No hay pruebas de que las “denuncias falsas” por violencia de género sean un problema extendido

Días atrás se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una marcha en el contexto del Día Mundial de las Falsas Denuncias de violencia de género y abuso. Quienes protestan aseguran que en estos casos no se está cumpliendo con la presunción de inocencia; y consideran como excesivas muchas medidas preventivas que se toman durante los procesos judiciales. Pero, ¿qué dimensión tienen estas “falsas denuncias”?

El sitio web del Observatorio de Falsas Denuncias, que forma parte de la Fundación Ayudar y Crecer, permite reportar estos casos. Según explicó a Chequeado Elias Bustos, encargado de relaciones públicas de la organización, desde el 27 de julio último hasta la actualidad recibieron 507 casos de personas que aseguran haber sido denunciadas falsamente. La mayoría reportó acusaciones realizadas contra ellos mismos, y un 27% contra un familiar. 

Además, Bustos indicó que las principales acusaciones reportadas son por violencia de género (44%), abuso sexual infantil (38%), impedimento de contacto (25%) y violencia intrafamiliar (20%). Vale la pena aclarar que estos son casos de personas que aseguran que las denuncias en cuestión son falsas, pero esto no fue probado por la Justicia.

Evidencia en falta

Consultado por este medio sobre estadísticas o estudios académicos que dimensionen esta problemática en nuestro país, Bustos indicó que están trabajando en el tema, pero no refirió a ningún estudio local.

Sobre mediciones realizadas en otros países, Bustos citó un estudio realizado en los Estados Unidos que -según señaló- asegura que 20 millones de personas fueron acusadas falsamente. Sin embargo, se trata de una encuesta online en la que un 8% de los estadounidenses consultados aseguró que fueron acusados falsamente de abuso (incluyendo violencia doméstica, abuso infantil y abuso sexual, entre otras formas); pero no se trata de un análisis de los casos donde la Justicia haya determinado que las acusaciones no tenían base factual.

Por su parte, también cuestionó por “incompleta” una medición realizada en España por la Fiscalía General del Estado. En su memoria anual, el organismo señaló que en 2021 se presentaron “162.848 denuncias por delitos de violencia de género”; de ese total, en 41 casos (0,03%) se inició una causa por denuncia falsa, 16 de las cuales terminaron en un sobreseimiento y 1 fue archivada.

“El porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa es ínfimo. El promedio entre los años 2009 y 2021 es del 0,0084%”, agrega el informe español.

En una entrevista reciente en el canal de cable Todo Noticias (TN), el ex diputado nacional Eduardo Cáceres (PRO), quien también forma parte del Observatorio, se refirió a un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), firmado por la “licenciada Marta Albarracín” que -según el ex legislador- asegura que, durante procesos de separación y divorcio, 2 de cada 3 denuncias de abuso sexual infantil son falsas.  

Una nota firmada por la investigadora y publicada en 2002 por el diario Página 12 señala lo dicho por Cáceres, pero también aclara que los resultados se alcanzaron después del análisis de 52 historias clínicas.

En diálogo con Chequeado, Marta Durantini de Albarracín, quien actualmente es doctora en Psicología y trabaja en la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), aseguró que ese estudio se realizó en el contexto de una investigación del Conicet en la Fundación Ecosistemas Humanos, que ella conducía en la Argentina y que ya cerró sus puertas. Sin embargo, también confirmó que, por el pequeño tamaño de la muestra analizada, los resultados no son representativos de la situación general.

Cáceres fue denunciado en 2020 por violencia de género por Gimena Martinazzo, otra representante del partido PRO en San Juan, y recientemente fue sobreseído por la Justicia sanjuanina. Martinazzo informó a este medio que apeló la última decisión judicial.

La importancia de las denuncias por violencia de género

Desde el advenimiento de las marchas de “Ni Una Menos” en 2015, los términos “violencia de género” y “abuso sexual” tienen mayor presencia en el ámbito público. Desde ese año, se empezaron a publicar estadísticas oficiales sobre femicidios y denuncias de violencia; y se diseñaron políticas públicas a nivel nacional para atender estas problemáticas, como la Línea 144 y el programa Acompañar. Sin embargo, las mujeres continúan enfrentando muchas barreras a la hora de presentar denuncias y también durante el proceso judicial.

“Durante el juicio se dan muchos casos de revictimización de las víctimas, lo que repercute en la posibilidad de que el proceso avance o no”, explicó a este medio Zoe Verón, responsable del área Jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

La abogada agregó que, “como muchos de estos casos se tratan de situaciones que se produjeron en el ámbito privado, es necesario valorizar el relato de la víctima; lo que no quiere decir que su testimonio sea prueba acabada”.

En relación a las medidas cautelares, Verón explicó que se piden en casos en donde se busca “evitar la concreción de hechos cuando hay un riesgo alto de que ocurran”, por lo que ameritan que se decida rápidamente, pero también advirtió que “ese riesgo hay que probarlo” y que “no es una decisión que no tiene ninguna justificación de base”.

En casos de violencia, es común encontrar antecedentes de otras agresiones. En el Registro de Femicidios que realiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2014 hasta 2021 (último dato disponible), se dejó constancia de 1.954 víctimas de femicidio directo. En al menos 335 casos ya se habían presentado denuncias formales previas contra el “sujeto activo”, es decir, la persona investigada por el asesinato. 

En relación a las protestas por las “falsas denuncias”, Verón consideró: “Estas pueden disuadir a las mujeres a acudir a la Justicia, porque pueden pensar que no tienen suficientes pruebas; y además pueden impactar en procesos de juicios por jurados, como los que se están haciendo en algunas provincias [N. de la R: de esta última manera, los ciudadanos que participan de los jurados pueden creer que las falsas denuncias son un problema extendido y, por eso, desconfiar excesivamente del testimonio de la denunciante]”.

Los divorcios y los niños

El Observatorio destaca que uno de los contextos en los que se concentran las “falsas denuncias” son los procesos de divorcio. Consultada por Chequeado, Sofía Harari, abogada especializada en derecho de familia, estimó que el término “falsa denuncia” es “excesivamente contundente porque engloba distintas situaciones”.

“Existen personas que denuncian un hecho que no existió en la realidad, también existen personas que, en situaciones de mucho enojo, con buena o mala fe, sobredimensionan o le dan una lectura distinta a hechos que antes hubiesen vivido de otra manera”, explicó Harari, aunque aseguró que no conoce qué dimensión tienen esos casos en el total de las denuncias.

La abogada consideró que el principal problema “es la falta de celeridad en la resolución del proceso penal; porque un juzgado toma una decisión preventiva como el impedimento de contacto entre el padre y sus hijos, y después se entra en una maquinaria judicial con plazos largos que pueden llegar a extenderse por años”.

Entre las barreras que afectan la rápida resolución de medidas preventivas, la especialista incluyó al “sistema procesal que tenemos, que es permeable a dilaciones”; también al “cúmulo de trabajo de los juzgados”; y, por último, “la falta de creatividad de algunos magistrados” que pudiendo tomar decisiones más expeditivas no lo hacen.