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Seguridad: varios planes, poca continuidad

A casi un mes de conocerse el resultado de las elecciones primarias, tanto el Gobierno nacional como el provincial anunciaron medidas relacionadas con la inseguridad. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, creó por decreto un nuevo Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad, y el gobernador Daniel Scioli decidió designar como nuevo ministro al ex intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. En el mismo sentido, el candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores, al igual que lo hizo el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.

En tiempos en que el tema de la inseguridad se coló de lleno en la campaña de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo, ¿existe alguna relación entre los anuncios de planes de seguridad y el período de los comicios? Y, ¿las medidas anunciadas se enmarcan dentro de políticas de Estado extendidas en el tiempo?

Desde la instauración democrática, en general, los sectores políticos dirigentes de la Argentina han desatendido los asuntos de la seguridad pública. Estas temáticas se convirtieron en un asunto políticamente relevante cuando la creciente sensación de inseguridad existente en la población comenzó a tener gravitación en la opinión pública y empezó a incidir en el desempeño electoral de numerosos gobernantes y dirigentes nacionales y provinciales”, señaló Marcelo Saín, experto en Seguridad y actual diputado bonaerense por Nuevo Encuentro, en el libro “Estado, democracia y seguridad ciudadana” publicado en 2008 por la ONU. El cambio, agregó, se produjo a fines de la década del ‘90.

A la misma conclusión llegó Gabriel Elías Ganón, profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): “Como consecuencia de los cambios estructurales de tinte neoliberal operados durante el gobierno de Carlos Menem, las cuestiones vinculadas con el gobierno de la seguridad ingresan como eje de las campañas políticas. El primer ejemplo es Carlos Ruckauf, que fue gobernador con el eje principal de la guerra a la delincuencia. Estando la inseguridad entre las principales preocupaciones públicas, es claro que aparezca como eje de campañas”.

Para Saín, sin embargo, “esa atención no se tradujo aún en enfoques integrales ni en políticas públicas estratégicas en la materia”.

El Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad fue creado por la Presidenta menos de dos semanas después del resultado adverso en las elecciones primarias. En este marco, se comunicó el envío de 4500 gendarmes de todo el país a distintas zonas de la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción donde se registra la mayoría de los delitos a nivel nacional.

El abogado e integrante del área de Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Pensar, Martín Casares, destacó al respecto: “Se trasladó por un tiempo determinado a una importante cantidad de personal de Gendarmería sin funciones específicas definidas, sin colaboración con los gobiernos municipales, sin analizar la problemática y conflictividad de los lugares donde se tendrán que desempeñar, sin ninguna capacitación (ya que la Gendarmería es una fuerza de naturaleza militar que no se encuentra formada ni entrenada para este tipo de intervenciones), y sin lugares adecuados donde instalarse”.

Otra de las críticas en torno a la medida oficial es que el envío de gendarmes tiene un período de vigencia de 45 días, es decir que finalizará justo antes de las elecciones de octubre. El secretario Berni, sin embargo, afirmó que lo que habrá cada 45 días es una rotación de los efectivos.

La falta de coordinación en materia de seguridad es uno de los grandes déficits en la Argentina”, recordó Diego Fleitas, director de la Asociación para Políticas Públicas y consultor en temas de seguridad ciudadana. El especialista se mostró esperanzado con este programa, pero subrayó que “hay una larga historia de conflicto y falta de cooperación dentro de las agencias de seguridad, y a su vez con las provincias”.

“En general los cambios en las políticas públicas de seguridad no suceden sólo en épocas electorales, sino también luego de hechos delictivos resonantes con fuerte impacto en la opinión pública y la sociedad”, recordó Casares, algo en lo que coincidió el director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares: “Para la mayoría de los partidos políticos el tema seguridad integra la agenda de propuestas al momento de las elecciones, y cuando se producen hechos que colocan en la agenda pública el debate”.

