La AFI y el espionaje ilegal: los casos más importantes durante el kirchnerismo y el macrismo

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el espionaje ilegal volvieron a estar en el centro de la agenda pública. La interventora del organismo, Cristina Caamaño, presentó 2 denuncias en la Justicia federal (ver acá y acá) que, según documentos de la AFI, describen presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas durante la Presidencia de Mauricio Macri (Juntos por el Cambio).

Una de ellas se originó en un disco rígido hallado por la actual gestión en la sede de la AFI en el que se detallan tareas de espionaje sobre los correos electrónicos de políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad. La otra denuncia describe la realización de más de 400 fichas sobre periodistas que solicitaron acreditación al G-20, en 2018, y a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2017

Pero, además, tramita otro expediente en la Justicia federal de Lomas de Zamora en el que el juez Federico Villena investiga actividades ilegales de los servicios de inteligencia y se presentaron como querellantes la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Coinciden los especialistas y las organizaciones de la sociedad civil (ver acá, acá, acá y acá) en que el espionaje ilegal es un problema no saldado desde la restauración democrática en 1983 y que ha atravesado a todos los gobiernos de diverso signo partidario. Aquí repasamos los casos más paradigmáticos de las últimas décadas, que involucraron no sólo a la AFI, sino a otros organismos del Estado que cumplen tareas de Inteligencia.

Caso Béliz: en 2004, Gustavo Béliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, ejercía como ministro de Justicia en el gobierno de Néstor Kirchner. En medio de planes de reforma judicial y cruces con magistrados de Comodoro Py, Béliz mostró en televisión la imagen de Antonio Stiuso, el por entonces director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI). A los pocos días, Béliz renunció y luego se fue del país para trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pero en paralelo un abogado hasta entonces ignoto, de nombre Denis Pitté Fletcher, le inició una causa judicial por haber exhibido la imagen de Stiuso en televisión. Once años después de aquel programa, Béliz fue absuelto.

Proyecto X: El caso surgió en noviembre de 2011. Delegados de la empresa Kraft denunciaron ante la Justicia que la Gendarmería había infiltrado agentes vestidos de civil en manifestaciones de los trabajadores de esta compañía, y con esas tareas se habían producido bases de datos sobre los manifestantes. A esas bases se las llamó “Proyecto X”. La investigación recayó en el juzgado federal que por entonces estaba a cargo de Norberto Oyarbide.

Tres meses más tarde, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, pasó a retiro a 19 comandantes de la Gendarmería, aunque oficialmente se informó que no se trataba de una purga vinculada a la causa judicial sino de un “ciclo normal de ascensos y pases a retiro”.

Escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires: tramitó una causa en la Justicia federal por una denuncia que daba cuenta de una estructura de espionaje dentro del Gobierno porteño que realizaba escuchas telefónicas. El caso provocó la renuncia del entonces ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, y varios funcionarios fueron procesados, entre ellos, Macri, que entonces era jefe de Gobierno.

A los pocos días de asumir la Presidencia, Macri fue sobreseído y en octubre de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal anuló toda la instrucción de la causa. El fiscal Javier De Luca apeló y el caso está ahora en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aunque el incidente que llegó al máximo tribunal fue promovido por Jorge “Fino” Palacios, quien falleció en marzo de 2020.

Causa de espionaje en el Ejército: en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio tramitaba un expediente que involucraba, entre otros, al general César Milani, ex jefe del Ejército durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se investigaba un sistema (bajo el nombre “Proyecto de Ciberdefensa”) presuntamente destinado a realizar actividades de inteligencia interna prohibidas por la ley.

Bonadio archivó la causa en diciembre de 2019, pocas semanas antes de su muerte.

Caso D’Alessio: el expediente se inició en febrero de 2019 en la Justicia federal de Dolores (PBA). El empresario agropecuario Pedro Etchebest denunció una presunta extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli para no involucrarlo en la causa judicial de los “cuadernos de la corrupción”.

Este caso, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, derivó en una investigación sobre una banda que además de D’Alessio incluía a ex comisarios bonaerenses y agentes de inteligencia y que tendría como propósito la realización de “maniobras extorsivas y coactivas con el fin de obtener réditos económicos de forma ilegítima o procurar que las víctimas prestasen declaración de un modo direccionado en el marco de alguna causa judicial o, bien, ante algún periodista o en algún medio de comunicación”.

Filtración de escuchas: una maniobra que se volvió frecuente en los últimos años es la filtración de escuchas telefónicas originadas en causas judiciales y su publicación en medios de comunicación. Por ejemplo, en diversos programas de TV se publicaron conversaciones entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli.

Estas intervenciones estaban originadas en una causa por el presunto encubrimiento del empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, en la que Parrilli estaba imputado, según explicó en ese momento el fiscal Guillermo Marijuán.

No fueron las únicas conversaciones telefónicas que salieron a la luz. En mayo de 2019 se publicaron conversaciones telefónicas entre ex funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner -como el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés- con algunos de los detenidos en el penal de Ezeiza por causas de corrupción de su gobierno, como Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal. Pero estas escuchas no tenían relación con ninguna causa de corrupción en trámite en los tribunales de Comodoro Py.

El teléfono del penal de Ezeiza estaba intervenido en una causa en la que estaba imputado el presunto narcotraficante Mario Segovia y que tramitaba ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, quien ahora investiga el caso de espionaje ilegal contra la ex presidenta, el jefe de Gobierno porteño y múltiples protagonistas de la política.

En las últimas semanas, Clarín dio a conocer un caso de espionaje ilegal por parte de la Gendarmería sobre trabajadores de una mina en la localidad de Andacollo, Neuquén.

Los mecanismos de control

Desde la sanción de la Ley de Inteligencia en 2001, existe en el Congreso una Comisión Bicameral que tiene a cargo el control de las actividades de inteligencia. Sin embargo, este organismo no cumple con sus funciones de contralor y las actas de sus reuniones son secretas. La mayoría de las reuniones que realiza, según se consignó en esta nota, son para la designación de autoridades o ante el surgimiento de algún escándalo público de espionaje, como los que salieron a la luz en estas semanas.

La Comisión está compuesta por 14 legisladores (7 diputados y 7 senadores) y actualmente la preside Leopoldo Moreau, del Frente de Todos. Tiene varias funciones: analizar el Plan de Inteligencia Nacional y el informe anual de actividades de Inteligencia, la elaboración de un informe secreto que debe ser elevado al Ejecutivo y al Congreso y otras tareas de control. Pero el que quizás es el rol más destacado es el que le asigna el artículo 37: el de supervisión y control de los “gastos reservados” de inteligencia.

Sin embargo, esta comisión suele estar controlada por el partido de gobierno y tiene “endebles facultades”, señala el especialista en Seguridad Interior y Defensa José Manuel Ugarte. Y, además, destaca que “para obtener acceso a materias clasificadas -imprescindible para ejercer algún control- debe solicitar autorización para acceder a ella al propio director de la AFI”.

“Es indispensable definir de forma acotada y estricta las funciones de un organismo de inteligencia ajustado a los principios de la democracia vigente, estructurar minuciosos y estrictos mecanismos de control no sólo sobre los fondos que administra el organismo sino sobre las acciones y las prácticas que realiza, es indispensable además fijar pautas de levantamiento de secreto y documentar, declarar y en caso de ser necesario destruir las bases de datos con perfiles de la ciudadanía confeccionadas de manera ilegal”, señaló la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) en un comunicado publicado la semana última.