Las detenciones de Patricia Bullrich en la gestión Milei: qué dijo la Justicia en cada caso

- La Ministra de Seguridad ha respaldado frente a cuestionamientos de la oposición el accionar de las fuerzas en muchas manifestaciones y operativos. Pero en muchos casos ese accionar no fue validado por la Justicia.
- Las masivas detenciones en las marchas contra la Ley Bases y en favor de los jubilados fueron revertidas, en su mayoría, en las horas posteriores y sólo se dictaron algunos pocos procesamientos.
- Un hombre permaneció 3 semanas preso por una falsa acusación de transportar cocaína. Además, los 5 detenidos por la agresión al domicilio del diputado nacional José Luis Espert fueron liberados por la Justicia.
“El que las hace, las paga”, es una de las frases que repiten con frecuencia el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al referirse a las políticas de seguridad y persecución del delito.
Con esa premisa, respaldaron frente a cuestionamientos de la oposición el accionar de las fuerzas de seguridad en muchas manifestaciones y operativos. Pero en muchos casos ese accionar no fue validado luego por la Justicia.
Manifestación contra la Ley Bases: 35 detenidos; solo 2 siguen procesados
El 12 de junio de 2024, cuando se debatió en el Senado la Ley Bases, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo en el que participaron la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, y por parte del Gobierno porteño, la Policía de la Ciudad. Se produjeron incidentes y fueron detenidas 35 personas: 23 de ellas a disposición de la Justicia porteña, y las 12 restantes, de la Justicia federal.
Las causas se unificaron en el juzgado de María Servini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, que solicitó el procesamiento con prisión preventiva de los detenidos y los acusó como posibles autores de una gran cantidad de delitos.
En los siguientes días Servini liberó a 28 detenidos y les dictó la falta de mérito. Por otro lado, procesó con prisión preventiva a los 5 restantes. Semanas más tarde, la Cámara Federal liberó a 3 de los 5 y confirmó el procesamiento de 2 personas. En la primera semana de septiembre fue liberado el último manifestante que permanecía detenido. El expediente aún está abierto para estos 2 últimos.
Esta semana Servini sobreseyó a 16 de los acusados a los que había dictado falta de mérito. La jueza sostuvo que “el desbloqueo de celulares (…) no ha permitido establecer algún grado aunque sea mínimo de vinculación entre los encausados tendiente a desarrollar un actuar coordinado” y señaló “la carencia de testigos directos”, el contexto general de “caos generalizado”, como motivos de su decisión.
Amnistía Internacional señaló en un informe que “la mayoría de las aprehensiones no recayeron sobre las personas que protagonizaron hechos de violencia sino sobre quienes se desconcentraban de manera pacífica, vendedores ambulantes, transeúntes, personas que cuestionaban la violencia policial, personas en situación de calle que circulaban por el lugar o una persona con discapacidad mental”.
Maximiliano Acosta: una detención por error que se prolongó por 21 días
“Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 Kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la Gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga”, señaló Bullrich en un posteo en la red social X, que acompañó con fotos de los productos secuestrados.
El hombre, identificado como Maximiliano Acosta, pasó 21 días detenido en un penal federal de Mendoza en octubre de 2024. Sin embargo, el segundo peritaje contradijo al primero: no era cocaína, era talco. Acosta fue sobreseído. Bullrich no admitió la falla de Gendarmería y su posteo en X sigue vigente.
Marcha de los jubilados: detenciones y cuestionamientos a la jueza del caso
El 12 de marzo último, se produjo una de las tantas movilizaciones al Congreso en apoyo a los jubilados. La manifestación terminó en incidentes, represión y detenciones. El Ministerio de Seguridad informó que en total fueron detenidas 124 personas en la manifestación en el Congreso. Según el comunicado oficial, 25 manifestantes fueron detenidos por la Policía Federal y 99, por la Policía de la Ciudad.
En la Justicia porteña se inició un expediente respecto de 114 de esos detenidos. Intervino la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15, quien en la mañana del jueves 13 de marzo ordenó la inmediata liberación de todos los detenidos.
La magistrada señaló que “a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa” para la tarea judicial, ya que “se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar” de detención, el delito atribuido, el lugar de alojamiento, entre otros. Esto impedía, según la jueza, “realizar un control de legalidad y razonabilidad sobre la detención”.
El fallo fue criticado por distintos referentes del Gobierno nacional, como el vocero Manuel Adorni, y los ministros de Justicia y de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente. El titular de la cartera de Justicia señaló, además, que la actuación de la jueza será analizada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad “por posible incumplimiento de sus funciones”.
En abril, a un mes de la manifestación, Andrade condenó al hincha de All Boys Fernando Yurquina, a 1 año y 5 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por su participación en los daños provocados a un patrullero de la Policía de la Ciudad. Yurquina no fue detenido durante la manifestación, sino varios días después. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado donde la defensa, el imputado y la fiscalía pactaron esa pena.
“Desde diciembre de 2023, la política del gobierno nacional es reprimir y dispersar manifestaciones públicas. En estos episodios se reiteraron el uso abusivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, malos tratos y vejaciones a las y los detenidos, y su posterior judicialización”, señaló en un informe el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La agresión al domicilio de Espert: los 5 detenidos que ya fueron liberados
El 17 de junio último, entre las 18 y las 19:30 hs, un grupo de aproximadamente 7 personas instaló un pasacalles y puso bolsas de excremento frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza) en San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Esto dio origen a un expediente en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado. La primera detenida, el 25 de junio, fue Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense. “A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes. La militante kirchnerista Alesia Abaigar quedó detenida. Vamos por el segundo”, señaló Bullrich en su cuenta de X.
A la semana siguiente, el 2 de julio, fue detenida Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes. Bullrich tuiteó: “La concejal tira caca, detenida. De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias. Ella y todos sus cómplices ya lo saben: las hacen, las pagan”. Y publicó una foto del momento de la detención, efectuada por agentes de la Policía Federal.
También fueron detenidos Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, que fueron liberados por orden de Arroyo Salgado 3 días después.
El 7 de julio, la Cámara Federal de San Martín ordenó la liberación de Abaigar. El tribunal señaló que no existían riesgos procesales para mantener a la imputada detenida mientras se desarrollara el proceso. Por último, el 15 de julio, el mismo tribunal y con similares argumentos, concedió la excarcelación de Mieri.
Chequeado consultó al Ministerio de Seguridad, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
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