A 2 semanas de la llegada del papa León XIV, qué cambios aceptó el Gobierno en Discapacidad

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley con cambios al régimen de discapacidad, que incorpora todas las modificaciones incluidas en la Ley de Emergencia para el sector.

La decisión llegó tras intensas reuniones entre organizaciones del sector y representantes de la Iglesia Católica con el oficialismo, y a tan solo 2 semanas de la llegada del papa León XIV, quien durante su paso por el país visitará el Cottolengo de Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad.

El 20 de octubre, referentes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) -que forma parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)- se reunieron con diputados libertarios para expresar su “preocupación” por la situación de los discapacitados y presentaron “una serie de pedidos concretos” para modificar el proyecto.

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Las preocupaciones de la Iglesia que fueron atendidas

En un documento oficial que fue presentado a diputados y senadores, el Episcopado señaló que “la continuidad de la emergencia en discapacidad y las medidas necesarias para garantizar los derechos” en este área dependen en gran medida de las decisiones que adopte el Congreso de la Nación.

El proyecto, que ahora deberá ser ratificado por el Senado, implica un nuevo régimen permanente de discapacidad: mantiene la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva por discapacidad (70% de una jubilación mínima) para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el trabajo registrado o monotributo, siempre que los ingresos no superen 2 Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

En este sentido, en el punto 2 del comunicado, la Iglesia había expresado su preocupación por la posibilidad de que se “divida las pensiones en 2 grupos”. Y señalaron: “Las personas con discapacidad que tienen un grado de discapacidad tal que no permite su inserción laboral en condiciones generales pasarían -si se dividen las pensiones- a tener menos derechos: perderían la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo y la cobertura de salud”.

Entre las preocupaciones, desde el Episcopado también habían advertido que el proyecto original:

• Debilitaba la cobertura de salud. “Hoy la ley garantiza rehabilitación, centros de día, hogares, transporte y apoyo educativo (garantiza a los titulares de la pensión un programa que cubra las prestaciones básicas de la Ley 24.901). El dictamen la reemplaza por un programa que puede cambiarse por resolución ministerial”.
• Permitía suspender pensiones antes de escuchar a la persona, “por un simple cruce de datos, sin plazos para resolver ni garantías adecuadas”.
• Y no daba certezas a los prestadores. “No fija plazos de pago y deja sin fecha ni actualización la compensación adeudada, manteniendo la exclusión de prestadores dispuesta por el Decreto 84/2026”.

La propuesta finalmente aprobada ayer ratifica el nomenclador único, la actualización automática de los aranceles por movilidad jubilatoria y la cobertura médica del Plan Federal Incluir Salud, y se garantiza que el presupuesto destinado al área no podrá disminuir en términos reales respecto del año anterior.

Por último, la iniciativa incorporó una cláusula transitoria que exige definir un cronograma de pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Qué puntos quedaron pendientes

Ante la consulta de Chequeado, el padre Máximo Jurcinovic, director de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, explicó que “el objetivo de la Iglesia no fue que se adopte ningún cambio, sino aportes a la discusión”.

Entre las propuestas, desde la Iglesia solicitaron prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia declarada por la Ley 27.793, algo que con el nuevo régimen se vuelve permanente.

“Esta ley comenzó a aplicarse recién en 2026, de manera parcial y por orden judicial, por lo que aún no pudo cumplir su objetivo. Pedimos, también, que su vencimiento no pueda usarse para desconocer los derechos que reconoció ni las deudas ya generadas”, indicaron en el comunicado.

Por otro lado, en el punto 3 del comunicado, pidieron modificar el proyecto de Presupuesto 2027 para garantizar fondos suficientes para el área: “Solicitamos se incorpore una previsión presupuestaria que permita sostener las prestaciones, las pensiones y la cobertura de salud”.

El proyecto presentado por el Ejecutivo imponía recortes a las prestaciones y pensiones por discapacidad, incluyendo modificaciones en los aranceles y el acceso a los beneficios. Sin embargo, el oficialismo se comprometió durante el debate parlamentario a revisar esta situación.

En cuanto a pensiones, se solicitó fijar un plazo para resolver las más de 200 mil solicitudes de pensión pendientes que abarcan todo 2026, y que se publique información periódica sobre altas, bajas y suspensiones.

Finalmente, el comunicado señala la necesidad de avanzar hacia una política integral de discapacidad desarrollada por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad y por las provincias.

Y agrega: “Una gran cantidad de personas con discapacidad depende del sistema público y no encuentra respuesta a sus necesidades. Asegurar prestaciones a quienes no cuentan con cobertura fue precisamente el espíritu de la Ley 24.901, y confiamos en que el Congreso pueda impulsar ese horizonte”.