Controles de precios: cuándo se aplicaron en la Argentina y qué resultados tuvieron

El Gobierno nacional estableció el 19 de octubre último y hasta el 7 de enero de 2022 un congelamiento en el precio de 1.432 productos y promovió controles en hiper y supermercados (ver acá, acá y acá) para verificar su cumplimiento.

La medida fue tomada en medio de la creciente preocupación del oficialismo por la evolución de la inflación en los últimos meses, particularmente en el rubro de los alimentos -que interanualmente aumentó por encima del nivel general-. Pero no es la primera de este tipo: desde 1952 se aplicaron en el país diferentes planes que apuntaban a controlar la suba de los precios.

En esta nota repasamos todos los casos y contamos qué efectos tuvieron en la economía..

Segunda Presidencia de Perón

Como se explica en esta nota, en 1952 el presidente Juan Domingo Perón lanzó un Plan de Estabilización en el marco del Segundo Plan Quinquenal. El objetivo principal era la reducción de la inflación y la recuperación del saldo positivo en la balanza comercial.

El historiador y economista Mario Rapoport contó en su libro Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003) que el plan fue un éxito en buena medida por “la adhesión al gobierno por parte de los sindicatos, y la de los trabajadores en general”. En ese sentido, indicó: “El objetivo de contener la inflación fue alcanzado prontamente. También disminuyó la deuda pública”.

En su libro Argentina. 1516-1987, el historiador británico especializado en historia política argentina, David Rock, coincide en la existencia de logros, aunque los matiza: “El Plan Quinquenal de 1952 tuvo sólo un éxito parcial y de corta vida. Durante un breve periodo frenó la inflación, restauró la balanza de pagos y estimuló un moderado índice de crecimiento. Pero no logró resucitar la agricultura”.

El plan de Gelbard

En 1973, José Ber Gelbard, entonces ministro de Economía del presidente Héctor Cámpora, promovió el denominado Pacto Social entre empresarios, sindicatos y el propio gobierno. “Los sindicatos, a cambio de un gran aumento salarial inicial, convendrían en postergar las negociaciones colectivas durante un periodo de 2 años; y prevalecerían los controles de precios”, menciona Rock en su libro.

Tanto el historiador británico como Rapoport coinciden en los éxitos iniciales de este Pacto. Rock menciona un descenso de la inflación al 17% para fines de 1973, cuando según Rapoport en 1972 había sido del 61%. Por su parte, Carlos Leyba, subsecretario General del Ministerio de Economía y vicepresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Planificación Económica (INPE) durante la tercera Presidencia de Perón, señaló a Chequeado que el plan “frenó la inflación sin controles de precios”.

Sin embargo, tanto Leyba como Rapoport coincidieron en señalar que la crisis petrolera y la muerte de Perón hicieron sucumbir el acuerdo y la inflación volvió a aumentar.

Última dictadura militar

En 1977, el ex ministro de Economía durante la última dictadura militar, José Martínez de Hoz, estableció una “tregua” de precios por 120 días, y una reforma financiera, que “consistió básicamente en una desregulación del sistema y una eliminación de los techos a las tasas nominales de interés”, en palabras del licenciado en economía de la UCA y profesor de la Universidad de San Andrés, Juan Carlos de Pablo. Al finalizar la tregua, la inflación volvió, aumentaron las tasas de interés y se produjo una recesión.

Plan Austral

En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) intentó establecer controles de precios en el marco del Plan Austral. Un documento de la CEPAL publicado en 1986 indicó que el programa “combinó medidas monetarias y fiscales con un congelamiento de precios y salarios y un sistema de conversión de los contratos de deuda relacionado con la reforma monetaria”.

Alberto Tarantini, economista de la UBA y máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard, indicó en esta nota que “el Plan Austral, si bien estuvo correctamente diseñado, no contó con el apoyo de los sindicatos, y además enfrentó una evasión fiscal rampante”.

Los controles durante el kirchnerismo

El 1° de diciembre de 2005 el gobierno del presidente Néstor Kirchner estableció un nuevo programa de control de precios a través de acuerdos con supermercados, luego de que ese año la inflación interanual se duplicara en relación con 2004, llegando al 12,3%.

