Una omisión reiterada

En la nota de tapa del suplemento “Cash”, de Página 12, habitualmente próximo a la visión oficial, se retoma el análisis pormenorizado de los perjuicios que la adhesión al sistema del tribunal CIADI y a los tratados bilaterales de inversiones (TBI), infligen a los países firmantes en términos de pérdida de autonomía y significativos costos por denuncias de indemnizaciones. Menciona que países como Brasil nunca adhirieron al sistema y que otros como Ecuador, Bolivia y Venezuela denunciaron los respectivos tratados. La mayoría tiene una vigencia de diez años, con una renovación automática por tiempo indefinido y otros cada 2, 5 o 10 años. La nota reproduce la opinión de uno de los expertos consultados, quien recuerda que “para salir del CIADI y denunciar los TBI no se necesita ninguna ley del Congreso. Es simplemente la decisión política del Ejecutivo y el acto administrativo de mandar un fax con la firma del canciller o de la Presidenta, fijando una fecha cierta de la finalización del tratado. En términos jurídicos debo ser enfático, no pueden sancionarnos por salir de estos convenios. Es decir, el acto de adherirse o retirarse de un tratado forma parte de los actos soberanos del Estado”. Como en otras oportunidades, la columna de Página 12 olvida mencionar que en la Argentina, pese a ser el país que más denuncias ha sufrido dentro del sistema CIADI-TBI y a los varios proyectos de denuncias de esos tratados presentados en el Congreso nacional, tales tratados continúan renovándose automáticamente.
Lecturas recomendadas: http://www.econ.uba.ar/planfenix/docnews/II/Acuerdos%20y%20regulaciones%20internacionales/Peyrou.pdf
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/40484/P40484.xml&xsl=/drni/tpl/p9f.xsl&base=/drni/tpl/top-bottom.xsl