Mujeres trans: son las más afectadas por los crímenes de odio y su participación laboral es baja

Úlitma actualización: 25/06/2021.

En los últimos años las mujeres trans fueron las más afectadas por los crímenes de odio. Los sucesivos informes del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, que recopila datos de todo el país, lo demuestran. Muchas veces ocurre que las mujeres trans son excluidas de sus propios hogares luego de expresar su identidad. Además, en su mayoría no pueden acceder a trabajos formales y deben ejercer la prostitución como medio de subsistencia. 

Victoria Antola, investigadora trans y magíster en Estudios y Políticas de Género, explicó a Chequeado que sistemáticamente las mujeres trans sufren “el impacto de quedar en los márgenes: de no acceder a una vida digna, al derecho a la salud, la vivienda y la educación”. También señaló que la combinación de esos elementos “va deteriorando la vida de una persona trans y coartando sus oportunidades”.

La violencia contra la comunidad trans durante el último año

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la comunidad LGBTT -que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina LGBT-, publica un informe anualmente con los datos de los crímenes de odio contra las minorías sexuales. Según el último informe, las mujeres trans fueron las más afectadas.

El organismo considera crímenes de odio a los “actos voluntarios y conscientes, realizados con saña (…), cuya intención es causar daños graves o muerte a la víctima, y están basados en el rechazo, desprecio, odio y la discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas”. A partir de esta definición, el Observatorio recopila datos de casos con estas características ocurridos en todo el país.

Según este documento, durante 2020 se registraron 152 agresiones contra la comunidad LGBT. Desde violencia verbal hasta asesinatos. De ese total, 129 fueron contra la comunidad trans. Sin embargo, como señala el documento, la cantidad podría ser mayor porque se incluyen sólo aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o denunciados ante el Estado. 

Además, “no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales”, aclara el informe.

En 2020, hubo 14 asesinatos perpetrados contra la diversidad sexual: 10 fueron dirigidos a mujeres trans y 4, a varones gay cis [N. de la R.: el INADI define como cisgénero a la persona cuya identidad de género se corresponde con el sexo asignado al nacer]. Además, hubo 5 suicidios: 4 de mujeres trans y 1 de un varón trans. 

Finalmente, se produjeron 67 muertes por abandono y/o ausencia estatal. En todos los casos fueron mujeres trans. Como contamos anteriormente en esta nota y en esta otra, las mujeres trans vienen siendo las más afectadas por los crímenes de odio.

¿Qué medidas está tomando el Estado sobre este tema?

Hasta el momento, el Gobierno nacional no aplicó una política específica sobre violencia y crímenes de odio contra las mujeres trans. Sin embargo, en septiembre último, el Gobierno nacional impulsó 2 iniciativas para brindar algún tipo de apoyo a este colectivo: con el Decreto N° 721/2020 creó un cupo laboral travesti trans en el sector público; y con el Decreto 734/2020, el programa Acompañar, “cuyo objetivo es promover la autonomía de las mujeres y LGBT en riesgo en contextos de violencias de género”. Ambas medidas están bajo la órbita del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

El cupo laboral que decretó el gobierno establece un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero, en empleos del sector público nacional. 

El jueves último, el Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans. La iniciativa, que ya había sido aprobada por Diputados -en ambas cámaras, por amplia mayoría- supone una ampliación de los alcances del decreto ya vigente, porque establece que debe destinarse un 1% de las vacantes en los tres poderes del Estado -no sólo en el Ejecutivo nacional-, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, y las empresas y sociedades del Estado a personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

Luego, el 27 de enero último, se lanzó el Registro de Anotación Voluntaria para que las personas transgénero, transexuales y travestis se inscriban y puedan aspirar al cupo de trabajo establecido. Una vez que las personas trans se registran pueden ser llamadas para cumplir con algún trabajo en la órbita del Estado nacional. 

Antola señaló que “el acceso al trabajo mejora las condiciones de vida de una persona, pero ocurre que muchas mujeres trans no pueden adaptarse a las necesidades que demanda el contexto actual en el que se desarrollan los trabajos [N. de la R.: el teletrabajo] por los contextos en los que viven”. Además, indicó que para garantizar una plena integración laboral de la población trans se deben adoptar medidas de cupo que también incluyan al sector privado.

Chequeado realizó un pedido de acceso a la información pública para saber cuántas personas se habían registrado y cuántas fueron empleadas por el Estado. En la respuesta  el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades indicó que, desde que se abrió el registro el 27 de enero de 2021 y hasta el 30 de abril de 2021, “se han contabilizado 3.973 personas inscriptas”. También señalaron que, de ese total, “más de 90 personas travestis, transexuales y transgénero se encuentran trabajando o en proceso de contratación por parte del Sector Público Nacional”. Estas personas, contratadas o en proceso de contratación luego de la sanción del DNU, representan el 0,02% del total de empleados públicos nacionales, según datos oficiales.

Con respecto al programa Acompañar, aquellas mujeres y personas de la comunidad LGBT que se encuentren en situación de violencia podrán solicitar ante la ANSES un apoyo económico durante 6 meses. La suma será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Esta medida fue creada con el Decreto 734/2020 y se enmarca dentro de lo que se denomina el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

Este plan, impulsado desde la cartera que dirige Elizabeth Gómez Alcorta, tiene distintos objetivos. Como se explicó en esta nota, para los 2 años de implementación -que van de junio de 2020 a junio de 2022- el presupuesto previsto “asciende a la suma total de $18 mil millones”.

Sin embargo, como se explicó en esta nota, organizaciones de la sociedad civil advierten que hay dificultades para el acceso efectivo al programa y destacan la importancia de la inmediatez ante las necesidades de las personas vulnerables que solicitan esta asistencia.

El programa Acompañar proyecta alcanzar a 92 mil personas en 2021 y, para su funcionamiento, el Gobierno le asignó un presupuesto de $4.496 millones. En la actualidad, los fondos se redujeron y los resultantes se ejecutaron en un 3%.

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Actualización 25/06/2021: esta nota se actualizó para consignar la sanción de la ley de cupo laboral trans, aprobada por el Senado el jueves 24 de junio de 2021.