Los ajustes pendientes en transparencia y financiamiento de campaña

En la Argentina hemos avanzado en cuanto al acceso a la información sobre los balances de campaña de los partidos políticos. Hoy es posible, a través de la página de la Cámara Nacional Electoral, consultar los informes presentados por los partidos sobre el origen y destino de los fondos de campaña.

Los informes son, en la mayoría de los casos, dibujos perfectamente ajustados a los límites y prohibiciones de la ley. Es razonable que nadie se auto-incrimine. Aún así hay excepciones como el reporte de José Manuel de la Sota en la primaria del Frente Renovador que, en lugar de indicar el origen de los fondos privados recibidos, indicaba que provenían de “NN”.

El acceso a los informes es sólo el primer paso hacia la transparencia en el financiamiento de campañas. Se trata de una herramienta para la investigación y el monitoreo de los fondos. A partir de los informes debe realizarse la auditoría de esos balances. A la auditoría formal que lleva adelante la Justicia Electoral, hay que sumar la auditoría ciudadana. El periodismo y las organizaciones de la sociedad civil pueden revisar esos informes para chequear la veracidad de lo reportado por los partidos. Basta revisar los precios de mercado sobre traslados en avión, logística para actos y movilizaciones y averiguar cuánto se paga a los fiscales el día de la elección, entre otros rubros, para saber que lo reportado por los partidos no es más que la punta del iceberg.

La auditoría de los informes económicos de los partidos no puede limitarse a la mera verificación matemática. Las cuentas pueden cerrar desde el punto de vista contable y pueden ajustarse a los comprobantes adjuntos, pero ¿es esa la verdad?

El reclamo de transparencia en la relación dinero/política no es un capricho, ni producto de simple curiosidad. Saber cuánto se gastó nos permite saber cuántos fondos se recaudaron o cuántas deudas y compromisos han quedado pendientes. Saber quién aportó nos permite valorar la credibilidad de los candidatos y sus promesas, nos da elementos para descubrir potenciales conflictos de interés y para juzgar la gestión de gobierno. La transparencia en el financiamiento de los partidos funciona como mecanismo preventivo y de alerta temprana de la corrupción.

Para que el control del financiamiento de la política sea efectivo es indispensable garantizar la independencia de la autoridad encargada de la aplicación de la ley; es necesario otorgarle las competencias y facultades jurídicas necesarias y dotarla de la capacidad efectiva para llevar adelante su labor. Sin esas tres condiciones, el control se transforma en un mero engranaje formal que contribuye poco a mejorar la calidad del proceso democrático.

En la Argentina, la Cámara Nacional Electoral y su Cuerpo de Auditores ha demostrado desde 2002 (fecha de sanción de la Ley 25.600, primer régimen integral de regulación del financiamiento político) un auténtico compromiso con el fin de monitorear los gastos de campaña, rastrear el origen de los fondos y hacer cumplir los límites y prohibiciones legales.

Resulta indispensable, más allá del compromiso personal y profesional, dotar al Cuerpo de Auditores de los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios. ¿Puede un cuerpo de menos de 10 contadores revisar exhaustivamente y en tiempo oportuno los balances de todos los partidos y alianzas, de los 24 distritos del país, para las elecciones nacionales –legislativas y presidenciales? El fortalecimiento de la capacidad de control de la Justicia Federal Electoral es una asignatura pendiente en nuestro país.

Pero la Justicia está sujeta a los parámetros de la ley de financiamiento y, de poco sirven los controles, si los legisladores –por desconocimiento, falta de cálculo o ex profeso- dictan normas que generan ventanas de oportunidad para que ingresen fondos prohibidos a las campañas. Un buen ejemplo de este tipo de normas-trampa es el detectado por Chequeado.

En la Argentina la ley prohíbe que las personas jurídicas aporten a la campaña. El discurso con que se justificó esa prohibición se fundaba en que la prohibición acabaría con el problema de los cuantiosos aportes de empresas que pueden comprometer la libertad de acción de los candidatos llegados al gobierno. Se trata de un argumento falaz.

La prohibición de aportes de empresas es fácilmente eludible a través de los aportes de directivos, gerentes o empleados, como demostró la nota de Chequeado, pero además complica la detección de los conflictos de interés y los posibles casos de corrupción.

En nuestro país, además, los legisladores dejaron otra ventana abierta, ya que autorizaron los aportes empresarios para el financiamiento ordinario de los partidos y unificaron las cuentas bancarias en los que se depositan: los fondos para el financiamiento ordinario y de campaña terminan en la misma cuenta.

Este es otro aspecto que habría que revisar. Las prohibiciones y límites deben ser razonables y acordes con la capacidad de control. Muchas veces las prohibiciones no son más que un relato políticamente correcto que en realidad genera incentivos para el ocultamiento y produce mayor opacidad en el financiamiento.

Si queremos mejorar los estándares de transparencia en el financiamiento de la política en nuestro país es indispensable también que se pongan en marcha con fuerza de ley los mecanismos que garanticen el trabajo coordinado de diversos organismos del Estado. La Justicia Electoral debe contar con la colaboración eficaz de la Unidad de Información Financiera –UIF- encargada de las investigaciones de lavado de dinero, así como de la AFIP y la Superintendencia de Entidades Financieras. Deben establecerse, además, mecanismos ágiles para la coordinación del control del financiamiento con las jurisdicciones locales, ya que el financiamiento de las campañas provinciales y municipales representa otra ventana de oportunidad para eludir el cumplimiento de la ley nacional.

El trabajo conjunto y en red de los organismos de control del financiamiento es indispensable si se quiere enfrentar el desafío de la penetración del dinero del crimen organizado en la política. No contamos con las normas y mecanismos necesarios para ese reto. Lo demuestra el hecho de que aún no se ha cerrado la investigación sobre el financiamiento de la campaña Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos de 2007, en la que muchos de los fondos recibidos (y declarados) por el Frente para la Victoria provinieron de personas y empresas vinculadas con el tráfico de efedrina, la llamada “Mafia de los Medicamentos” y el triple crime de General Rodríguez. Otra asignatura pendiente.