Tal es el caso del “Plan estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007”, presentado por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, luego del asesinato de Axel Blumberg y la protesta encabezada por su padre que convocó a unas 150 mil personas frente al Congreso de la Nación.

Algunas de las medidas que incluía el Plan eran: inversión de 1000 millones en tres años para el área; incorporación de 212 patrulleros para la Policía Federal; proyectos para reestructurar los fueros penales federales; impulso de los juicios por jurados; una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años; y la creación de una fuerza para delitos complejos.

Un informe elaborado en 2004 por el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS) planteaba que “la implementación del Plan podría provocar la creación de un aparato de seguridad gigante, con controles débiles, y un sistema penal que gira únicamente en torno a la privación de libertad anticipada a la condena, sobrecargado, con más presos pobres y mayor debilitamiento de las garantías constitucionales. Resultados nunca más alejados de la eficiencia que supuestamente se pretende alcanzar”.

Al menos dos de las medidas propuestas nunca fueron concretadas (juicio por jurados a nivel nacional y baja de edad de imputabilidad, que se discute ahora), y el presidente Néstor Kirchner le pidió a Béliz su renuncia tres meses después de que se anunciara la propuesta. El motivo señalado en su momento fueron diferencias internas.

En 2009, Fernández de Kirchner anunció el programa Convivencia Ciudadana, y el ministro de Justicia y Seguridad de ese entonces, Aníbal Fernández, incorporó 4000 miembros retirados de las fuerzas de seguridad para que cumplan funciones en patrulleros. De acuerdo al informe anual 2010 del CELS, el anuncio de la Presidenta se dio “en el marco de la campaña electoral, sin estadísticas ni información que avalaran los variados anuncios y denuncias de candidatos y funcionarios -y después de un año y medio en el cual la problemática de la seguridad y el delito fue casi omitida por el Gobierno nacional-”.

A principios de 2010, la misma gestión lanzó un refuerzo del programa, por el que se transfirieron fondos a los municipios del Conurbano para la compra de patrulleros y cámaras de seguridad. Lomas de Zamora, por ejemplo, creó con esos recursos un Centro de Protección Urbana para el monitoreo, que según el comunicado oficial implicó una inversión de 1,5 millones de pesos.

Sin embargo, existen cuestionamientos acerca de que la implementación de cámaras y patrulleros constituya una acción integral. “Las cámaras y los patrulleros son herramientas que pueden ayudar, pero no son en sí una política de seguridad”, señaló Darío Kosovsky, miembro del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). El también fundador de la Red Argentina para el Desarme agregó: “Pueden tener un efecto disuasivo, y en el caso de las cámaras pueden servir luego para la investigación, pero no atacan a las redes delictivas y pueden provocar que haya un desplazamiento de los delitos hacia zonas sin cámaras”.

Entre el 7 y el 15 de diciembre de 2010, se produjo la toma de tierras en el Parque Indoamericano. En medio de ese conflicto, la Presidenta dispuso la creación el Ministerio de Seguridad (por fuera del de Justicia), a cargo de Nilda Garré, y pocas semanas después se estableció el Operativo Centinela, que destinó 6000 gendarmes a zonas del Conurbano.

En el mismo sentido, el Ministerio de Seguridad de la Nación implementó a partir de junio de 2011 -también año de elecciones- el “Plan Unidad Cinturón Sur”, que puso a más de 2500 efectivos de Gendarmería y de Prefectura en las comunas del Sur de la Ciudad. Según un informe del Instituto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el resultado del Operativo fue una disminución de los homicidios dolosos entre el primer semestre y el segundo trimestre de 2011, pero al tiempo el Operativo se diluyó.

