Los vetos a las leyes de jubilaciones de Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei: cómo y por qué sucedieron

Desde 1983, distintos presidentes vetaron leyes previsionales, de manera total o parcial, que habían sido aprobadas por el Congreso. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) rechazó una norma que garantizaba el 82% móvil para el haber mínimo. En 2024, Javier Milei (La Libertad Avanza) hizo lo mismo con una reforma que proponía complementar la movilidad por inflación con aumentos adicionales ligados a los salarios y a la canasta básica. 

El Congreso aprobó el jueves último otro proyecto de aumento de jubilaciones, y el presidente Milei anunció que también la vetaría. 

Los dos vetos de Milei y de CFK se apoyaron en argumentos similares: que las leyes eran “inviables” y no se preveían fuentes de financiamiento.

El veto de Milei a la reforma de jubilaciones

En agosto de 2024, el Congreso aprobó una ley que modificaba el sistema de movilidad jubilatoria. La iniciativa mantenía el esquema de actualización por inflación aprobado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Milei, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.

Además, disponía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), y proponía que la fórmula de movilidad no dependiera sólo de la inflación sino que también tuviera en cuenta los salarios. Es decir, en caso de que la inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.

El presidente Milei vetó la ley en su totalidad a través del decreto 782/2024, argumentando que el proyecto era “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Según el Ejecutivo, la aplicación de la norma hubiera generado un costo de más de $6 billones en 2024 y $15 billones en 2025. El Gobierno también indicó, en el decreto, que “la sanción del proyecto de ley en examen constituye un acto irresponsable mediante el cual se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria”.

El veto de Cristina Fernández de Kirchner al 82% móvil

El 14 de octubre de 2010, a través del decreto 1482/2010, Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley que había sido aprobada por el Congreso de la Nación y que establecía una jubilación mínima que representara el 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activos.

El veto llegó horas después de la aprobación de la norma en el Senado, según consta en los registros parlamentarios. En la justificación del rechazo se indica que “su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado”.

“La pretensión de aprobar un proyecto de ley que disponga la vigencia del 82 por ciento móvil sin financiamiento de corto, mediano y largo plazo, además de ignorar las condiciones pasadas, presentes y futuras del sistema previsional, terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal”, se explica en los considerandos del decreto que también firmó Aníbal Fernández -entonces Jefe de Gabinete- y Carlos Tomada – entonces Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación-.

El Gobierno de CFK argumentó que “la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo”. 

Con cifras concretas, el decreto advertía que “el proyecto de ley implicaría destinar $ 9.280,32 millones para el período octubre diciembre del 2010 y $ 40.088,53 millones para 2011, no dice de dónde obtenerlos y está claro que la ANSES no los posee. No cabe duda entonces que se trataría de una medida irresponsable que aparejaría la pronta quiebra no sólo del sistema sino del propio Estado”.

Otros vetos previsionales vinculados al sistema previsional: una herramienta usada por distintos gobiernos

Aunque los casos de Fernández de Kirchner y Milei comparten algunas características, no fueron los únicos presidentes que vetaron leyes vinculadas al sistema previsional. A lo largo de los últimos 30 años, distintos gobiernos recurrieron al veto como herramienta para frenar iniciativas.

En 1996, Carlos Menem (Partido Justicialista) vetó el proyecto de ley 24.740 mediante el Decreto 1475/1996, que incorporaba al régimen general a ex empleados públicos que habían aceptado retiros voluntarios antes de 1994. Alegó que el costo fiscal era insostenible y que se trataba de un grupo reducido que ya había recibido indemnizaciones. 

Años después, en 2002, Eduardo Duhalde (PJ) vetó el proyecto de ley 25.676 a través del Decreto 2393/2002, que creaba un régimen especial para docentes transferidos. Argumentó que ya existía un marco legal más amplio para resolver esas situaciones y que la nueva norma generaría superposición normativa.

Más recientemente, en 2016, Mauricio Macri (Cambiemos) vetó parcialmente la ley 27.329 mediante el Decreto 1250/2016, que otorgaba una jubilación especial a excombatientes de Malvinas. Si bien mantuvo el régimen, eliminó el artículo que garantizaba un haber no inferior a dos jubilaciones mínimas, con el argumento de que eso desnaturalizaba el sistema contributivo y rompía la proporcionalidad entre aportes e ingresos.