Avances y retrocesos en la Cuenca Matanza-Riachuelo

La cuenca Matanza-Riachuelo es la cuenca más contaminada del país, según un panorama regional elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Hacía mediados de 2008, luego de una demanda vecinal contra el Estado nacional, provincial y municipal y 44 empresas privadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una sentencia que ordenaba sanear la cuenca de manera integral y establecía un plazo para cada una de las acciones que debían ser cumplidas. Para los especialistas consultados, el balance a más de tres años del fallo arroja un saldo desfavorable e incumplimiento en todos sus plazos. Aún así identifican motivos que permiten abrir expectativas de progresos.

La contaminación de la cuenca, por la presencia de basurales abiertos y del vertido de desechos cloacales e industriales -sus principales fuentes contaminantes-, afecta en forma directa los derechos humanos fundamentales (salud, vivienda, calidad de vida y ambiente digno) de los ocho millones de habitantes que viven allí. Eso provocó, entre otras acciones de repudio, que el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentara en 2003 un informe especial sobre la situación del Riachuelo y declarara la emergencia ambiental.

Como consecuencia de esta situación, en 2006 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a través de la ley 26.168, y se estableció que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ejercería su presidencia. La creación de un ente interjurisdiccional, donde están representados el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios bonaerenses, sirvió para que dos años después la CSJN nombrara a la ACUMAR como responsable de la ejecución del fallo Mendoza, que establecía un plan integral basado en tres objetivos: la recomposición ambiental de la cuenca, mejorar la calidad de vida de los habitantes y prevenir los daños futuros.

Asimismo, la sentencia fijó contenidos y plazos concretos (que oscilaban entre 30 y un año), y resolvió que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, controlara su cumplimiento, aplicando cuando correspondiese sanciones económicas.

Según Andrés Nápoli, director del área Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) -que acaba de presentar el sitio de monitoreo quepasariachuelo.org-, durante el proceso iniciado con el fallo pueden reconocerse dos etapas: “Una de casi dos años (del 2008 al 2010), marcada por acciones erráticas y de trabas a las decisiones, indicativas de una falta de decisión política y eficacia en la gestión. Y otra, iniciada a mediados de 2010, posterior a la imposición de multas por parte del juez Armella, que dio un nuevo impulso al proceso, en donde puede notarse una mejora en la gestión de la ACUMAR.”

El especialista evaluó que la sentencia se encuentra incumplida en todos sus plazos, aunque aclaró que “no es posible revertir de un año a otro un proceso de contaminación y degradación que acumula 200 años”. Señaló cinco ejes importantes en los que la Autoridad de Cuenca se encuentra trabajando, como la apertura del camino de sirga; el control y la inspección a industrias; la adecuación ambiental del Polo Petroquímico de Dock Sud; la modificación del sistema de residuos domiciliarios y el tratamiento de basurales, y la realización de estudios de salud ambiental, donde identificó las mayores falencias por parte de las autoridades. (Texto completo Word)

“Si bien ACUMAR ha avanzado este año en el registro de industrias y ha identificado 19 mil establecimientos, aún no hay una legislación fuerte, ni mecanismos de control que puedan tratar eficazmente el uso de sustancias peligrosas y su consecuente vertido al agua”, observó Lorena Pujó, coordinadora de la Campaña Riachuelo de Greenpeace Argentina, y ejemplificó esta problemática con que no se han previsto restricciones a los vertidos contaminantes según parámetros de calidad de agua, en contraposición a la manda judicial dictada por la CSJN.

Además del incumplimiento en avances sobre medidas de fondo (como lo es la reducción total de vertidos contaminantes), existe otro tema, según Pujó, donde lo que propone la ACUMAR no significaría un avance: el Plan Maestro de Gestión de Residuos para la Cuenca. Para ella, los proyectos presentados para dar solución a los basurales reproducen “el enterramiento masivo de residuos en rellenos sanitarios -como el CEAMSE-”, que es “contaminante, obsoleto, impopular y se encuentra colapsado”. (Texto completo Word)

En cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población en riesgo, la Corte Suprema no se refirió a este problema de un modo expreso en el fallo, solamente solicitó el estado de avance de un convenio que preveía un número determinado de soluciones habitacionales para la cuenca.

En ese marco, Carolina Fairstein, integrante del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que “en lo que se viene avanzando, aunque con diferentes niveles de problemas, es con la relocalización de los vecinos de villas y asentamientos que viven sobre el ‘camino de sirga’”. “Hasta el momento se han mudado unas 44 familias del asentamiento Luján y unas 50 del Pueblito. En el primer caso el plazo estricto fijado por el juez generó que las familias tuvieran que mudarse de manera precipitada, a viviendas que aún no tienen el final de obra aprobado, y no pueden titularizarse”, destacó la abogada especialista en derecho al agua.  

Fairstein planteó otros temas en los que no se han registrado avances: el faltante de vacantes escolares en las comunas donde los vecinos son relocalizados y la presentación de un plan por parte del Gobierno de la Ciudad para mudar a los habitantes de la Villa 21-24, cuyo plazo para presentárselo al juez Armella vence el 31 de este mes. Por otro lado, no se ha avanzado nada en lo más importante, que es urbanizar y mejorar las villas y asentamientos que no son relocalizadas”, concluyó. (Texto completo Word)

El CELS, FARN y Greenpeace Argentina forman parte, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación y otras dos ONG, de un Cuerpo Colegiado creado por disposición de la Corte Suprema. Desde el año 2008, con el fin de fomentar el control de la sociedad civil, el cuerpo realiza evaluaciones anuales en relación a las acciones que debían cumplirse en el marco del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).

En el último informe, publicado en julio de 2010, señalaron “escasos avances” por parte de la ACUMAR en nueve áreas donde no se “garantiza el cumplimiento del fallo del 8 de julio de 2008”. Destacaron que la sentencia rompió no obstante, con la inercia del sector, “donde nunca se habían puesto en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar esta situación” de contaminación en la Cuenca.