Acerca del envío de personal de Gendarmería a cubrir tareas en áreas del Conurbano, el propio Marcelo Saín expresó recientemente que “eso contribuye a generar en determinados sectores medios la sensación de tranquilidad, de protección estatal”, algo que consideró como una medida temporal. “Técnicamente, la intervención de Gendarmería en el Gran Buenos Aires no mueve el amperímetro acerca de las problemáticas criminales, lo que sí genera es una suerte de simbología de que el Estado está haciendo algo en cuestión. (…) Lo que hace (esta fuerza) es rodear barrios populares que están estigmatizados por los sectores medios y altos”, declaró.

Para Kosovsky, no todos los temas de seguridad tienen un vínculo con las elecciones, como la cuestión del desarme, presente en la agenda del Gobierno Nacional y Provincial desde 2006. “Ahora bien, el vínculo de ciertos anuncios y proyectos legislativos con el avenimiento de las elecciones se manifestaría en la necesidad de seducir a votantes más cautivos de la agenda mediática en lo referido a las cuestiones de seguridad. Es el caso de la niñez y adolescencia como tema central, el despliegue territorial de cada vez más efectivos policiales -de Gendarmería- y de la videovigilancia”, completó.

Fleitas realizó un resumen del período en la materia: “Las políticas de seguridad siempre se caracterizaron por ser un área oculta, delegada en los hechos a las fuerzas policiales. El gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández tiene un récord mixto en el tema: empezó con Béliz que quiso hacer algunas reformas, y de hecho tuvo efectos en la caída de robos de autos, pero fue seguida por un largo período caracterizado por el manejo de hecho del tema por Aníbal Fernández y un fuerte acuerdo de modus vivendi con las fuerzas. En la gestión de Garré se hicieron algunos avances para un mayor control político de la seguridad, pero al mismo tiempo estuvo marcado por mucha conflictividad político-partidaria”.  

Por su parte, Pomares subrayó que “no han existido, desde el retorno de la democracia, políticas en materia de seguridad pública que puedan catalogarse como políticas de estado. Aquellas que han pretendido ciertas transformaciones estructurales han tenido en el mejor de los casos el límite de una gestión”. Y agregó que “el denominador común de las propuestas en materia de seguridad desde los noventa hasta la fecha, ha estado orientado por propuestas efectistas que proponen la solución del fenómeno delictivo mediante el endurecimiento del sistema penal”.

“En general, los anuncios y medidas de seguridad implementadas durante el período de elecciones no se continúan en el tiempo, pero si permanecen en el tiempo las reformas normativas generadas debido al cambio de leyes en general aprobados a las apuradas, sin un debate adecuado y, lo más importante, sin prever sus consecuencias a futuro ni su impacto”, consideró Casares. “Lo que hace falta es un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que aborde la problemática de la violencia y la delincuencia de manera integral con objetivos bien definidos a largo, mediano y corto plazo”, concluyó.

Comentarios

  • Adrian Gimate-Welsh31 de diciembre de 2015 a las 10:17 amConcuerdo plenamente con Pomarés y Saín respecto del hecho de que no se aprecia una política integral de seguridad pública desde el gobierno de Menem; han sido medidas de contingencia política; tampoco se aprecia una política congruente multinivel ni participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las acciones de las fuerzas policiacas, como sucede, por ejemplo en Chile en los gobiernos de Bachelet y Piñera donde si ha habido cierta continuidad en las políticas de seguridad ciudadana, donde los consejos regionales y comunales si tienen un rol importante y los regímenes de gobierno desde el inicio si han presentado un plan consistente con objetivos, estrategias y acciones. Por lo mismo, en el Estado argentino no hay continuidad de un gobierno a otro lo que impide la efectividad de las instituciones de seguridad. La multidmensionalida de la seguridad requiere de un enfoque integral, empezando por políticas públicas sociales, económicas y por supuesto leyes de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Disminuir la edad de imputabilidad no es una solución; se requiere medidas de prevención escolar y familiar y la efectividad del sistema penal procesal.Saludos. Dr. Adrián Gimate-Welsh, profesor investigador. México.

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