Javier Milei y su promesa a un año como presidente: “Vamos a reformar el Código Penal y el Código Penal Procesal”

En el debate presidencial previo al balotaje de 2023, el entonces candidato y actual presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) prometió “reformar el Código Penal, el Código Penal Procesal (…) Porque, por ejemplo, el Código Penal, que es de 1921, tuvo 900 modificaciones y muchas de esas modificaciones que tiene son contradictorias unas con otras. Por lo tanto, genera zonas grises que hace que los delitos no sean penalizados y así está lleno de un montón de problemas”.

A un año de asumir como presidente, esta promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. En el primer año de gestión, la gestión de La Libertad Avanza creó una comisión de especialistas para redactar un anteproyecto de reforma del Código Penal. Ese anteproyecto ya fue finalizado, pero aún no fue presentado en el Congreso.

Por otra parte, aunque no se impulsó una reforma del Código Procesal Penal, el Gobierno  comenzó a implementar en 4 jurisdicciones de la Justicia federal el Código aprobado en 2014, que en sus primeros 9 años de vigencia sólo se había implementado en una jurisdicción.

Según la metodología de Chequeado, una promesa se encuentra “en proceso, adelantada” cuando “se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida”.

Antecedentes de la reforma del Código Penal

El 28 de febrero de 2024, el Ministerio de Justicia de la Nación dictó la Resolución N° 25/2024, para crear la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, encargada de elaborar un anteproyecto de ley que concentre toda la legislación penal “en un único cuerpo normativo”.

En esa comisión, el ministro Mariano Cúneo Libarona nombró inicialmente a Jorge Buompadre, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste; Horacio Romero Villanueva, abogado y docente de la Universidad del Salvador; Julio César Báez, juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4; Ricardo Basílico y el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1; y a él mismo.

Dos semanas después, el ministro amplió la comisión con los nombramientos de María Eugenia Capuchetti, jueza federal de Comodoro Py; María Valeria Onetto, penalista del Estudio Klainer & Onetto; Mercedes Rodríguez Goyena, del estudio jurídico del ministro; Carlos Manfroni y Fernando Soto, ambos funcionarios del Ministerio de Seguridad; y Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Borinsky, además, había presidido la Comisión de Reforma del Código Penal creada durante la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos). De hecho, en los considerandos de la resolución de Cúneo Libarona se destaca que “existen valiosos proyectos presentados en los últimos años que merecen consideración, en especial los 2 últimos en los que intervinieron los doctores Roberto Carlés y Mariano Borinsky”. Carlés coordinó la comisión creada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ambas iniciativas no prosperaron en el Congreso.

La comisión terminó el anteproyecto y lo presentó al Ministerio de Justicia, que aún no lo presentó en el Congreso. En el informe que presentó la Jefatura de Gabinete ante el Congreso a fines de noviembre, se informó que la Comisión “se dedicó durante el transcurso del mes de octubre de 2024 a la revisión y corrección general del anteproyecto previamente elaborado. A partir de ahora comenzará su estudio en el ámbito del Ministerio de Justicia. Por tanto, no se ha contemplado aún en qué plazo podría ser enviado a consideración del Congreso de la Nación.

Según escribió Borinsky en Infobae, el anteproyecto “toma como base el trabajo realizado por la comisión” de 2017, que fue presentado en el Congreso en 2019. El magistrado describió que la propuesta dispone “un aumento sustancial de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción. En especial, de los delitos de cohecho (pasivo y activo), soborno transnacional -en cumplimiento con la OCDE- y enriquecimiento ilícito”. También agrava las penas de estos delitos cuando son cometidos por funcionarios de alta jerarquía.

Por otro lado, establece “penas severas” para los delitos de trata de personas ya tipificados en el Código vigente y “se incorpora como nuevo delito la compra y venta de menores de edad”. Sobre el narcotráfico, “las condenas irán desde un mínimo de 4 años hasta un máximo de 15 años de prisión”, con un máximo de 25 años para los “organizadores del tráfico internacional de drogas”. Respecto del lavado de dinero, se mantiene la tipificación con pena de 3 a 10 años y se contempla el agravante para funcionarios públicos.

En cuanto al decomiso, se permite su aplicación previa y definitiva sin necesidad de que exista una condena anterior en “casos de terrorismo, tráfico de drogas y corrupción bajo ciertos parámetros”. Sobre el terrorismo, lo incorpora en un título autónomo del Código y como agravante de la asociación ilícita.

