivo. Como se explica en esta nota, en julio último el Gobierno costeaba el 87,3% del total de la tarifa. 

Este Explicador es parte de un proyecto conjunto entre Chequeado y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) para contribuir a la calidad de los datos que conforman el debate público.

Corrección 26/09/2023: en la comparación regional se quitó el dato de Venezuela, dado que las últimas cifras disponibles eran antiguas y no podían compararse con el resto de los países.