Agencia Nacional de Promoción de la Investigación: qué implican los cambios que anunció el Gobierno nacional

El Gobierno nacional modificó por decreto la estructura y las funciones de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el organismo que financia proyectos científicos y tecnológicos en la Argentina.

Entre los principales cambios que establece el Decreto 447/2025 está la reducción en la cantidad de directores de 11 a 3 y la reubicación de la Agencia bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. Además, habilita nuevos mecanismos de financiamiento, como fondos de inversión.

Según el Gobierno, el objetivo es agilizar la gestión y reducir costos, “para que cumpla su verdadero objetivo: impulsar la innovación tecnológica en favor de las prioridades productivas del país”, escribió el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X.

Sin embargo, expertos consultados por Chequeado advierten sobre posibles impactos en la orientación de las políticas científicas, sobre todo en los proyectos de ciencia básica. Además, cuestionan la falta de federalización y de articulación con las universidades públicas, que quedarían sin mecanismos para financiar investigaciones en un contexto de ajuste presupuestario.

¿Qué es la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación?

Fue creada en 2020 por el DNU 157/2020 del Poder Ejecutivo y tiene como misión “atender la organización y la administración de instrumentos para la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación”.

Para eso, contaba con instrumentos de promoción orientados en distintas temáticas, sectores y beneficiarios, a través de 3 fondos de financiamiento: el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT); el Fondo Tecnológico Argentino (Fontar); y el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec).

“Los/as investigadores/as, las instituciones y las empresas presentan proyectos a los instrumentos ofertados por estos fondos, los cuales son evaluados, seleccionados de manera rigurosa y luego acompañados en su ejecución”, explica el Plan Estratégico Nacional 2022-2030.

Esta Agencia reemplazó a otras estructuras previas: la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, creada en 1996 por el Decreto 1660/96, y la Agencia de Promoción Científica, Tecnológica y de Innovación, creada luego por la Ley 25.467 (sancionada en 2001 y reglamentada en 2002). En ese momento, el objetivo era “jerarquizar y unificar las tareas en un único organismo”.

¿Qué modifica el nuevo decreto del Gobierno nacional?

El nuevo decreto modifica la estructura y las funciones de la Agencia. La principal reforma es la reducción del Directorio original, compuesto por un presidente y 10 vocales ad honorem, a un Comité Directivo de solo 3 miembros: un presidente y 2 directores. 

Además, redefine las funciones de la Agencia, con un foco más explícito en impulsar la transferencia tecnológica al sector productivo, y se habilita a la Agencia a prestar servicios especializados y a implementar esquemas de fondos de inversión y mecanismos de recupero financiero.

El nuevo texto insiste en que estas modificaciones son parte de la reestructuración del Estado promovida por la Ley Bases, y busca alinear el rol de la Agencia con la política de innovación productiva, eficiencia operativa y articulación público-privada en ciencia y tecnología.

La Agencia publicó un comunicado en su cuenta de X donde indican que el cambio “elimina burocracia innecesaria y se orienta hacia un nuevo modelo productivo”. Y sostiene que las actuaciones del Directorio del gobierno anterior “fueron irresponsables” y que se aprobaron proyectos sin “la debida previsión presupuestaria”.

¿Qué dicen los especialistas?

“El decreto mantiene a la Agencia como un organismo descentralizado, y la devuelve a la órbita de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, lo cual es bueno. Pero aumenta la discrecionalidad en la asignación de fondos y amplía la injerencia del poder político en su funcionamiento. La reducción del Directorio a 3 miembros implica una pérdida de pluralidad y podría derivar en convocatorias menos amplias”, señaló a Chequeado Agustín Campero, presidente de la Fundación Alem y exsecretario de Articulación Científico Tecnológica durante presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos).

Además, advirtió que “el decreto no contempla mecanismos de federalización ni vínculos con el sistema universitario. Pierden las provincias y pierden las universidades. Es una medida fulminante contra las universidades, que ya enfrentan un fuerte ajuste presupuestario y ahora pierden también canales para financiar la investigación”.

En cuanto al enfoque del nuevo diseño institucional, sostuvo: “Si bien el texto no excluye explícitamente la ciencia básica, todo indica que habrá una priorización hacia la innovación tecnológica. Pero siempre con muy poca plata. No obstante, desde el 10 de diciembre de 2023 no se ha abierto ninguna convocatoria, ni para proyectos de innovación ni de investigación básica”.

Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia entre 2014 y 2015 -durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria)-, publicó en X un cuadro comparativo entre el DNU del 2020, que creó la Agencia, y la modificación publicada el 3 de julio de 2025.

En diálogo con Chequeado, explicó: “El nuevo decreto introduce criterios como la factibilidad económica, tecnológica y el recupero del financiamiento otorgado. Si todos los proyectos deben cumplir con esas condiciones, entonces ¿qué pasa con la ciencia básica, que por definición no busca una aplicación inmediata?”.

Y ejemplificó: “Cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad, ¿para qué servía? Hoy sin esos cálculos no funciona el GPS”.

También advirtió que 3 personas en el Directorio “es una concentración que limita la amplitud de miradas disciplinares y profesionales” y que el concepto de “ciencia útil” puede ser una trampa: “Van con ese discurso, pero no funciona en ningún lado. Para que haya innovación real, tenés que hacer ambas cosas: ciencia básica y aplicada. Si solo priorizás lo que tiene retorno económico, empobrecés el sistema en el mediano plazo”.

Por último, remarcó que aún no se puede saber si la reforma apuntaría a desfinanciar áreas específicas, como las ciencias sociales. “Eso no está en el decreto. Se verá cuando nombren al nuevo Comité Directivo y se publique la primera convocatoria. Por ahora, lo único claro es que el texto cambió”.

Estos cambios se dan en un contexto de desfinanciamiento de la ciencia en el país. En los primeros 16 meses del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) se perdieron más de 4 mil empleos en Ciencia, Tecnología e Innovación en el país. Los datos surgen de un informe del grupo Economía Política Ciencia (EPC), en el marco de un análisis para el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además, en 2024 se destinaron un 30% menos de fondos para la función “Ciencia y Técnica”, y los números del Presupuesto 2025 también proyectan una caída. Los especialistas consultados en esta nota advirtieron sobre el éxodo de científicos y el desmantelamiento de los grupos de investigación.