Baja de la edad de imputabilidad: ¿qué cambia si se aprueba el proyecto de ley del Gobierno?

El proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad obtuvo dictamen de mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados. Todavía no hay fecha de sesión, pero ya está en condiciones de ser tratado en el recinto. 

La iniciativa busca derogar las leyes 22.278 y 22.803, que rigen desde 1980. El proyecto es una conjunción de distintas iniciativas que se habían presentado en la Cámara baja. Una es la que había presentado el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024, que planteaba bajar la edad a 13 años. 

Sin embargo, el proyecto que se discutirá en el recinto propone bajar la edad de imputabilidad a 14. Incluye propuestas presentadas por el massismo (Ramiro Gutiérrez), el PRO (Cristian Ritondo y Diego Santilli), La Libertad Avanza (Gerardo Huesen), la Coalición Cívica (Juan Manuel López) y Democracia para Siempre (Carla Carrizo), entre otros. 

¿Cómo funciona hoy la ley penal juvenil?

Hoy, si una persona menor de 16 años comete un delito, no puede ser juzgada ni condenada penalmente. La Ley 22.278 establece que “no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad”. Esto significa que no puede ser procesado ni recibir una pena, aunque haya cometido un hecho tipificado como delito. En estos casos, la causa queda a cargo de un juzgado de menores, que actúa desde una lógica tutelar.

Sin embargo, el juez puede aplicar medidas de protección previstas en el Decreto-Ley 10.067/83, entre ellas, “la internación del menor en establecimientos adecuados”, además de la supervisión familiar o asistencia médica o psicológica. 

En la práctica, esto puede derivar en que menores de 16 años sean alojados en institutos, a pesar de no haber sido condenados, lo que genera tensiones jurídicas ya que implica una privación de la libertad sin proceso penal previo. “Los adolescentes fueron privados de la libertad por períodos prolongados bajo la figura del ‘tratamiento tutelar’, pese a no haber sido juzgados ni condenados conforme a los estándares del debido proceso”, indica un informe de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Argentina.

Por lo tanto, aunque el régimen actual, en lo formal, impide sancionar penalmente a menores de 16 años, sí habilita intervenciones judiciales que pueden traducirse en restricciones a su libertad.

En el caso de los adolescentes de entre 16 y 18 años, con el régimen actual son imputables si el delito que cometieron tiene una pena superior a los 2 años de prisión. En estos casos, pueden ser juzgados, condenados y, si corresponde, cumplir penas privativas de libertad aún antes de cumplir los 18 años.

¿Qué propone el proyecto de ley que se tratará en el recinto?

El proyecto establece que un adolescente puede ser imputado penalmente desde los 14 años. Cuando sea condenado por un delito que contempla penas de hasta 3 años, no habrá prisión efectiva, es decir, no irá preso. 

Por otro lado, según el dictamen de comisión, cuando la pena supere los 3 años y sea de hasta 10 años, el juez podrá reemplazar la prisión por penas alternativas -como la asistencia a programas educativos, la realización de tareas comunitarias o la libertad asistida-, siempre que no haya muerte, violencia grave ni antecedentes del imputado. 

Este proyecto prohíbe expresamente la prisión perpetua para adolescentes. El artículo 19 indica: “Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”. Además, fija un máximo de 15 años de condena para adolescentes.

¿Qué cambiaría en la práctica?

Con la ley vigente, por ejemplo, una persona de 15 años que comete un homicidio no puede ser juzgado ni condenado, aunque en la práctica se inicia un procedimiento en los tribunales y, en algunos casos, puede ser internado en un instituto por orden de un juez de menores. 

Con el nuevo régimen, los adolescentes de 14 y 15 años podrían ser imputados, procesados y condenados a una pena de prisión. La posibilidad de aplicar penas más duras o privativas de la libertad está más restringida a delitos graves y sujeta a condiciones y controles.

Sin embargo, si el delito tiene una pena de hasta 3 años de prisión, el proyecto establece que no podrá aplicarse cárcel, sino que se deberán imponer penas alternativas como la amonestación, la asistencia a programas educativos, la prohibición de contacto con la víctima, trabajos comunitarios o el uso de tobillera electrónica. 

Por otro lado, hoy, un joven de 17 años que comete un delito con una pena mínima menor a 2 años, como un robo simple, no puede ser condenado penalmente. Con el nuevo régimen, ese mismo joven sí podrá ser imputado y recibir una pena, aunque no será de prisión efectiva si la pena prevista no supera los 3 años. 

En cambio, delitos más graves, como el robo con armas, sí podrían implicar una condena con cárcel, ya que superan ese umbral.

¿Qué dicen los organismos internacionales?

UNICEF indicó que en la Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil “no requiere bajar la edad de punibilidad”, una medida que podría interpretarse como un retroceso en materia de derechos humanos. La organización destaca la necesidad de encontrar un abordaje para la justicia juvenil que respete los derechos consagrados en los tratados internacionales incorporados a la Constitución Argentina, señalando que experiencias internacionales han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha resultado una medida efectiva para combatir la inseguridad.

La Red Internacional de los Derechos del Niño (CRIN – “Child Rights International Network”) señaló en un informe que algunos países, tras reducir la edad mínima de responsabilidad penal, decidieron revertir esta decisión tras la crítica por parte de organismos como el Comité de los Derechos del Niño en sus Observaciones finales y en el Examen Periódico Universal. 

Dinamarca, por ejemplo, redujo de 15 a 14 años el umbral en junio de 2010. Dos años después, revirtieron la decisión. 

En febrero de 2011, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones Finales sobre Dinamarca, expresó su “profunda preocupación” sobre varios asuntos relativos a la administración de justicia juvenil, como “la reducción de la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años”. Esta medida fue fuertemente cuestionada, instando al Estado danés a reconsiderarla para cumplir con los estándares internacionales establecidos en su Observación General Nº 10 sobre “Los derechos del niño en la justicia juvenil”.

Un caso similar ocurrió en Georgia, donde el Comité de los Derechos del Niño “lamentó profundamente la decisión del Estado parte de reducir la edad de 14 a 12 años“, principalmente para delitos graves como “homicidio deliberado” y “violación”, entre otros. Luego, el país volvió a los 14 la edad de imputabilidad.