La Ley de Medios y su cumplimiento

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El proyecto aprobado en 2009 aún no se encuentra en plena vigencia en los hechos. El caso de Francisco de Narváez y la violación del artículo 24.

El diario Perfil publicó el domingo 6 de junio una entrevista a Francisco de Narváez, donde el candidato a gobernador bonaerense admitió ser accionista del canal América TV. La declaración abre el debate sobre la tenencia de medios por parte de legisladores y el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La denominada Ley de Medios”, que reemplazó al decreto-ley 22.285, fue aprobada el 10 de octubre de 2009. La normativa recoge la mayoría de los 21 puntos planteados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática y plantea cambios de fondo, como los relacionados a la reserva del 33% de todo el espectro para el sector privado no comercial; la creación de una nueva Autoridad Federal (Afsca) y la imposibilidad de crear monopolios y oligopolios, entre otros.

Sin dudas, el artículo más cuestionado por los grandes medios de comunicación fue el 161. La ley establece que aquellos que superen el tope de licencias cuentan con un año de plazo para adecuarse a la norma. Como el Grupo Clarín actualmente lo excede (tiene más de 100 licencias), planteó la inconstitucionalidad del artículo, lo que finalmente derivó en un fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, que en mayo pasado fijó en 36 meses el plazo de vigencia de la medida cautelar.

Sin embargo, existe otro artículo que no se cumple en los hechos: el artículo 24, inciso h. El mencionado establece los requisitos sobre el régimen de licenciatarios, y especifica que no podrá ser adjudicatario de una licencia quien sea “magistrado, legislador, funcionario público ni militar o personal de seguridad en actividad”. Además, agrega que “esta condición no será exigible cuando se trate de meros integrantes de una persona de existencia ideal sin fines de lucro”, pero sí cuando las sociedades persigan fines de lucro.

Ambas condiciones son reunidas por Francisco de Narváez, diputado nacional por Unión Celeste y Blanco y accionista de América TV, como lo confesó él en un reportaje reciente: “He retenido esos medios todo lo que he podido para sostener la libertad. Soy el único dueño del Cronista Comercial, y es un diario que expresa pluralidad. En [el canal] América no me ha pasado lo mismo; mis socios tienen un acuerdo con el Gobierno nacional y he visto que se está sesgando la pantalla de nuestro canal”. De esta manera el candidato a gobernador reveló que incumple con la Ley de Medios.

El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER, hoy Afsca) ya había realizado en julio de 2009 una presentación ante la Justicia Criminal Federal para denunciar el incumplimiento de la Ley de Radiodifusión. Sancionada en 1980 por la dictadura militar, la ley 22.285 también restringía la adjudicación de licencias a legisladores (art.45) y remarcaba que, en caso de que el titular de la licencia fuera una sociedad, sus accionistas debían cumplir con el mismo requisito.

Como se puede ver en el blog de la Afsca, la denuncia señala que la sociedad que posee la titularidad de la licencia de LS86 TV Canal 2 -América TV S.A., conformada por Ávila Inversora S.A. y América Inversora S.A.- nunca precisó, desde el 2006 en adelante, que entre sus accionistas estuviera Francisco de Narváez. Esa desinformación se produjo a pesar de que la Comisión de Defensa de la Competencia informó que Zarova S.A., uno de los socios integrantes de AISA, se compone de la siguiente forma:

Zarova S.A. (capital accionario)

Grupo de Narváez (capital accionario)

Grupo de Narváez – 50%

María J. de Narváez Fecchino – 30%

José Luis Manzano – 25%

Martín de Narváez Fecchino – 30%

Daniel Eduardo Vila – 25%

Francisco de Narváez Fecchino – 30%

Mario Fabian Papini – 10%

Fuente: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Expediente S01 “Zarova S.A. y Supercanal Holding S.A.”.

Incluso, con esta frase, el diputado no sólo admitió ser accionario del canal sino que, además, se contradijo con su propia postura en 2009, cuando en una entrevista publicada el 5 de julio en Perfil declaró que “es incompatible ser político y dueño de medios de comunicación”, y se mostró a favor de una ley que impidiera la propiedad de medios a candidatos.

Desde la Dirección General de Asuntos Legales y Normativas de la Afsca informaron a Chequeado.com que la denuncia de 2009 fue desestimada, luego de que De Narváez se presentara ante la Justicia e informara que el paquete accionario de Zarova S.A. está en poder de sus hijos María Jazmín y Martín de Narváez. Si bien éste es un año electoral, es posible que existan nuevas presentaciones oficiales al respecto.

Otro ejemplo en el que existe un conflicto de intereses es el de Guillermo Jenefes, senador por el Frente para la Victoria (FPV). Según el expediente Nº 761 de la autoridad federal, Jenefes es el presidente de la administración de Radiovisión Jujuy S.A., multimedio que integran el Canal 7 de Jujuy; las emisoras radiales AM 630, FM 97.7 y AM 1230, y el canal de cable Codivisión. Sin embargo, el caso plantea una diferencia: la nueva ley especifica restricciones para los titulares de licencias o socios de entidades adjudicatarias, pero no regula las relaciones laborales dentro de los medios. Al ser administrador y no titular de la licencia, el senador Jenefes no estaría incumpliendo el artículo 24.

Agradecemos a Martín Becerra y a Santiago Marino por sus aportes para esta nota.

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