Originalmente, el plan contemplaba mantener estables los precios de 228 productos de la canasta básica durante 3 meses, pero luego se extendió a todo el año 2006.

Un informe preliminar realizado por la consultora Ecolatina -fundada por Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de la Nación de Kirchner que renunció en 2005 y denunció corrupción con la obra pública- destacó que en sus primeros meses de implementación “se redujo el incremento de los precios minoristas”, pero advirtió que, “si bien los acuerdos no bastan por sí solos para contener la inflación, contribuyen al control de las expectativas”.

En 2006, la inflación interanual cayó al 9,8%. Sin embargo, a principios de 2007 se produjo la intervención del INDEC durante el kirchnerismo, por lo cual el organismo sufrió una pérdida en la credibilidad de sus estadísticas sobre el aumento de precios. Ese año, según el IPC 9-Provincias -que surge de calcular un promedio de los índices de nueve direcciones de estadísticas provinciales y fue realizado por el Centro CIFRA de la CTA-, el Índice de Precios al Consumidor se incrementó un 25,3%. 

En febrero de 2013, con la inflación por encima del 20% por tercer año consecutivo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, avanzó en un congelamiento de precios “de palabra” con empresarios del sector. El acuerdo se extendió hasta fines de mayo, cuando fue reemplazado por “Mirar para Cuidar”, que incluía el congelamiento de 500 productos. Pese a ello, ese año la inflación según el IPC 9-Provincias fue del 28%, la segunda más alta desde la salida de la convertibilidad en 2002.

“Productos esenciales” en el último año del macrismo

En un contexto de aceleración inflacionaria en la previa a las elecciones presidenciales de 2019, en abril de ese año el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos) anunció un acuerdo con 16 empresas para que “60 productos esenciales de la canasta básica mantengan sus precios durante al menos 6 meses”. 

El anuncio también incluyó un listado de cortes de carne a precios congelados, y la suspensión de aumentos de servicios públicos y telefonía celular para el resto del año. No obstante, la inflación de ese año fue del 53,8%, la más alta desde 1991. 

Precios máximos frente a la pandemia

El 19 de marzo de 2020, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) estableció el programa Precios Máximos, que ordenaba retrotraer los valores de determinados productos al 6 de marzo de ese año, ante posibles aumentos relacionados con la emergencia del coronavirus.

El programa, que era obligatorio y se encontraba amparado en la Ley de Abastecimiento, congelaba el valor de algunos productos alimenticios, bebidas, artículos de limpieza y de higiene personal. Si bien inicialmente fue establecido por 30 días, luego fue prorrogado en varias oportunidades (ver acá, acá, acá y acá), hasta que fue reemplazado por “Super Cerca”, que establece la fijación de precios en 70 productos de consumo básico hasta fin de año.

¿Funcionan estos acuerdos?

Victor Ruilova, economista de la consultora Econviews que dirige Miguel Kiguel -ex funcionario del Ministerio de Economía durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa-, dijo a Chequeado que “en general los acuerdos de precios otorgan tiempo para tratar de recoordinar las expectativas de inflación a la baja, pero son acompañados por algún reseteo de otras variables macroeconómicas para una especie de parar y empezar de nuevo”.

En este sentido, indicó: “Desde la salida de la convertibilidad tuvimos acuerdos de precios que momentáneamente desaceleraban la inflación, pero como no fueron acompañados de planes más amplios para estabilizar la dinámica inflacionaria, siempre terminamos volviendo o incluso acelerando la que se observaba previo al congelamiento”.

Leyba coincidió con esta mirada y aseguró que, para hacer valer el actual congelamiento, el Gobierno “debe contar con un programa para terminar con las causas de la aceleración de la inflación”. Además, destacó que para lograr los resultados esperados debe haber consenso con todos los integrantes de la cadena de producción y comercialización, algo que no ocurrió en esta oportunidad porque la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) -que representa a 34 cámaras del sector alimenticio- no aceptó formar parte.

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