Sobre la violencia de género, el proyecto establece el “seguimiento socio-judicial”, para aplicar al condenado, tras cumplir la pena, medidas de vigilancia y asistencia para proteger a las víctimas. Además, se limita la libertad condicional para delitos que representen para la víctima graves daños a la salud o la muerte y en los casos de abuso sexual agravado.

El Código Penal es la norma que enumera todos las acciones que son consideradas delitos y su respectiva pena. Fue sancionado en 1921 y, si bien tuvo más de 900 reformas parciales, nunca se hizo una reforma integral en los últimos 100 años.

Esas reformas parciales, según los especialistas, han provocado un desequilibrio y una falta de proporcionalidad en los distintos delitos. “Pasamos de tener un código con penas moderadas a un código con penas altas que, en muchos casos, no son proporcionales con los delitos que las sustentan ni son coherentes las restantes penas”, señala Santiago Irisarri, abogado penalista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Y lo ejemplifica con el delito de lesiones: “La versión original del Código establecía una pena de prisión de un mes a un año a quien cometiere el delito de lesiones leves (dolosas), mientras que la pena correspondiente para las lesiones culposas era de multa (algo lógico). Ahora bien, el paso del tiempo -y más concretamente las reformas legislativas- han generado que las lesiones leves culposas pasen a tener una pena más elevada que las lesiones leves dolosas”.

Chequeado consultó al Ministerio de Justicia para esta nota pero hasta el momento de publicación no obtuvo respuesta.

El Código Procesal Penal: sin reforma pero con avances en su entrada en vigencia

En este caso, el Gobierno hasta el momento no impulsó una reforma directa del Código Procesal Penal, que establece cómo se rige el proceso penal. Sin embargo, avanzó en la implementación del nuevo sistema acusatorio, previsto en el Código sancionado en 2014, en cuatro jurisdicciones federales.

La última reforma a este Código tuvo lugar hace 10 años. En diciembre de 2014, durante el gobierno de Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que instauró un sistema acusatorio, en el que son los fiscales los encargados de llevar a cabo las investigaciones, y los jueces deciden en base a las pruebas aportadas por fiscales y defensores.

Cuando se aprobó esa ley, se dispuso que su implementación fuera progresiva y se le atribuyó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF la facultad de fijar un cronograma de puesta en funcionamiento del nuevo marco legal. En junio de 2019, se puso en marcha este Código en la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy.

A fines de ese año, además, entraron en vigencia en todo el país algunos artículos del nuevo Código. Lo mismo ocurrió con otro grupo de artículos a fines de 2020 y a mediados de 2021.

“La estrategia de la Bicameral de ir avanzando por jurisdicciones, sin un plazo perentorio para la entrada vigencia del Código en todo el país, facilitó la obstaculización por parte de los sectores que buscan mantener la vigencia del sistema actual y seguir beneficiándose de sus falencias”, señaló el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que preside el abogado penalista Alberto Binder.

Finalmente, con la llegada del gobierno de La Libertad Avanza, en febrero de 2024 Milei dictó un decreto de necesidad y urgencia que le quitó a la Comisión Bicameral del Congreso la facultad de establecer el cronograma de implementación del Código y la derivó al Ministerio de Justicia.

Con estas atribuciones, el Ministerio de Justicia dispuso la entrada en vigencia de CPPF en 4 jurisdicciones. En el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a partir del 6 de mayo, aunque se difirió hasta 2025 su aplicación en el territorio del Juzgado Federal de Reconquista. Además, se dispuso la entrada en vigencia del Código en la jurisdicción bajo la órbita de la Cámara Federal de Mendoza a partir del 5 de agosto

Por otro lado, el 4 de noviembre entró en vigencia el nuevo Código en la jurisdicción de General Roca, y el 2 de diciembre, en la de Comodoro Rivadavia. Estas 2 jurisdicciones comprenden la extensión territorial de toda la Patagonia.

Queda pendiente la aplicación del Código en 11 distritos federales del país, sumado a la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Con base en estos avances, la promesa de Milei se encuentra “en proceso, adelantada”, ya que parte de las medidas fueron implementadas, aunque no están completamente cumplidas En el primer año de gestión, la gestión de La Libertad Avanza creó una comisión de especialistas para redactar un anteproyecto de reforma del Código Penal. Este ya fue finalizado, pero aún no fue presentado en el Congreso. Por otra parte, en la actual gestión se comenzó a implementar el Código Procesal en 4 jurisdicciones de la Justicia federal y queda pendiente su implementación en otras 11.

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.